El gobierno de Chile desconoció el principio de extraterritorialidad de los crímenes contra los derechos humanos al rechazar el juicio que se sigue en España al general Augusto Pinochet, ex dictador y actual comandante del Ejército.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile emitió un comunicado oficial este miércoles, una semana después de que el ex presidente Patricio Aylwin invocara su inmunidad diplomática en Madrid para no declarar ante el juez a cargo de la causa.
El proceso se apoya en tratados internacionales contra el genocidio y el terrorismo suscritos por Chile y España, en un acuerdo bilateral de extradición y en las normas del Derecho Penal Internacional que sancionan crímenes de lesa humanidad.
La querella contra Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar que en 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende, fue presentada por la Unión de Fiscales Progresistas de España por la desaparición y asesinato de ciudadanos de ese país durante la dictadura que se prolongó hasta 1990.
Entre los casos que investiga el juez Manuel García Castellón están los asesinatos del funcionario de Naciones Unidas Carmelo Soria y del sacerdote Joan Alsina, a los cuales se aplicó en Chile la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
"Chile no reconoce competencia a tribunales de otros países para juzgar hechos acaecidos en nuestro territorio y sometidos a las leyes y la jurisdicción de los tribunales chilenos", señala el comunicado oficial emitido por la cancillería en Santiago.
"Más allá del hecho simplemente jurídico, la querella presentada ante la Audiencia Nacional de España puede interpretarse como un juicio político a la transición de Chile hacia la democracia", agrega la declaración.
Según el ministerio que encabeza el canciller José Miguel Insulza, la transición se fundamentó en el "respeto de todas las partes al ordenamiento jurídico existente", lo cual posibilitó su carácter pacífico, valorado "con entusiasmo" por numerosos países y gobiernos, "entre ellos el de España".
El comunicado sostiene también que "la transición chilena ha considerado en todo momento y con especial preocupación el tema de los derechos humanos" con acciones judiciales que "han concluido con el encarcelamiento de importantes infractores de esos derechos".
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, quien se encontraba este miércoles en Madrid, sostuvo también en la capital española que los tribunales extranjeros no tienen competencia para juzgar hechos acontecidos en territorio chileno.
Esta posición es discrepante con principios adoptados por la Unión Europea que declaran imprescriptibles, no amnistiables y extraterritoriales a crímenes contra los derechos humanos calificados como delitos de lesa humanidad.
Si la Justicia española considerara culpable a Pinochet en el actual proceso, el ex dictador chileno podría ser detenido si pisa territorio de cualquiera de los 15 países miembros de la Unión Europea.
Pinochet, quien durante su prolongado período dictatorial estuvo sometido a un virtual enclaustramiento por la comunidad internacional, realizó desde 1990 dos viajes a Europa, que incluyeron escalas en Portugal, Francia, Suiza e Inglaterra.
El juez García Castellón no ha solicitado aún ninguna diligencia a los tribunales o a las autoridades chilenas, pero citó al ex presidente Aylwin (1990-94) el día 21, cuando éste viajó a Madrid para dictar una conferencia académica.
El propósito del magistrado era que Aylwin ampliara declaraciones que hizo en marzo, en una entrevista al diario mexicano Excelsior, sobre la responsabilidad de Pinochet ante "el tribunal de la historia" por los crímenes de la dictadura.
El ex mandatario invocó su carácter de embajador itinerante para no atender la citación judicial y se estima que la reciente declaración de la cancillería chilena responde a la molestia que causó este episodio en el gobierno del presidente Eduardo Frei.
Pero al margen de este aspecto puntual, la reacción evidencia lo delicadas que continúan siendo para el gobierno de Frei las relaciones con los militares, especialmente en materias vinculadas a las violaciones de los derechos humanos.
Las agrupaciones de familiares de unas 3.000 víctimas de la represión se quejan por la impunidad en que permanecen casi todos los crímenes contra los derechos humanos en tanto no se derogó la ley de amnistía de 1978.
De esta ley fue excluido expresamente, por presiones de Estados Unidos, el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976, lo cual permitió juzgar y finalmente encarcelar en 1995 a sus autores intelectuales.
Pero las condenas de siete y seis años de presidio contra el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, jefes de la represión dictatorial hasta 1978, fueron consideradas benévolas por los grupos humanitarios.
En 1996 fueron definitivamente amnistiados dos militares inculpados por el asesinato del español Soria, con lo cual la Corte Suprema antepuso la ley de 1978 a acuerdos internacionales de protección a diplomáticos y funcionarios de Naciones Unidas.
El gobierno de Frei no ha ratificado una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que permanece bajo estudio en la cancillería, sin que se haya planteado un plazo para un pronunciamiento en esta materia.
El rechazo al juzgamiento de Pinochet en España se inscribe en la resistencia del gobierno chileno a aceptar instrumentos internacionales o situaciones en otros países que puedan alterar las siempre frágiles relaciones cívico-militares. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/97
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