La policía de Irlanda del Norte cometió graves violaciones de los derechos humanos con apoyo en la legislación "antiterrorista" de Gran Bretaña, denunció la organización Human Rights Watch (HRW), de Estados Unidos.
HRW también condenó los ataques "de castigo" perpetrados por paramilitares probritánicos y el independentista Ejército Republicano Irlandés (IRA), que aplican su propio sistema de "justicia" mediante asesinatos y brutales golpizas.
En su informe "Servir sin Favoritismos: Policía, Derechos Humanos y Responsabilidad", divulgado el miércoles, HRW destacó cuatro áreas de preocupación en la actuación de la policía de Irlanda del Norte.
Las leyes de emergencia aplicadas en Irlanda del Norte por el gobierno británico otorgaron amplios poderes a la policía para demorar, registrar, detener e interrogar a personas sospechosas de actividades terroristas.
Los sospechosos pueden ser retenidos hasta siete días sin ser acusados. La intimidación y el acoso a ellos y sus abogados es común en los centros de detención destinados a las personas arrestadas según las leyes de emergencia, afirmó HRW.
"Human Rights Watch sostiene que las mismas leyes de emergencia provocan las violaciones a los derechos humanos y solicita su derogación", indica el informe.
El gobierno de Gran Bretaña "debe reconocer que las leyes de emergencia como las aplicadas en Irlanda del Norte sirven a menudo para sostener la violencia política, al crear condiciones para la violación rutinaria de los derechos humanos", se agregó.
Los seis condados de Irlanda del Norte, de mayoría protestante probritánica, permanecieron unidas a Gran Bretaña cuando el resto del país, principalmente católico, obtuvo la independencia luego de la primera guerra mundial.
El abuso contra la minoría católica en el norte provocó enfrentamientos, agravados al llegar las tropas británicas, en 1968. Más de 3.000 personas murieron y 36.000 resultaron heridas hasta el cese de fuego dispuesto por el IRA en 1994.
HRW destacó que la policía descuidó o abandonó sus tareas tradicionales al concentrar su labor en el combate a la violencia política.
Al no existir la vigilancia policial normal, los grupos paramilitares se convirtieron en "investigador, fiscal, juez y jurado", sentenciando a miembros de su propia comunidad por delitos como tráfico de drogas, violencia doméstica y robo de automóviles.
Los castigos dispuestos por los paramilitares y el IRA incluyen el asesinato, golpizas y "órdenes de expulsión", que obligan al supuesto delincuente a abandonar una zona por determinado periodo.
Sam Cushnahan, director del grupo no gubernamental Familias contra la Intimidación y el Terror, sumó su voz al pedido de HRW de cese de los castigos aplicados por las facciones rivales.
"Los paramilitares no pueden hacer justicia por mano propia. Si se los encuentra poniendo una bomba, lo primero que exigen es un tratamiento procesal justo", observó Cushnahan.
"Sus víctimas deben tener los mismos derechos. Integramos una democracia y no debemos abusar de ella", agregó.
El IRA, que persigue la unión de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, reanudó su lucha en febrero de 1996, con una serie de atentados con bombas en Gran Bretaña, luego de un cese de fuego de 17 meses,
Mientras, los paramilitares probritánicos aumentaron la presión política el año pasado, al conmemorar victorias militares del siglo XVII de protestantes contra católicos. La comunidad católica reaccionó con ira.
HRW señaló que la falta de vigilancia policial contribuyó al colapso del imperio de la ley durante 1996.
La organización también pidió la eliminación de las leyes de emergencia, que "limitan las libertades civiles y son utilizadas por la policía para acosar e intimidar al pueblo".
Pero Cushnahan se opuso al pedido del grupo. "Las leyes de emergencia no serían necesarias si no existiera el terrorismo".
HRW recomendó la presentación de los detenidos ante la justicia ordinaria dentro de las 48 horas de su arresto, y solicitó al gobierno británico la designación de una unidad independiente para investigar las denuncias contra la policía.
Asimismo, aconsejó la incorporación de un número mayor de católicos a las fuerzas de orden público. Noventa y dos por ciento de los agentes de policía de Irlanda del Norte son protestantes, mientras que los católicos constituyen 40 por ciento de la población de la provincia.
HRW también exigió en su informe que se prohiba a la policía del uso de balas de plástico, que han causado la muerte de 14 personas, entre las que se contaban siete niños. (FIN/IPS/tra- en/dds/soh/rj/aq-ff/hd/97
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