La radicalización de la paralización de actividades convocada por las autoridades de las cinco provincias amazónicas de Ecuador llevó al gobierno central a disponer hoy la movilización del ejército hacia esa región oriental.
Las autoridades de los 40 municipios amazónicos que encabezan la medida de fuerza, que comenzó hace una semana, tomaron este martes las instalaciones de la represa de Papallacta, unos 70 kilómetros al sureste de Quito.
Esta represa, una de las más importantes del país, recoge las aguas de los caudalosos ríos amazónicos y surte del líquido, entre otras provincias de la región serrana, a Pichincha, donde se ubica Quito, la capital.
La toma de la represa se sumó a la de las instalaciones de 25 pozos petroleros de la zona el lunes, lo que representa una pérdida de 30.000 barriles de crudo diarios.
Además, los principales aeropuertos y carreteras que conectan la Amazonia con el resto del país se mantienen cerradas.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció la movilización de tropas hacia la cinco provincias paralizadas, que reforzarían a los efectivos ya asentados en el oriente de Ecuador.
La movilización tiene la finalidad de militarizar las instalaciones petroleras y "resguardar la seguridad del país", dijo César Verduga, ministro del Interior y máximo representante del gobierno ante la ausencia del presidente provisional de Ecuador, Fabián Alarcón, quien se encuentra en Europa.
Tanto la represa como los pozos petroleros "son propiedad de los 12 millones de ecuatorianos y nadie puede atentar en su contra" pues "son vitales para la economía del país", sostuvo Verduga.
Los representantes de los municipios disconformes respondieron que la paralización de actividades por tiempo indefinido se mantendrá hasta que el gobierno cumpla con los requerimientos económicos de sus provincias.
Los cinco consejos provinciales de la región oriental (uno por provincia) exigen la entrega de 2,5 millones de dólares a cada localidad para la construcción de vías de comunicación y centros de salud.
La medida fue adoptada a comienzos de octubre en el marco de la Segunda Cumbre Amazónica.
En esta reunión estuvieron presentes los ministros Homero Torres, de Obras Públicas, y Asdrubal de la Torre, de Salud, pero sus ofertas no pudieron evitar la paralización, que cuenta con el respaldo de diversas organizaciones locales e indígenas de la Amazonia.
La primera provincia que se plegó a la medida fue Napo, a 186 kilómetros al sureste de Quito, a la que siguieron Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona Santiago y Pastaza.
"Por fin los habitantes de la Amazonia hemos decidido poner fin a una relación injusta con todo el país", dijo Alex Hurtado, alcalde de la ciudad de Tena, capital de Napo.
Las cinco provincias orientales aportan 90 por ciento de la producción petrolera, rubro que representa 50 por ciento del presupuesto general del Estado, "y a nosotros no se nos devuelve ni cinco por ciento", sostuvo Hurtado.
Además, de los ríos amazónicos "se sirven prácticamente todas las provincias del país", apuntó.
"Las exigencias son justas, pues solo pedimos que se nos devuelva una parte de lo que damos al país", afirmó José Guayllas, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos.
Al considerarse un posible enfrentamiento con el ejército, Guayllas comentó que "existen todas las posibilidades". "Pero confiamos en el respeto que tienen las Fuerzas Armadas a la población, porque nosotros también somos ecuatorianos, aunque los más olvidados", dijo. (FIN/IPS/mg/mj/ip/97


