Las normas dispuestas en Chile para privilegiar la inversión extranjera directa sobre los créditos externos podrían impedir la materialización de varios proyectos mineros, según empresarios del sector.
Un estudio de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), conocido este martes, afirma que los cambios hechos por el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) al decreto-ley 600 obligarían a reestudiar proyectos por 3.105 millones de dólares.
La transnacional sudcoreana Hyundai anunció igualmente que está reconsiderando la inversión en Chile de 400 millones de dólares para una planta de fundición de cobre, aduciendo que las nuevas normas del CIE reducen la rentabilidad del proyecto.
El CIE, organismo dependiente del Ministerio de Economía, redujo la semana anterior de 70 a 50 por ciento el máximo de créditos externos permitidos para autorizar un proyecto de inversión extranjera directa.
En otras palabras, las empresas inversionistas tendrán que comprometer desde ahora recursos propios equivalentes a 50 por ciento de los capitales que requiera el respectivo proyecto, para que éste sea autorizado por las autoridades chilenas.
La medida oficial apuntaría a un mayor control del ingreso de recursos crediticios, impidiendo su desvío hacia operaciones financieras, para evitar así el riesgo que representan los llamados capitales "golondrinas".
La volatilidad de los mercados financieros y bursátiles, expresada últimamente en la crisis del sudeste asiático, está determinando la adopción de salvaguardas en países atractivos para la inversión externa.
El decreto-ley 600, expedido a comienzos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), generó entonces un conflicto con las normas sobre inversión extranjera del Pacto Andino, que desembocó en 1975 en el retiro de Chile de ese grupo subregional.
Pero desde los años 80, muchos países latinoamericanos adoptaron instrumentos más o menos similares de atracción de inversiones, sobre la base de facilidades impositivas y normas permisivas para la repatriación de utilidades.
La decisión del CIE busca corregir la discriminación que favorece a los créditos externos, que pagan un tributo de sólo cuatro por ciento por la remesa de intereses, mientras las utilidades de inversiones directas están gravadas con un impuesto de 35 por ciento.
En términos del tamaño de su economía, Chile está entre los primeros lugares en América Latina como receptor de inversiones y la minería es el sector donde se lleva a cabo el mayor número de proyectos productivos con capitales foráneos.
El gobierno de Eduardo Frei busca, sin embargo, controlar la masiva afluencia de divisas, que provoca la continua depreciación del dólar, estimada en torno de siete por ciento anual desde 1994.
Las medidas para desalentar el ingreso de créditos y estimular la inversión directa contribuirían igualmente a fortalecer el "ahorro externo" y a garantizar por tanto la reducción del déficit fiscal.
El estudio de Sonami señala que, de mantenerse la exigencia de 50 por ciento de inversión directa en los emprendimientos mineros, se verán afectados 12 proyectos de explotación de yacimientos de cobre, oro y plata.
Los proyectos se localizan desde la región Metropolitana (Santiago) hasta el desértico extremo norte del país, siendo el principal de ellos el de Cerro Casale, que prevé una inversión de 1.300 millones de dólares en un yacimiento aurífero.
Otros dos proyectos que serían revisados contemplan la inversión de 570 y 220 millones de dólares en yacimientos de cobre, cuya materialización fortalecería la posición de Chile como mayor abastecedor mundial de esta materia prima.
Las exportaciones chilenas de cobre llegarían este año a 3,23 millones de toneladas y en 1998 a 3,60 millones, de acuerdo con las previsiones de organismos estatales y privados que incluyen la puesta en marcha de nuevos proyectos de explotación.
La Sonami rechaza igualmente la propuesta del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú, de aplicar un impuesto o regalía a las concesiones mineras para financiar iniciativas de desarrollo científico y educacional.
La idea de Villarzú, no avalada hasta la fecha por el gobierno de Frei, se fundamenta en el carácter no renovable de los recursos mineros y en las altas utilidades que generan a raíz de los bajos costos de explotación y producción en Chile.
El gobierno encargó un estudio a la gubernamental Comisión Chilena del Cobre sobre la viabilidad de este impuesto, una decisión que causó "incertidumbre" entre los empresarios, según Manuel Cereceda, gerente general de Sonami. (FIN/IPS/ggr/ff/if/97


