Con su solicitud al Congreso de su país de "vía rápida" para negociar el área de libre comercio americana, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton se aseguró una buena acogida cuando en octubre visite Argentina y Brasil.
El retraso con que esa petición se produjo estaba llevando a la dirigencia pública y privada del subcontinente a pensar que el gobierno estadounidense había perdido interés en avanzar en la liberalización del comercio hemisférico.
Todos los presidentes estadounidenses anteriores, desde Gerald Ford, en 1974, dispusieron de la facultad de negociar acuerdos comerciales internacionales sin interferencias del Congreso, hasta que Clinton la perdió frente a una mayoría legislativa republicana, en 1994 .
"La aprobación del Congreso aún está por verse. Sólo se trata de la presentación de un proyecto de ley. Pero ahora Clinton podrá presentarse y ser recibido como un abanderado del comercio libre, que lucha contra los sectores proteccionistas de su propio país", dijo a IPS un ex diplomático latinoamericano.
Si, en cambio, la oposición de los sindicatos agrupados en la AFL-CIO y las reservas de un importante sector de su propio partido (demócrata) hubiesen continuado inhibiendo la iniciativa presidencial, Clinton habría llegado a América del Sur con las manos vacías y con su credibilidad internacional erosionada.
Ese escenario es inaceptable para un mandatario estadounidense conciente de que en los próximos años las economías latinoamericanas y asiáticas podrían crecer tres veces más que la de su propio país.
Con respecto a América Latina, la estrategia comercial de la Casa Blanca se inicia en Chile, formalmente invitado para incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y se extiende al resto mediante la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Para materializar ese proyecto Washington encuentra en el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) el más fuerte y definido interlocutor.
Aunque para Clinton la cuestión de la "via rápida" no debería ser un requisito previo para iniciar negociaciones, desde el punto de vista latinoamericano el tratamiento de aspectos fundamentales del ALCA sólo podrá comenzar una vez que el presidente estadounidense haya obtenido la autorización.
Es lo que señaló el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en una reunión preparatoria a nivel ministerial realizada en mayo en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el centro de Brasil.
El mecanismo de la "vía rápida" coloca los acuerdos firmados a resguardo de posteriores enmiendas del Congreso estadounidense, que debe aprobarlos o rechazarlos en conjunto.
Para lograrla, Clinton debía comenzar por negociar con los legisladores de su propio partido, paradójicamente los más reacios a mantener la misma estrategia que condujo a la formación del TLC con Canadá y México.
En ese caso los compromisos y salvaguardas laborales y ambientales quedaron fuera del Tratado, para adquirir, según algunos demócratas, la categoría de "promesas que nunca fueron cumplidas por parte de Clinton".
Por eso, antes de aprobar la "vía rápida" esos legisladores querrían garantias de que tales temas serían incluídos en los futuros tratados.
Esas exigencias son denunciadas por los congresistas republicanos, más comprometidos con los principios del libre comercio y por lo tanto partidarios de una "vía rápida limpia", como "neoproteccionistas".
La demanda demócrata no fue satisfecha, pero en cambio el proyecto de ley presentado por Clinton atiende importantes reclamos de fuerzas que se sienten amenazadas.
En materia de agricultura, por ejemplo, señala que el principal objetivo negociador del gobierno será conseguir condiciones más justas de competencia para los productos estadounidenses en el exterior, mediante la reducción o eliminación de aranceles y de restricciones sanitarias.
Y pretende un mecanismo dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para un examen sistemático del respeto a los derechos laborales.
Además establece un inédito proceso de consultas con los congresistas, que serán oídos por el Ejecutivo en todas las fases de negociación, inclusive después que ésta termine.
Si, finalmente, los legisladorees concluyen que no fueron atendidos adecuadamente, podrán suspender la aplicación de la vía rápida.
En Sao Paulo, Thomas McLarty, consejero de Clinton y enviado especial a América Latina, se mostró confiado en que el mandatario llegará con la autorización legislativa a la Cumbre de las Américas, fijada para abril en Santiago de Chile. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip/97
