Una serie de detenciones y la reanudación de procesos estancados sugieren a la prensa argentina que el oficialismo, presionado por la cercanía de elecciones legislativas, toma distancia de funcionarios, legisladores y amigos que desprestigiaban al gobierno.
"Operación maquillaje" o "saneamiento electoral" bautizó la prensa sin ningún eufemismo la estrategia oficial de suprimir barreras a la justicia, impedida de actuar en algunas causas sensibles, y de encontrar repentinamente a personajes prófugos.
El operativo coincide con el persistente reclamo del Fondo Monetario Internacional contra la corrupción. Argentina figura entre los primeros lugares en las listas de la organización Transparencia Internacional, que clasifica países por su grado relativo de corrupción política y administrativa.
El gobernante Partido Justicialista (Peronista) podría sufrir en octubre su primera derrota electoral en 10 años. A falta de 53 días para los comicios legislativos, las encuestas anuncian que la opositora Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación logrará la victoria o sólo cederá por escaso margen.
La alianza, nacida hace un mes, utiliza la prédica contra la corrupción como una de las principales armas de su campaña política. Está conformada por la centrista Unión Cívica Radical (UCR), un partido histórico con más de 100 años de trayectoria, y por el Frente País Solidario (Frepaso), de centroizquierda.
En ese contexto, José Manuel Pico, presidente del Concejo Deliberante (municipal) de la ciudad de Buenos Aires y candidato del oficialismo hasta hace dos meses, está detenido, después de ocultarse de la justicia durante casi 60 días.
Pico, segundo en la lista del Partido Justicialista en la capital, huyó al ser acusado de enriquecimiento ilícito. Los cargos por los que se ordenó su prisión preventiva incluyen su supuesta condición de jefe de una asociación ilícita y la responsabilidad en 534 estafas.
La fiscalía denunció falta de colaboración en la búsqueda del concejal prófugo, hasta que el último fin de semana, Pico fue detenido, presuntamente en Brasil, aunque algunas versiones aseguran que nunca salió de Argentina.
En tanto, Omar Fassi Lavalle, ex secretario de Turismo y amigo personal del presidente Carlos Menem, enfrenta también un proceso judicial por asociación ilícita y evasión de impuestos.
Fassi Lavalle, que llevaba una vida ostentosa, está acusado de acumular una fortuna a costa del fisco y amparándose en sus relaciones con el poder.
Del mismo modo, el empresario de la carne Alberto Samid, otro amigo de Menem y presunto dueño de 27 frigoríficos, fue procesado por fraude y evasión impositiva, y le fijaron un embargo de 1,2 millones de dólares. La causa estuvo un año paralizada, pero en forma repentina revivió esta semana.
Samid fue diputado justicialista en la provincia de Buenos Aires. Hace un año, la Secretaría de Agricultura y Ganadería lo acusó ante la Dirección General Impositiva, pero luego la investigación se estancó.
El empresario fúnebre Alfredo Péculo, asesor presidencial ad honorem, renunció este miércoles luego de una serie de allanamientos a sus locales, en los que se detectaron irregularidades en servicios para el sistema de prestación médica y social a los jubilados.
La operación de limpieza también alcanzó a un funcionario en actividad. Se trata del interventor del canal estatal de televisión ATC, Horacio Frega, cuestionado por la colectividad judía por expresiones antisemitas, que fue relevado la semana pasada.
"Ante la posibilidad de perder las próximas elecciones, el gobierno comienza a quitar apoyo a personajes de la corte de los milagros", observó Rodolfo Terragno, presidente de la UCR.
Eduardo Jozami, del Frepaso, hizo una distinción. Sostuvo que cuando la alianza opositora señala la corrupción, no se refiere a esos casos, sino a otros "más serios", como el del empresario Alfredo Yabrán.
Yabrán es sospechoso de ser autor intelectual del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, perpetrado en enero. Cabezas lo había fotografiado para la portada del semanario Noticias, acabando con la incógnita que rodeaba a Yabrán ante la opinión pública.
El jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, se entregó el lunes a la justicia, que lo considera instigador del crimen. La policía y el juez actuante citarán a declarar al empresario, si las declaraciones de Ríos resultaran insatisfactorias.
Yabrán controla una compañía privado de correos, servicios de tierra de los aeropuertos y la impresión de pasaportes, documentos de identidad y planillas de control de fronteras, todos asuntos sensibles al contrabando, al tráfico de armas y de drogas, según el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Cavallo aseguró que Yabrán encabeza una mafia a la que responderían algunos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, el secretario de la Presidencia y el director de Migraciones. (FIN/IPS/mv/ff/ip/97
