El parlamento de Panamá comenzó el debate de un polémico proyecto de ley de descentralización del sistema educativo bajo amenaza de huelga de 25.000 maestros y profesores de las 4.000 escuelas de enseñanza pública del país.
Además de eliminar la actual Junta de Personal, integrada por dos representantes de los educadores y uno del Ministerio de Educación, el proyecto propone la constitución de 13 Consejos Educativos Regionales integrados por representantes de todos los sectores involucrados.
Los Consejos Educativos Regionales tendrán a su cargo la evaluación y el nombramiento de los maestros y profesores, y del director regional, así como la administración de los recursos y el presupuesto asignado por el Estado a las 13 regiones educativas propuestas en la ley.
El secretario general de la Asociación de Profesores, Mario Medina, dijo que el proyecto "es violatorio de la Ley Orgánica de Educación", sobre la cual se fundamenta la Junta de Personal y la centralización administrativa.
"Si los legisladores insisten en discutir el proyecto no nos están dando otra opción que irnos a la huelga nacional", añadió Medina al fundamentar su rechazo al proyecto presentado por el ministro de Educación, Pablo Thalassinos.
La paralización del sector estatal de la educación primaria y secundaria afectaría a 550.000 estudiantes.
Medina adujo que la creación de los 13 Consejos Educativos Regionales "permitirán la entronización de la politiquería" para la evaluación y el nombramiento del personal docente, "cosa que no ocurre con la actual Junta de Personal".
La Junta de Personal se encarga de seleccionar y proponer los nombramientos de los maestros y profesores egresados de los centros de estudios superiores, pero es el ministro quien tiene la última palabra al respecto, explicó Medina.
Pese a los peligros a los que se expone el sistema educativo, "los educadores nos sentimos tranquilos porque sólo estamos en la posición de defender la justicia y nuestros derechos", añadió.
El presidente de la Comisión de Educación Cultura y Deportes del parlamento, Enrique Riley, afirmó que dicha comisión está abierta a todas las opiniones y que "no se va ha hacer nada si no se escucha la posición de los educadores y si no se pone atención a las críticas que tengan a bien hacer".
En tanto, la coordinadora del Magisterio Panameño Unido, Enelda Rosales, precisó que en lugar del actual proyecto que se debate en el parlamento, el gobierno tendría que haber cumplido con los mandatos emanados de las reformas a la ley Orgánica de Educación promulgados en 1995.
Rosales señaló que si Thalassinos estuviera tan interesado en perfeccionar el sistema educativo habría sometido a concurso las direcciones nacionales y establecido los centros pilotos de educación aprobados hace dos años por el parlamento cuando reformó la ley orgánica.
Sin embargo, el asesor del Ministerio de Educación Juan Bosco Bernal dijo que el gobierno procura "una mayor autonomía de la escuela, la participación de los actores educativos y la renovación de los procesos de aprendizaje".
Tras admitir que esa propuesta tiene implicancias políticas, Bernal explicó que la descentralización "significa fortalecer la democracia participativa al permitir que las autoridades nacionales compartan y redistribuyan su poder con los organismos y estamentos regionales".
Además de los representantes oficiales, las Juntas Educativas Regionales propuestas en el proyecto estarían conformadas por los maestros y profesores, los estudiantes, las asociaciones de padres y comisionados de la sociedad civil regionales.
Bernal indicó que la reforma que pretende implementar el gobierno en Panamá forma parte de una corriente de descentralización que desde la década pasada se está aplicando en varios países de la región.
Entre ellos citó el caso de Chile, que entre 1980 y 1987 transfirió a los municipios la administración de las escuelas primarias y secundarias, y el de Argentina, que en 1987 cedió la prestación de servicios de enseñanza primaria a los gobiernos provinciales y en 1994 hizo lo mismo con el secundario.
Un sistema similar introdujo Colombia a partir de 1991 y El Salvador también descentralizó el sistema con la creación de las Asociaciones Comunales para la Educación, integradas por padres y otros representantes de la sociedad civil, señaló Bernal.
No obstante, Bernal advirtió que "como todo proceso político y social, los modelos teóricos de descentralización no son por sí solos garantía de una gestión educativa más exitosa". (FIN/IPS/sh/ag/ed/97
