"Occidente tiene nuevas ideas sobre la democracia en Angola. Quien pierda (las elecciones) será el ganador", observó Antonio Agante, un veterano de guerra que intenta reconstruir la línea ferroviaria de 300 kilómetros entre Luanda y la oriental localidad de Malange.
La línea férrea fue destruida por Unita (Unión Nacional por la Independencia Total de Angola), luego de que su líder, Jonas Savimbi, fuera derrotado en las elecciones generales de 1992.
Como Agante, un número creciente de angoleños sienten frustradas las esperanzas de paz permanente que suscitó el Protocolo de Lusaka, firmado en 1994 por el gobierno y la insurgente Unita.
La opinión pública considera que la comunidad internacional y la misión de observadores militares de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se deciden a actuar para restablecer el proceso de paz.
Al parecer, los negociadores internacionales creen que, con el tiempo, Savimbi asumirá el liderazgo de la oposición política en una Angola democrática y en paz.
Pero parece difícil que Unita renuncie a los millones de dólares que anualmente le reportan las zonas que controla, ricas en diamantes.
La actitud de Savimbi podría conducir a una nueva guerra civil. Según información llegada al parlamento, el líder de Unita aún mantiene un ejército de más de 35.000 efectivos, de los cuales 15.000 conforman una fuerza de elite equipada con armas de última generación.
La situación es especialmente tensa en el nordeste del país, donde se encuentra la diamantífera provincia de Luanda Norte.
En realidad, la guerra nunca terminó en Angola. Savimbi no aceptó el resultado de las elecciones democráticas en 1992 y reanudó la guerra, con el saldo de miles de inocentes muertos.
Cuando el ejército estaba por derrotar a Unita, "los políticos ordenaron la retirada", señaló Agante, integrante entonces de la avanzada de las fuerzas gubernamentales, que rodeaban Huambo, el baluarte rebelde.
Los países del Norte industrial, y especialmente Estados Unidos, obligaron al gobierno a levantar la presión militar sobre Savimbi, según aseguraron algunos analistas.
"Sólo necesitábamos otros 15 días para terminar la guerra de una vez por todas. Estábamos por tomar Huambo, donde teníamos rodeado a Savimbi", dijo Agante.
La realidad es que, a pesar del Protocolo de Lusaka, el proceso de paz no conduce a ningún lado y parece retroceder con rapidez. Ahora, todos se preparan para la guerra, mientras existen de hecho dos Angolas y una población confundida y acosada en el medio.
El gobierno acusó a Unita de colocar minas explosivas en las vías ferroviarias de Lunda Norte, mientras los rebeldes afirman que las autoridades se proponen atacar sus posiciones,
Pero, según el Protocolo de Lusaka, Savimbi no debe mantener posiciones militares, pues sus fuerzas ya tendrían que estar desmovilizadas.
La frustrada tentativa de desmovilizar a los rebeldes costó a la ONU millones de dólares en alimentos, dinero y herramientas agrícolas para los milicianos y sus familias. Savimbi había ordenado a sus soldados que llevaran a sus familiares con ellos, de modo que éstos también debían ser desmovilizadas.
La paciencia que la ONU y las potencias industriales demuestran hacia Savimbi sería incomprensible si no estuvieran en juego gran cantidad de dinero y diamantes.
Seguramente, la comunidad internacional no habría aceptado el abierto desafío de los rebeldes al Protocolo de Lusaka, ni el desdén con que Savimbi recibió las advertencias de Alioune Blondin Beye, representante especial en Angola del Secretario General de la ONU, si Unita no controlara los yacimientos de diamantes.
Durante la guerra fría, Savimbi recibió apoyo y armas de Estados Unidos y sus aliados para combatir desde 1975 a 1992 al gobierno controlado por el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), respaldado por Cuba y la Unión Soviética.
La nueva guerra civil parece ser el resultado del interés de algunos países industriales por obtener posiciones de poder en la rica Angola.
La creciente preocupación por Unita condujo al parlamento angoleño a adoptar una resolución el 26 de julio que denuncia con firmeza el incumplimiento de los insurgentes del Protocolo de Lusaka.
Los legisladores condenaron a Unita por seguir manteniendo soldados y equipos de guerra en "flagrante violación" del Protocolo. También exhortaron al gobierno a que "haga uso de sus potestades constitucionales y garantice la seguridad de las poblaciones y los recursos nacionales que pertenecen a la nación".
También hay señales de que la ONU está perdiendo la paciencia con Unita.
La Misión de Observadores de la ONU expresó su "grave preocupación" por el incumplimiento de Unita de las exigencias del Consejo de Seguridad, entre las que se cuenta la orden de desmovilización de sus efectivos.
Unita debe proporcionar "información veraz sobre su personal militar personal y los armamentos que posee", advirtió la Misión de Observadores el 4 de este mes.
El desconocimiento de esa exigencia podría costar a Savimbi el el congelamiento de sus bienes en el exterior, la pérdida de visados de viaje y otras sanciones internacionales.
Diplomáticos vinculados al proceso de paz han calculado que el retraso provocado por Unita costaron cerca de 1.000 millones de dólares a la ONU.
La guerra hunde en la miseria a la población de un país de gran riqueza potencial. Angola, de 11 millones de habitantes, es el segundo productor de petróleo en Africa subsahariana, cuenta con diamantes, gas natural, oro, otros minerales, y 20 por ciento de los recursos de agua y energía hidroeléctrica de Africa.
(*) Carmen Miranda es investigadora en temas de desarrollo, con base en Londres, y trabaja en la actualidad como periodista de televisión en Angola. IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres. (FIN/PANOS/tra-en/cm/dds/aq/ip/97
