La violencia contra la mujer y la familia pasó a ser un problema estratégico en los países andinos, donde con excepción de Venezuela se cuenta con leyes especiales para combatir el fenómeno, se detalló en una reunión subregional sobre el tema en esta capital.
En la reunión de dos días, celebrada esta semana, participaron representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y es organizada por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Virginia Rivero, representante venezolana ante la CIM, recordó que la violencia doméstica "ha hecho de los hogares unas escuelas de violencia" mientras convirtió al maltrato familiar en "un problema de salud pública".
Rivero recordó que en un estudio que acaba de concluir la Organización Panamericana de Salud reveló que en 12 de 17 países latinoamericanos analizados, la violencia urbana es la segunda causa de muerte y la primera de años de vida perdidos, porque las víctimas tienen en su mayoría entre 15 y 30 años.
La violencia contra la mujer, en particular, recordaron ponentes de todos los países, no tiene estadísticas disponibles que sitúen el número de víctimas anuales, mortales o no. Pero se sabe que es uno de los delitos más ancestrales e invisibles que aquejan a las sociedades sin discriminación de clases.
Rivero, también coordinadora de la Reunión Subregional sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, recordó que América ha sido el primer continente en legislar sobre el tema, con la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, aprobada en junio de 1994.
El texto entró en vigor en noviembre de ese año y ha sido ratificado hasta ahora como instrumento legal nacional por 25 países de los 34 que integran la OEA.
Eso da base legal para actuar incluso en un país como Venezuela, que tiene congelada la discusión de una moderna ley contra la violencia contra la mujer y la familia, para que deje de ser un tema del derecho de familia y considerado del ámbito privado, y sea tratado como un delito común y penal.
Otro elemento acogido en las leyes ya promulgadas y en el poryecto venezolano es el de que el maltrato contra la mujer y la familia significa una grave violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Las representantes del sector oficial que se ocupan de la política de género en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela coincidieron en diálogo con IPS en indicar que el mayor impacto de las nuevas leyes sobre la violencia contra la mujer consiste en que el problema perdió su invisibilidad.
La colombiana Olga Sánchez, directora nacional de Equidad para las Mujeres, explicó que los opositores a la nueva ley insisten en que nunca hubo tanta violencia contra la mujer como ahora y achacan esta situación al instrumento legal.
Lo que en realidad sucede en Colombia, como en los otros países en que hay una ley específica, es que la violencia se hizo visible, porque pasó a denunciarse y a juzgarse, en la medida que se incrementó el conocimiento y la sensibilidad por la ley sobre ese delito.
La mujer pasó a asumirse como "sujeto de derecho", precisó Sánchez, que como las representantes de Bolivia, Ecuador y Perú, explicó que aún algunos sectores judiciales no se adaptan a considerar el maltrato físico y sicológico contra la mujer dentro de su hogar como un delito, en lugar de un problema familiar.
Jimena Rojas, representante boliviana ante la CIM, subrayó que otro elemento coincidente es que la nueva legislación y la sensibilización ante el problema, es fruto de un consenso nacional, articulado con apoyo del movimiento organizado de la mujer, de sectores comprometidos y de medios de comunicación.
Luz Salgado, presidenta de la comisión parlamentaria sobre la mujer de Perú, indicó que para aliviar el flagelo de la violencia doméstica contra la mujer hacen falta cuatro elementos.
El primero es una toma de conciencia de la sociedad y los detentores del poder sobre la importancia del problema, que tiene un factor multiplicador negativo sobre la violencia en general del país, señaló.
El segundo es la existencia de una clara voluntad política para atacar el problema, el tercero la asignación de recursos suficientes para las acciones necesarias con ese fin y el último una reforma educativa que erradique desde la primera infancia la transmisión de valores patriarcales y discriminatorios.
La ecuatoriana Elsa de la Torre, de la Dirección Nacional de la Mujer, planteó que con la ley hay un reconocimiento finalmente de que existe un problema y que éste es socialmente grave.
La asunción de una ley penalizante ha favorecido la autoestima colectiva de la mujer y sobre todo de la maltratada, dijo De la Torre, pero el delito de violencia sólo podrá ser enfrentado cuando deje de manejarse dentro de la esfera familiar como una expresión de poder y autoridad masculina sobre la mujer.
La venezolana María Guzmán, presidenta de la Comisión Nacional de la Mujer, criticó la insensibilidad de los políticos que mantiene congelado un proyecto "muy eficaz para luchar contra un delito que no hace sino crecer", al amparo del aumento de la pobreza y la violencia general.
El viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Carlos Bivero, despertó aplausos cuando dijo que pese a todo lo hecho la violencia contra la mujer sigue siendo "una de las formas de agresión contra el ser humano más ignorada y más escomoteada en su atención social".
Las sociedades latinoamericanas en general "apenas intuyen la gravedad y magnitud de las consecuencias" que la violencia contra la mujer y la familia "tienen para nuestro presente y nuestro futuro", afirmó.
Al inagurar el encuentro, Bivero dijo que se trata de un delito que no distingue condición social, económica o cultural, y afecta a millones de personas en el mundo. Pero precisó que se agrava en sectores desposeídos económicamente y con menor acceso a la educación y la protección jurídica y social.
Por el contrario, los tres centenares de mujeres presentes se sintieron agredidas por el discurso del ministro de Justicia, Hilarión Cardozo, un democristiano miembro del Opues Dei, que consideró que la violencia contra la mujer requiere respuestas morales más que jurídicas.
También consideró, "dentro de 45 minutos de disparates" según resumieron dirigentes femeninas venezolanas, que "la esencia del hombre (a la mujer no la sumó) es el amor, esa es su naturaleza, por lo que la violencia sobre su mujer es antinatura", restringiéndolo a una cuestión doméstica. (FIN/IPS/eg/ag/hd-pr/97
