A dos meses de las elecciones legislativas de diciembre en Chile, la gobernante coalición de centroizquierda vive una difícil polémica interna por la mezcla de dos explosivos ingredientes: el ex dictador Augusto Pinochet y la corrupción.
"No fue la mejor solución", dijo este viernes el ministro y líder socialista Ricardo Lagos a propósito del desenlace, al parecer parcial, que tuvo el martes último el conflicto entre el diputado José Antonio Viera-Gallo y el Ejército.
En una reunión promovida por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, Viera-Gallo dio excusas al Ejército sobre su afirmación de que "Pinochet metió las manos" durante el régimen dictatorial que encabezó entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
"Meter las manos" significa, en este caso, apropiarse indebidamente de dineros públicos, y Viera-Gallo, candidato a senador del Partido Socialista (PS), usó la expresión en un foro político en un canal de televisión.
La afirmación causó revuelo y motivó una reunión de emergencia del cuerpo de generales del Ejército, fuerza castrense que Pinochet encabezará hasta fines de este año, para pasar a retiro y convertirse en marzo de 1998 en senador vitalicio.
El ex dictador, de 81 años, no ha sido protagonista directo de esta polémica, ya que se encuentra desde fines de septiembre en una gira internacional, de itinerario desconocido, que concluiría en China.
Los militares amenazaron con acciones legales contra Viera- Gallo y los máximos dirigentes de la oposición derechista lo emplazaron a "robar sus temerarias afirmaciones", al tiempo que afirmaron que "en el gobierno militar no hubo corrupción".
Camilo Escalona, presidente del PS y también candidato a senador, respaldó en cambio a Viera-Gallo y sostuvo que sus palabras sobre las "metidas de mano" de Pinochet representaban la opinión oficial de los socialistas.
Escalona recordó que un artículo transitorio de la Constitución impide investigar actos administrativos del régimen militar y particularmente casos sospechosos de corrupción que involucran a la dictadura y al propio Pinochet.
El presidente del PS citó denuncias de prensa sobre las mansiones que el dictador se hizo construir en la localidad precordillerana del Melocotón y en el exclusivo barrio santiaguino de Lo Curro, que fue traspasada en 1990 al Ejército.
El enriquecimiento de ex funcionarios del régimen dictatorial que participaron en privatizaciones de empresas estatales, de las cuales fueron luego ejecutivos, fue otro de los antecedentes de corrupción en el régimen militar que citó Escalona.
El dirigente socialista se refirió igualmente al "ejercicio de enlace", una demostración de fuerza en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda que el Ejército efectuó en 1990 para intimidar a quienes denunciaron el escándalo de los "pinocheques".
A fines de 1989, cuando aún gobernaba Pinochet, el Ejército pagó mediante cheques de la institución unos tres millones de dólares a Augusto Pinochet Hiriart, hijo del entonces dictador, por la liquidación de una empresa militar de armamentos.
Una comisión de investigación de la Cámara de Diputados dijo en sus conclusiones que Pinochet no intercedió en la operación a favor de su hijo, pero incluso fuentes derechistas revelaron que ese informe fue negociado entre el gobierno y el Ejército.
En 1995 el Consejo de Defensa del Estado inició una demanda por el daño causado al erario fiscal por los "pinocheques", pero se desistió a solicitud del presidente Eduardo Frei, quien invocó para esos efectos "razones de Estado".
Para muchos chilenos, tanto lo ocurrido con el juicio por los "pinocheques" como las forzadas excusas que dio Viera-Gallo el martes, demuestran que persiste en el país formas de intimidación para silenciar escándalos de corrupción de la dictadura.
Viera-Gallo se reunió en la oficina del ministro de Defensa con el comandante subrogante del Ejército, general Rafael Villarroel, a quien le dijo que su ánimo no había sido el de injuriar cuando habló de Pinochet en un debate televisivo.
Lagos, quien en las encuestas presidenciales aparece como el favorito, consideró que este episodio proyecta hacia el exterior la imagen de que los chilenos no pueden emitir opiniones sobre actos del régimen militar.
Más dura fue la reacción de Escalona, quien calificó como inconstitucional y "propio de la Inquisición" el que un diputado fuera llevado a una oficina para dar explicaciones a un jefe militar sobre sus expresiones en un debate televisivo.
"Se produjo un desborde de la arrogancia militar y la escena (de Viera-Gallo con Villarroel) me repugna porque no es propia de la tradición republicana del país. Aquí hay una tremenda responsabilidad del ministro de Defensa", agregó el dirigente.
El gobierno rechazó en una escueta nota las críticas de Escalona al ministro Pérez, las cuales "exceden los límites aceptables en la crítica política, más aún viniendo del presidente de un partido que es parte de la coalición de gobierno".
En la oficialista Concertación por la Democracia se reabrió así un soterrado debate acerca de cómo enfrentar a la figura de Pinochet y el declarado propósito del ex dictador de acogerse a la norma que le permite ser senador vitalicio desde 1998.
La Democracia Cristiana, partido de Frei y el ministro Pérez, se resiste a un debate público sobre la corrupción bajo la dictadura, que resulta altamente sensible para los siempre inquietos militares chilenos.
Las corrientes más a la izquierda del PS y el Partido Por la Democracia estiman, en cambio, que el tema debe ser integrado a la campaña para las legislativas de diciembre como un elemento clave para las definiciones del electorado. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/97
