Un sindicato de policías de España exigió hoy que se desmilitarice la cooperación policial con otros países, para hacerla más humanitaria.
Un conflicto surgido entre policías militares de Guatemala y España suscitó en este país el interrogante de si en la formación de los agentes debe predominar el aspecto castrense o el humanitario.
En las dos últimas décadas, España participó en numerosas misiones de paz, con miembros de sus Fuerzas Armadas y de la policía. Lo hizo en Angola, Mozambique, El Salvador, Nicaragua y la ex-Yugoeslavia, entre otros países.
Además, recibe policías de otros países que participan en cursos de distinto tipo en el Centro de Formación ubicado en la provincia de Sevilla. Ese Centro es el único en el mundo reconocido por la Organización de Naciones Unidas para impartir formación en misiones de paz.
La polémica surgió tras la sublevación esta semana en Guatemala de policías que están siendo adiestrados por miembros de la Guardia Civil, un cuerpo español de policía militar.
Los guatemaltecos alegaron estar sometidos a malos tratos y a un exceso de prácticas físicas. Felipe de Jesús Cirón, dirigente del sindicato de la policía de Guatemala, dijo que él advirtió al director de ese cuerpo del maltrato antes de que se produjeran los incidentes.
Un portavoz autorizado de la Guardia Civil dijo a IPS que ese cuerpo está a la espera de un informe interno sobre lo sucedido en Guatemala.
Pero la Unión Federal de Policía (UFP), uno de los dos sindicatos mayoritarios de la policía española, emitió este viernes un duro comunicado, acusando al gobierno del centroderechista José María Aznar de haber apartado a la policía civil de las misiones de paz en el exterior.
Federico Ferrer, dirigente de UFP, dijo a IPS que los guardias civiles enviados a Guatemala no son docentes, sino miembros en activo de las fuerzas especiales, aptos para enseñar técnicas antiguerrilleras o similares, pero no normas de conducta y ética ni derecho internacional.
El comunicado emitido por la UFP destaca que la Guardia Civil es un instituto militar, y que sus funcionarios "desgraciadamente todavía reciben una formación profesional eminentemente militar".
Y esto es así "a pesar de que sus funciones en el 95 por ciento son de carácter civil, como prevención y persecución del delito y tareas de auxilio a los ciudadanos", agregó.
Por ello, la UFP considera contraproducente enviar guardias a Guatemala, "un estado que ha sufrido una cruenta guerra civil y donde las Fuerzas Armadas han sido acusadas reiteradamente de violaciones de los derechos humanos y de defender a una minoría" social.
La UFP, que nuclea a 11.000 policías, concluye reclamando una investigación urgente sobre lo ocurrido en Guatemala y desmilitarizar la cooperación internacional en materia policial. El gobierno no ha emitido opinión, a la espera del informe interno de la Guardia Civil. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/97


