El 15 Congreso del Partido Comunista de China, que concluye este viernes, aprobó la privatización de las deficitarias empresas estatales que impulsa el presidente Jiang Zemin, pero no trató reformas al sistema político unipartidario.
Jiang derribó las últimas barreras ideológicas que se oponían a la privatización en un histórico discurso ante el Congreso que comenzó el día 12.
El jefe de Estado estableció entonces las bases ideológicas para la venta de acciones de las empresas estatales en todo el país, al definir el pensamiento del ex presidente Deng Xiaoping como la continuación de las ideas del fundador de la República Popular China, Mao Zedong.
El discurso también dio vía libre al proceso privatizador ya en curso en algunas zonas de China, donde funcionarios locales están dedicados a reestructurar el sector estatal. Cuarenta por ciento de las empresas son deficitarias.
La adopción de la política de Jiang por parte del Congreso es un espaldarazo a las reformas económicas emprendidas por el gobierno chino en los últimos años.
Pero, por el contrario, poco se dijo en el Congreso sobre la reestructura del sistema unipartidario de China. De hecho, crece el temor de que la contradicción entre el inflexible marco político y el dinámico sistema económico provoque, tarde o temprano, una explosión.
En la ceremonia de apertura del congreso, Jiang dedicó gran parte de su discurso de dos horas y media a resaltar que China necesita mantener "la dictadura democrática del pueblo" en lugar de copiar modelos políticos occidentales.
Jiang prometió la ampliación de la democratización a nivel popular, pero no anunció la celebración de elecciones democráticas más allá de las municipales realizadas por primera vez en 1987.
"No creo que el 15 Congreso del Partido resuelva el tema de la democratización de China", opinó Wang Shan, polémico escritor y comentarista político.
Wang cree que la mayoría de los funcionarios de gobierno están dispuestos a aceptar una combinación entre el modelo tradicional de poder que dirige la sociedad y el sistema de libre mercado.
"Las autoridades creen que la transacción entre ambos asegurará la estabilidad política", añadió el escritor.
Sin embargo, otros piensan que las recién aprobadas reformas privatizadoras no tendrán éxito sin una reestructura política. La clase intelectual intensificó sus reclamos en ese sentido, en especial en los días previos al congreso del partido.
El gobierno demostró una relativa tolerancia hacia los pedidos de democratización y reestructura política. Pero Tony Saich, académico occidental radicado en Beijing, sostuvo que la postura es solo una "cortina de humo" dirigida a la opinión pública.
"No creo que alguien piense en realidad que pueda existir un compromiso más serio vinculado a reformas políticas futuras más allá de lo dicho por Jiang en su discurso", opinó.
De todas maneras, las reformas políticas serán inevitables debido a la necesidad que tiene China de mantener la eficiencia económica, y, de hecho, eso ya está sucediendo, sostuvo Saich.
La privatización del sector industrial está destinada al fracaso si no hay reformas políticas, advirtió Shang Dewen, profesor de economía de la Universidad de Beijing.
El fracaso se produciría porque las autoridades del Partido Comunista considerarán la política de privatización de Jiang como a un movimiento político, lo que impediría su desarrollo. Podrían fijar, por ejemplo, cupos a la privatización.
Los funcionarios del Partido dirigirán las empresas estatales según las órdenes políticas que reciban y no de acuerdo con las fuerzas del mercado, según los críticos.
En ese sentido, pronostican que el Estado seguirá dominando los principales sectores de la economía, como la infraestructura y las telecomunicaciones, y mantendrá el control en las grandes industrias estatales.
"El mercado debe decidir qué empresa debe cerrar, cuál debe ser intervenida y cuál debe ser excluida", escribió Wu Jinglian, uno de los principales economistas de China, en el periódico Shanghai Securities News, al explicar una de las dificultades de las privatizaciones en el actual marco político.
"Muchas de las cosas que estamos haciendo tienen las características de una economía planificada. Si las decisiones las toman los funcionarios y dirigentes, las únicas consecuencias serán negativas", alertó Wu.
Una campaña de privatización dirigida por políticos habilitará el camino a la corrupción, afirman los observadores. Los principales dirigentes chinos temen que la corrupción pueda socavar en gran medida las reformas del sector estatal, sostuvo Wang.
El Partido Comunista, pocos días antes del Congreso, resolvió el caso de corrupción que involucró a Chen Xitong, alcalde de Beijing y líder del Partido en la capital, pendiente desde 1995.
El Comité Central del Partido Comunista anunció la expulsión de Chen y el juicio por corrupción al que será sometido, en un plenario preparatorio del Congreso.
Chen fue acusado, entre otros delitos, por la malversación de 2.200 millones de dólares, la financiación de negocios privados de sus hijos, amantes y amigos en Beijing y Hong Kong, y la adquisición de varias casas y apartamentos, junto a una fortuna personal de 312 millones de dólares.
"El caso de Chen Xitong nunca se habría resuelto sin la orden personal de Jiang", subrayó Wang.
Desde la época de Mao, una regla inamovible estipula que los miembros del partido están fuera del alcance de la ley, sin importar el delito que hayan cometido.
Pero Deng violó la tradición al organizar juicios públicos de los miembros extremistas de la "Banda de los Cuatro" al final de la "Revolución Cultural" (1966-1976).
El castigo de Chen, ex miembro del politburó y principal funcionario de Beijing durante 12 años, afirma la posición de Jiang como nuevo líder supremo de China y deja sentado un ejemplo para otros miembros del Partido.
"Me temo que hay muchos más casos de corrupción en el país y este fue solo uno", advirtió Wang. El escritor duda que la decisión de disciplinar a Chen poco antes del Congreso convenza a la población de la voluntad política del gobierno de aplastar la corrupción.
En 1995, como investigador del independiente Instituto de Investigación Gran Muralla, Wang Shan realizó un sondeo de opinión pública sobre la reacción de la gente ante el caso de Chan. Ese año, el alcalde de Beijing fue detenido y expulsado de su cargo en el Politburó.
La mayoría de las personas encuestadas expresaron su escepticismo sobre la revelación de los delitos de Chan. No demostraron sorpresa ni estupor porque "ya vieron muchas cosas similares y por la distancia existente entre el pueblo llano y el Partido Comunista".
El estudio de 1995 reveló que "la gente no considera que el partido represente sus intereses. Ante el caso de Chen Xitong, la gente dijo 'este es un asunto de ustedes, no nuestro' ", señaló Wang. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/aq/ip/97
