Mayling Hurtado, de 10 años, camina con cuidado por el pasillo de un hospital de Nicaragua, tratando de adaptarse a sus prótesis. Hace tres años pisó una mina antipersonal, cuando regresaba del monte, donde había ido a buscar leña, y sus dos piernas resultaron destrozadas.
Hoy puede caminar gracias a la solidaridad internacional. Es la tercera vez que llega al Centro Nacional de Rehabilitación para cambiar sus miembros artificiales.
Como ella, han resultado mutilados un total de 424 civiles, muchos de ellos menores, entre 1983 y 1996, a pesar de que la guerra concluyó oficialmente siete años atrás.
"El Estado tiene sobre sus hombros la culpabilidad de no señalizar las zonas minadas", afirmó el médico Alejandro Ortega, quien dirige un programa de asistencia social para civiles mutilados de la Organización de Estado Americanos (OEA).
"Creemos que más del 60 por ciento de los lugares donde hay minas, no están debidamente asegurados", añadió.
Nicaragua es el país latinoamericano con mayor número de minas sembradas en su territorio. Según datos oficiales, más de 116.000 artefactos explosivos fueron colocados en la década del 80 por el ejército y los ex contras en caminos, puentes, bases militares y poblados.
Desde 1993, con la ayuda de la cooperación internacional, el ejército ejecuta un Programa de Desminado que busca eliminar todas las minas del territorio antes del año 2000.
Hasta la fecha se han despejado más de 360.000 metros cuadrados y destruido más de 25.000 minas, una tarea en la que murieron siete militares y 76 resultaron mutilados.
"Todos los casos que hemos tenido son de familias campesinas pobres, que mandaban a sus hijos a capturar peces en los ríos o a traer leña de la montaña, o simplemente estaban jugando cuando ocurrió la desgracia", dijo Ortega.
La mina conocida por sus siglas PMN, como la que le estalló a Mayling, provoca la mutilación de los miembros inferiores, señaló el médico. Pero también quedan minas como la PP Mi Sr II, que saltan medio metro y luego estallan, destruyendo además los miembros superiores.
"En el caso de los niños, el problema es mayor porque quedan con traumas sicológicos, sensaciones de invalidez y muchas veces la cultura del campesino es rechazar a sus familiares que tienen estos problemas por considerarlos como desechos", dijo Ortega.
Héctor Pedroza, responsable del Proyecto de Desminado de la OEA, dijo que la meta del organismo es asistir a unas 200 personas que resultaron amputadas o seriamente afectadas por minas.
Hasta el momento han atendido 22 casos, a los que les han facilitado movilización, atención médica y el pago casi total de las prótesis.
"La mayoría de casos son de personas entre cinco y 18 años, que para su normal crecimiento necesitan nuevas prótesis, nuevos estudios, evaluaciones y atenciones a sus dolencias", dijo Pedroza.
En su opinión, es necesaria una cooperación internacional permanente en este campo, ya que el Estado no destina presupuesto especial para estas víctimas.
El Centro Nacional de Rehabilitación existe en Nicaragua desde 1980, pero cuenta con un presupuesto de sólo 200.000 dólares anuales. Desde 1986, ha recibido a unas 2.200 personas con este tipo de problemas.
"Oficialmente la guerra terminó en 1990, pero continúan llegando personas a las que les estallaron minas y están deseamparadas", expresó el director del Centro de Rehabilitación, el médico René Palacio.
Las dificultades financieras obligan a cobrar unos 50 dólares las prótesis, aunque el precio real es de cerca de 400.
Los niños víctimas de minas requieren cambiar sus prótesis continuamente, debido a su crecimiento, dijo Palacio, lo que implica un gasto al que no pueden hacer frente las familias campesinas, donde siete de cada 10 viven en la pobreza, según cifras oficiales. (FIN/IPS/rf/ag/hd-pr/97
