ESTADOS UNIDOS: Cae otro plazo para los inmigrantes ilegales

Los millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos sufrieron este año una serie de vencimientos de plazos para regularizar su situación. El próximo de ellos se cumplirá este jueves.

El 1 de abril venció el plazo para la implementación de la nueva ley sobre inmigración que impide el ingreso de personas a Estados Unidos de forma ilegal y que facilita los trámites de deportación contra aquellos que atravesaron las vigiladísimas fronteras.

El 27 de septiembre hubo una nueva fecha límite. De acuerdo con la ley, a aquellos que permanecieran de forma ilegal en Estados Unidos luego de ese día se les prohibiría regresar durante tres años, tanto si se hubieran retirado del país de forma voluntaria o por la fuerza.

La ley establecía que el 30 de septiembre quedaría derogada una norma de carácter temporario, la sección 245 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Congreso pospondría luego esa fecha hasta este jueves, 23 de octubre.

La sección 245 (i), sancionada por el presidente Bill Clinton en 1994, permite a los inmigrantes ilegales permanecer en Estados Unidos con la condición de que paguen una multa de 1.000 dólares al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y permanezcan en el país mientras su residencia se tramita.

Unos 500.000 de los alrededor de cinco millones de inmigrantes ilegales aprovecharon la norma, entre ellos quienes ya habían logrado en lo previo una visa de residencia, los cónyuges o hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses y los padres de ciudadanos mayores de 21 años.

El experto en inmigración Marcus Stern explicó que tres millones de personas legalizaron su situación en una amnistía dictada en 1986. Estos inmigrantes solicitaron entonces visas para sus familias, un trámite que insume años.

Mientras tanto, muchos de esos familiares ingresaron al país mientras se tramitaban las visas y se convirtieron así en residentes ilegales. Con siete años de permanencia, tendrían buenas posibilidades de legalizar la residencia, de acuerdo con las leyes anteriores.

La Sección 245 (i) le daba a estas personas cierto aliento, aunque es difícil para la mayoría pagar la multa de 1.000 dólares. Pero las posibilidades son muchos menores con la nueva ley, que hace difícil evitar la deportación.

La derogación de la norma temporaria era un reclamo de vieja data de grupos contrarios a los inmigrantes pues, según ellos, la posibilidad de legalizar la residencia implicaba una recompensa a quienes actuaron en la ilegalidad para vivir en Estados Unidos.

Si bien medio millón de inmigrantes se acogieron a la norma, otro millón de personas que pudieron haberla utilizado no pudieron hacerlo por dificultades de variada naturaleza, entre ellas dificultades para reunir la multa requerida.

Por lo tanto, a estos inmigrantes y a sus defensores la postergación del plazo del 30 de septiembre al 23 de octubre les resultó insuficiente.

La extensión del plazo fue votada por unanimidad en el Senado, pero un prolongado debate en la Cámara de Representantes tuvo en vilo a las comunidades de inmigrantes.

"Si la Sección 245 (i) no se extiende, estas personas deberán abandonar Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes o permanecer de forma ilegal y arriesgarse al arresto y la deportación", explicó Cheryl Little, del Centro de Defensa de Inmigrantes, organización radicada en Florida.

"Algunos de ellos han estado aquí años. Muchos tienen hijos nacidos en este país y no tienen otro hogar. Las familias sufrirán divisiones. Pero si se marchan se arriesgan a que se les prohiba regresar por entre tres y diez años", dijo Little a IPS.

La postergación de la derogación de la Sección 245 (i) es muy pequeña, sostuvo el abogado de inmigrantes Michael Shane.

"Apenas una pequeña cantidad de personas son elegibles", aunque existe cierta esperanza de que esta norma se convierta en ley permanente, dijo Shane a IPS.

Los defensores de la derogación afirman que quienes no tienen posibilidades para solicitar la residencia preferirán abandonar Estados Unidos de forma voluntaria que arriesgarse a la humillación del arresto y la deportación.

Los abogados de inmigrantes admiten que las normas son incomprensibles para muchos de sus posibles beneficiarios. "El Congreso las elaboró sin pensar con claridad a quién afectarán ni cómo funcionaran. Todo esto es muy confuso", dijo la abogada de inmigrantes Sherna Spencer, nacida en Jamaica. (FIN/IPS/tra- en/ps/cb/mj/pr/97

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