Los activistas por los derechos femeninos de Liberia reclaman la aprobación de leyes que reconozcan a mujeres y niños los derechos que la institucionalización de los matrimonios tradicionales poligámicos les niega.
La Asociación de Abogadas de Liberia (AFELL) aspiran a que nuevas normas protejan los derechos de viudas y armonicen las leyes civiles y las tradiciones aceptadas como ley para que todas las mujeres tengan los mismos derechos dentro del matrimonio.
En Liberia se celebran matrimonios tanto civiles (a los que se llama "modernos") como tradicionales, en los que se permite al esposo casarse con más de una mujer.
Los casos judiciales que involucran matrimonios "modernos" se desarrollan en la Alta Corte, y aquellos en los que se consideran los tradicionales transcurren en tribunales de nivel más bajo. En esas cortes se desconocen los derechos femeninos, según los activistas.
A pesar de que los primeros misioneros cristianos condenaron las formas tradicionales de matrimonio en Africa, muchos liberianos aún pretenden (y lo logran) casarse con varias mujeres, dijo Joseph Johnson, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Liberia.
El experto explicó que las formas tradicionales de matrimonio tienen la finalidad de desalentar la prostitución, pues aseguran que toda mujer tiene un marido, aunque compartido.
La AFELL alertó a las autoridades que en caso de muerte del marido, sus familiares suelen pasar por encima del derecho de la o las viudas y se apropian de todos los bienes del fallecido. Las esposas son desposeídas, lo que revela la discriminación inherente en el matrimonio tradicional.
Las mujeres, niños y niñas de Liberia, que fueron las principales víctimas de la guerra civil que estalló en 1989, han sido ignorados por los gobiernos de transición y por la comunidad internacional, dijo la presidenta de la AFELL, Elizabeth Boryenneh.
La organización logró en junio la creación de una corte de menores que reclamaba hacía tres años, para lo cual contó con la ayuda del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La ley para la instalación del tribunal existía desde 1972, pero solo fue concretada por el gobierno de transición de la presidenta Ruth Sando Perry, quien designó a una abogada, Malia Doe, como su jueza.
Perry sostuvo que el gobierno no pudo dedicarse con más ahínco a la atención de estos problemas debido a la falta de experiencia y recursos financieros. "No hay agencias de servicio social, trabajadores sociales entrenados para asesoramiento ni centros de rehabilitación", dijo la jefa de Estado.
En esta materia, "las mujeres han estado a la vanguardia", agregó Perry.
Ahora que la corte está en funcionamiento, AFELL reclamará el establecimiento de centros de detención para menores separados de las cárceles de adultos, dijo Boryenneh.
"Los padres y tutores deberían ser conscientes a partir de ahora de las necesidades de sus hijos. La AFELL no vacilará en denunciar a los padres que hagan lo contrario", advirtió la abogada. (FIN/IPS/tra-en/aj/pm/mj/hd pr/97
