El primer semestre de este año, signado por la incertidumbre política, la corrupción y la falta un marco jurídico adecuado para las inversiones, representó para Ecuador una drástica caída en el flujo de capital extranjero.
Según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, en el primer semestre la inversión externa para la constitución de nuevas empresas y la capitalización de entidades establecidas llegó a unos 13 millones de dólares, mientras que en el mismo período del 1996 se registraron 33 millones.
A pesar de que estos datos no representan el capital que el Estado ecuatoriano obtuvo de las empresas extranjeras, vía impuestos, demuestran que el flujo de las inversiones retrocedió drásticamente, según el informe de la Superintendencia.
Analistas y empresarios locales coinciden en señalar que entre los principales motivos que explican la caída de la inversión externa se encuentra la inestabilidad social y política que se generó con el gobierno de Abdalá Bucaram, quien asumió en agosto de 1996 y fue destituido en febrero por el Congreso.
"No solamente existe un retroceso de la inversión externa, sino de la inversión en general", dijo a IPS Joyce de Ginatta, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, provincia que aloja a Guayaquil, la mayor ciudad del país.
Según Ginatta, "la incertidumbre afecta tanto o más a los industriales ecuatorianos que a los inversionistas extranjeros", pues "no tienen claro el panorama político ni social del país con el gobierno interino de Fabián Alarcón".
Para el analista Xavier Ribadeneira, consultor de la firma de auditoría internacional Deloitte & Touche, otro de los factores que han determinado el retroceso del flujo de capital externo es "la falta de un marco jurídico adecuado que garantice la estabilidad de los inversionistas".
Ribadeneira dijo al diario quiteño Hoy que de acuerdo al Indice de Confianza Empresarial, el 48 por ciento de las empresas nacionales considera que el entorno socioeconómico no permite atraer capitales del exterior.
"Yo no creo que la culpa deba recaer en un presidente ni en un hecho determinado, es un proceso que se viene generando desde hace mucho tiempo y que involucra problemas estructurales, de fondo", dijo Ginatta.
Por este motivo, "la solución debe ser de raíz y a largo plazo. No existe otro camino, ni siquiera la buena voluntad".
Ricardo Noboa, otro empresario de Guayaquil, considera que el país está paralizado económicamente desde 1995 tras la guerra con Perú, que se produjo a raíz de un viejo conflicto limítrofe en el primer trimestre del ese año.
Según datos del Banco Central, la inversión extranjera en 1994 llegó a la marca de 531 millones de dólares, en 1995 se redujo a 470 millones y en 1996 a 447 millones.
Para Noboa, las declaraciones realizadas por los representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos sobre la falta de reglas claras para la inversión externa, "deben ser consideradas de suma gravedad por el gobierno".
En diferentes foros públicos, los embajadores Richard Levers, de Gran Bretaña, Laurente Rapin, de Francia, y Leslie Alexander, de Estados Unidos, se refirieron a la inseguridad jurídica que existe en Ecuador para la inversión, a la corrupción en los organismos públicos y la inestabilidad política.
Asimismo, manifestaron que su obligación sería informar a los empresarios de sus países sobre la situación existente en Ecuador pues ocultar la realidad sería irresponsable de su parte.
La primera reacción del gobierno de Alarcón fue la de calificar a las intervenciones de los diplomáticos como injerencia en asuntos internos.
Sin embargo, el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Comercio Exterior, ha comenzado a dar los primeros pasos para la recuperación con el proyecto de ley denominado "De Fomento y Garantía de las Inversiones", señaló Ribadeneira.
Esta iniciativa pretende generar confianza en los inversionistas, nacionales y extranjeros, ya que podrán optar por inmovilizar el régimen tributario al que se sometieron al registrarse en el país, por un máximo de 10 años.
Este tipo de medidas se han aplicado en otros países con buenos resultados, como el caso de Perú, donde además se incluyen preferencias en materia cambiaria y para la exportación, así como flexibilidad laboral. (FIN/IPS/mg/ag/if/97
