ESPAÑA: El independentismo vasco, entre la ley y la cárcel

Por primera vez en España, el independentismo vasco radical se encuentra ante la opción de respetar las leyes o que sus dirigentes paguen con la cárcel el apoyo que prestan a la ilegal organización ETA.

En un clima de gran tensión, los 23 miembros de la Mesa Nacional de la coalición electoral Herri Batasuna (HB, próxima a ETA), lograron este lunes suspender un juicio en su contra y evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo de Justicia, en Madrid.

El juicio fue suspendido como consecuencia de una recusación que sus abogados presentaron, a último momento, contra el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, José Augusto de Vega.

La recusación fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo y la vista suspendida, pero dos horas después resultó rechazada. La nueva vista fue convocada para el lunes 13.

En la recusación, además de otras razones, los letrados de HB alegaron que la hija de José Augusto de Vega es funcionaria de la Secretaría de Estado para la Seguridad, razón por la cual el magistrado tiene intereses directos en la causa y ello condiciona su objetividad.

El Supremo rechazó la recusación por haber sido presentada a "destiempo" y porque ninguno de los ocho argumentos esgrimidos por HB puede encuadrarse en "el llamado interés directo o indirecto de justificar una recusación".

Además, el alto Tribunal proclamó "la absoluta falta de cobertura legal de la pretensión" y concluyó que la recusación supone "un manifiesto abuso de derecho y un notorio fraude procesal".

También precisó que el rechazo se realizó "al límine" (sin más consideración) "para impedir que el desleal comportamiento de una parte procesal pueda obstaculizar el normal funcionamiento de la justicia".

Tras esta conclusión, el Tribunal Supremo advirtió que la vista se reanudará el próximo lunes, fecha en que la mesa directiva de HB se sentará por segunda vez, en cuatro años, en el banquillo de los acusados.

Los 23 "batasunos" están siendo juzgados por los delitos de "colaboración con banda armada" y "apología del terrorismo". El primero se les imputa porque HB cedió a ETA su espacio gratuito durante la última campaña electoral (marzo de 1996), para que la organización difundiera su "alternativa democrática".

El segundo, por haber emitido sendos comunicados tras los asesinatos del catedrático Francisco Tomás y Valiente y del dirigente socialista Fernando Múgica Herzog en los que -según el Fiscal- HB incitó a ETA a cometer nuevos atentados.

La fiscalía solicita ocho años de cárcel para cada uno de los acusados.

La dirección de HB considera que el proceso es un juicio político y uno de sus más reconocidos dirigentes, Karmelo Landa, afirmó el domingo que los jueces del Supremo "tienen miedo a la respuesta de la sociedad vasca", ya que ignoran el tenor de esa respuesta, "que será una sorpresa".

Los letrados sostienen a su vez que sus defendidos no han cometido ningún delito, sino que han hecho un adecuado uso de la libertad de expresión, "sin traspasar los límites de ésta".

Tras las declaraciones de Landa señalando que la justicia había sucumbido a las presiones del gobierno, diversas agrupaciones políticas calificaron de "artimaña legal" la recusación contra el magistrado De Vega presentada por los letrados de HB.

Contra lo que podía suponerse, una de esas voces provino del propio PNV, cuys parlamentario González de Trabarri señaló que la recusación al magistrado de Vega "demuestra que la coalición se agarra a las normas democráticas al margen de las cuales actúa".

El ex ministro de Justicia Enrique Mújica, cuya familia se apersonó en la causa contra HB por el asesinato de su hermano, el socialista Fernando Mujica, observó que a HB se le olvida "que España es un estado democrático, y como tal sus distintos poderes son independientes".

No obstante esas apreciaciones, la proximidad del juicio contra la Mesa Nacional de HB abrió este fin de semana la Caja de Pandora en lo que a las declaraciones políticas se refiere.

La primera fuerza política del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), protestó por el juicio por entender que el gobierno "presionó" al Supremo para "que cargue la mano contra HB".

El presidente del PNV, Xabier Arzallus, calificó públicamente de "error político" el procesamiento de la cúpula de HB y de "intolerable" la actuación del gobierno de Aznar.

Las declaraciones de Arzallus provocaron una dura reacción de los restantes partidos del "arco parlamentario democrático" y de las asociaciones judiciales.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, negó que el gobierno haya ejercido presión sobre los magistrados del Supremo, mientras José María Mohedano, un histórico defensor de presos vascos, hizo ver que ese tribunal no juzga la política global de HB sino el hecho de que sirviera de altavoz a ETA.

El gobernante y centroderechista Partido Popular y la principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, coincidieron en afirmar que es la justicia la que debe decidir si hubo delito o no.

En todo caso, dirigentes de ambos partidos opinan que sí lo hay.

Desde el País Vasco, el movimiento pacifista Elkarri opinó que el procesamiento de la Mesa Nacional de HB constituye "una importante rémora al objetivo de un futuro de paz y de diálogo".

Respecto del posible encarcelamiento de los 23 miembros de esa mesa, Elkarri subrayó que supondría cerrar la posiblidad de "un horizonte de conciliación social".

A su vez, el portavoz de "Gesto por la Paz", una de las más activas asociaciones civiles vascas, señaló su absoluto "respeto" por la decisión que tome el Supremo, órgano que considera competente para dictaminar "si hubo o no delito".

Sin embargo, mostró su "preocupación" porque este proceso se convierta en un juicio "a determinadas ideas o a un determinado proyecto político". (FIN/IPS/af/dg/ip/97)

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