Las pretensiones de los fabricantes de armas y los temores de los defensores del desarme penden de una simple frase, "caso por caso", tras el cese del embargo a la venta de equipo bélico de avanzada a América Latina decidido por el gobierno de Estados Unidos.
El presidente Bill Clinton aflojó la política que rigió a la Casa Blanca durante 20 años, conocida como "presunción de negativa", según la cual Washington vetaba por lo general las ventas de aviones de combate y otras armas de alta tecnología a países de América Latina.
De ahora en adelante, el gobierno de Estados Unidos analizará "caso por caso" cada solicitud de compra de América Latina por los fabricantes y las rechazará solo en casos excepcionales.
La nueva política, que revierte el embargo dispuesto en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter como respuesta a las dictaduras militares latinoamericanas, fue aclamada por la industria armamentista pero rechazada por los partidarios del desarme.
Los analistas advierten, de todos modos, que las celebraciones por posibles operaciones comerciales y las preocupaciones de que se desate una carrera armamentista son prematuras.
Algunos expertos en materia de seguridad del gobierno restan relevancia al anuncio que Clinton efectuó este viernes. "Siempre hubo un análisis caso por caso, que, según la industria, implicaba un sesgo implícito negativo contra sus operaciones", sostuvo un un funcionario.
"Los empresarios deseaban, como mínimo, una declaración explícita de que no habría sesgos, y eso es lo que obtuvieron", agregó el especialista, que reclamó reserva sobre su identidad.
Bill Spencer, subdirector de la Oficina de Washington sobre América Latina, una institución académica, afirmó que la medida es "una mala señal" pues implica "el riesgo de desvío de recursos destinados a inversiones sociales y económicas" hacia rubros militares.
Eso, sin embargo, "será puesto a prueba" cuando el gobierno de Clinton concrete sus análisis "caso por caso", admitió Spencer.
Fuentes del Congreso y el gobierno de Estados Unidos dudan que se produzca una carrera armamentista en América Latina.
Con excepción de Ecuador y Perú, que se enfrentaron en una breve guerra en 1995 y acumulan armas en previsión de futuros enfrentamientos, los países de la región tienen "rivalidades y no conflictos, machismo y no odio", en palabras de un analista estadounidense.
Un funcionario del gobierno sostuvo que Quito y Lima "no tendrán que solicitar" a Washington que autorice la compra de armas a empresas estadounidenses, pues no las necesitan.
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han aconsejado a los países en desarrollo que reduzcan su gasto público, en especial el militar, y den prioridad a las inversiones sociales.
Los funcionarios de esos organismos multilaterales, por lo general reservados cuando se los consulta sobre cuestiones de seguridad, advierten en privado que América Latina provocará el enojo de las agencias si incrementan sus gastos militares.
Esa eventualidad podría echar por la borda los préstamos condicionados a la contención del gasto público sellados por los gobiernos con el FMI, aseguraron.
La perspectiva de una mala relación con ese organismo y la fuerte convicción de legisladores estadounidenses clave sobre la necesidad de controlar el tráfico de armas sería suficiente para poner un coto al mercado latinoamericano de armas, afirmaron funcionarios del gobierno de Clinton.
Pero Spencer recordó que el FMI aún respalda el programa de reducción de deuda de Perú, con 223 millones de dólares liberados en febrero, a pesar de que el gobierno de Alberto Fujimori concretó en noviembre pasado la compra a Belarús de aviones de combate MiG 29 por 300 millones de dólares.
El anuncio de la semana pasada se produjo luego de que la Casa Blanca revisara la política iniciada por Carter durante dos años bajo la presión de las fabricantes de armas, en especial los colosos de la industria aeroespacial, Lockheed Martin y McDonnel- Douglas.
La medida abre nuevas posibilidades a Chile, y luego a Brasil, para comprar aviones militares estadounidenses. Los acuerdos incluyen posibles ventas de F-16 y F/A-18.
El acuerdo con Chile implicaría para las empresas estadounidenses ingresos por unos 1.000 millones de dólares, dijo William Hartung, del Instituto de Política Mundial de la New School for Social Research, con sede en Nueva York.
Aunque cada F-16 se cotiza a casi 20 millones de dólares, la operación supondría hasta 30 millones, pues se suma al costo del aparato los contratos de apoyo técnico y repuestos, agregó el experto.
La actual política de Washington "anuncia a otros posibles proveedores que estamos en el campo de juego", dijo Tom Cardamone, analista sobre comercio de armas del no gubernamental Council for a Livable World Education Fund.
En particular, Francia, Suecia, Rusia y las repúblicas que integraron la hoy disuelta Unión Soviética, entre otros países, ya deberían estar enterados de que "Estados Unidos participará en todas las futuras licitaciones por aviones de ataque y otros productos militares de alta tecnología", agregó Cardamone.
Los F-16 y F/A-18 compiten en las opciones que considera Chile contra los Mirage-2000 de Francia, los JAS-39 Gripen de Suecia y los MiG-29 de Belarús. Santiago podría comprar al menos dos docenas de aviones de combatea comienzos del año próximo, según analistas.
Los aviones estadounidenses ingresaron en la batalla comercial en marzo, cuando Clinton permitió a las compañías brindar datos técnicos sobre sus ofertas a las autoridades chilenas.
Portavoces de las empresas se quejan de que la demanda interna de productos de la industria armamentista cayó desde el fin de la guerra fría. Como consecuencia, aumentó la competencia por vender armas en el mundo en desarrollo.
Aunque Estados Unidos continúa siendo el mayor proveedor de armas, compañías de este país perdieron espacio en muchos mercados del Sur.
En 1995, Rusia emergió como líder con la concreción de ventas en el mundo en desarrollo por 9.100 millones de dólares, 31,6 por ciento del total mundial, informó el año pasado el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS).
Los orígenes de la "presunción de negativa" radican en legislación estadounidense aprobada a fines de los años 60.
La práctica fue mantenida por el entonces presidente Richard Nixon, y reafirmada por sus sucesores Gerald Ford y Carter. La finalidad evidente de esta política era detener la carrera armamentista regional y mantener los sistemas de defensa de avanzada fuera del alcance de los regímenes militares en boga.
Bajo la presidencia de Ronald Reagan, quien invocó sus preocupaciones ante Cuba, Estados Unidos autorizó entre 1979 y 1984 la venta a Venezuela de 24 F-16.
La nueva política ubica a América Latina en un plano de igualdad con otras regiones del mundo, cuyas compras de armas convencionales a Estados Unidos se rigen por una directiva presidencial dictada por Clinton en 1995.
El cese del embargo reconoce el avance político de América Latina, donde rigieron dictaduras militares y ahora se consolida la democracia.
Estos avances pueden ser reales, dijo Spencer, pero el Poder Ejecutivo de Perú aún es capaz de gastar en defensa sin requerir para eso del aval del Legislativo.
Las fuerzas armadas de Chile, que según estimaciones gastan el doble que el promedio regional en armas, continúan beneficiándose de ganancias de operaciones mineras estatales.
Como se trata de resultados comerciales, este dinero no aparece en el presupuesto oficial de defensa y puede emplearse en la compra de armas, destacó. (FIN/IPS/tra-en/aa/fah/lp-mj/ip/97
