Los límites de la reforma económica iniciada en Cuba hace cuatro años podrían quedar claramente establecidos en octubre cuando el gobernante Partido Comunista (PCC) realice su quinto congreso.
La polémica pública parece desarrollarse entre quienes apuestan a favor de que los comunistas darán un nuevo ilso a las reformas estructurales y quienes piensan que las concesiones llegaron a su límite en el marco de la línea dominante.
Otro grupo, en una posición intermedia, estima que el gobierno podría dar pasos en aras de aumentar el control sobre la iniciativa privada y, al mismo tiempo, continuar incentivando la apertura externa de su economía y la transformación del sistema financiero.
La gran expectativa se genera alrededor de una resolución económica que se presentará al congreso, que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de octubre, y que el Partido ha logrado mantener al alcance sólo de los delegados a la reunión.
El diario Granma, órgano dfel PCC, afirmó que la resolución sintetiza la experiencia acumulada durante la crisis, "analiza pormenorizadamente la política económica y traza de modo realista las perspectivas de la economía".
Expertos estiman que la esfera de las finanzas podría acaparar a corto plazo los mayores esfuerzos oficiales en medio de una coyuntura externa cada vez más difícil para el país caribeño.
Sobre el tapete aparece la deuda externa, la atracción de capital extranjero y de créditos a largo plazo, el desequilibrio de la balanza comercial y el imperativo de asumir una tasa oficial de cambio más realista para el peso cubano.
Mientras el dólar se compra a 23 pesos en las casas de cambio abiertas por el gobierno en 1996, la cotización oficial del dólar establece la paridad con el peso cubano.
El Ministerio de Economía y Planificación admitió el día 10 que la economía cubana registró un "empeoramiento" de su situación financiera externa superior a lo previsto y que esa coyuntura podría mantenerse el próximo año.
Cuba cerró 1996 con un crecimiento de 7,8 por ciento de su producto interno bruto, una deuda externa estimada en cerca de 11.000 millones de dólares y un déficit de la balanza comercial de 1.700 millones.
Pero el crecimiento parte de niveles muy bajos y puede sufrir un nuevo deterioro este año tras la caída de la producción de azúcar, a la que el gobierno destinó préstamos superiores a los 300 millones de dólares pagaderos a corto plazo.
El silencio oficial alrededor de los resultados de la zafra azucarera y la clasificación como secreta de prácticamente toda la información estadística en los últimos meses hace pensar a los expertos que la reanimación económica iniciada hace tres años se ha frenado.
"Sobrevivir", la palabra de orden entre la población, se convierte también en la gran disyuntiva para las autoridades, que intentan salvar la esencia del sistema socialista introduciendo mecanismos de mercado y prácticas capitalistas.
Para Gilberto Valdés, investigador del Instituto de Filosofía de La Habana, "la necesidad de abrir nuevos espacios al mercado, como premisa de la reestructuración de la economía cubana, no implica preferir la búsqueda e implementación de nuevas formas de regulación por parte del Estado".
En su trabajo "La alternativa socialista: reforma y estrategia de orden", Valdés cataloga como desafíos "hallar fórmulas nuevas de socialización de la producción y la política" y modos de autogestión, cooperación, democracia económica y control popular y ciudadano.
Altos funcionarios del gobierno reiteraron este año que la propiedad estatal en Cuba continuará siendo mayoritaria en relación con la inversión extranjera y la cooperativización de buena parte de la actividad agrícola y pecuaria.
La reforma, iniciada cautelosamente en 1993, respondió a la urgencia que impuso la crisis que ya dura siete años y, desde estonces, no ha dejado de estar signada por su carácter "indeseable" y, al mismo tiempo, "inevitable".
Granma afirmó que el congreso comunista evaluará "las transformaciones operadas en la economía y las consecuencias no siempre favorables pero sí previstas que de ellas se han derivado".
Fuentes oficiales atribuyen la crisis económica a la combinación de los efectos del bloqueo de los Estados Unidos y de la desaparición del bloque socialista europeo, con el cual La Habana mantenía la mayor parte de su intercambio comercial.
Expertos locales agregan a la lista de causas "errores internos" en la dirección de la política económica.
La depresión provocó una caída de 34,8 por ciento del producto interno bruto entre 1990 y 1993 y afectó directamente a la población, que sufrió un rápido deterioro de sus condiciones de vida en comparación con la década anterior.
Entre 1992 y 1994, considerados los peores años de la crisis, los cubanos sufrieron el déficit generalizado de productos de primera necesidad, apagones continuos, la crisis del tranporte público y la devaluación del peso hasta 140 unidades por dólar.
El paquete de medidas previsto para palear la crisis incluyó la ampliación del trabajo por cuenta propia, la legalización del dólar, la apertura de mercados agropecuarios e industriales de libre concurrencia.
Para el saneamiento de las finanzas internas se aplicó el alza de tasas y tarifas, se eliminó un grupo de gratuidades históricas como la entrada a espectáculos deportivos y museos y se elevaron los precios de productos no básicos como cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Al mismo tiempo, con gran cautela, el gobierno dio luz verde a las reformas estructurales de la economía en las esferas empresarial, laboral, bancaria, del comercio exterior y de la propiedad.
Pero este año el mayor énfasis público se dirigió hacia las medidas internas contra las llamadas "indisciplinas sociales" apuntando a aumentar el control sobre el trabajo por cuenta propia y desestimular a ese pequeño sector privado.
Las autoridades reconocen el autoempleo como la alternativa que puede dar respuesta a la imposibilidad del Estado de satisfacer todas las necesidades de empleo y al imperativo de eliminar el subempleo que vició la empresa estatal durante años.
Al mismo tiempo, el gobierno no está dispuesto a tolerar la vinculación de ese sector a mecanismos ilegales de compra-venta de productos y hará todo lo posible para evitar el crecimiento de una casta de "nuevos ricos".
Fuentes especializadas aseguran que hasta noviembre de 1996 12,8 por ciento de las personas con cuentas de ahorro poseían 84,7 de todo el dinero depositado en los bancos de Cuba.
El aumento de la diferenciación social, el auge de la prostitución y el proxenetismo y la corrupción son para los gobernantes cubanos algunas de las consecuencias "previstas" pero "indeseadas" de la crisis y de las reformas económicas.
Mientras filósofos y economistas tratan de buscar un sustento teórico a las transformaciones, producidas dentro del socialismo, algunos analistas se inclinan a pensar que las autoridades favorecerían un retorno a las modelos vigentes en los tiempos anteriores a la crisis.
De acuerdo con esa tendencia de pensamiento el gobierno intentaría frenar lo más posible la aplicación de medidas de corte capitalista y minimizar las franjas abiertas a la iniciativa privada. (FIN/IPS/da/dg/if-ip/97
