Mediante intersticios que dejan las leyes, homosexuales y lesbianas de Argentina consiguieron que se les reconozca el derecho a extender sus prestaciones médicas a convivientes, y a la pensión por viudez. Ahora reclaman el derecho a heredar y prefieren aplazar el tema de la adopción.
En diálogo con IPS, Oscar Reinoso, de la asociación Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles, sostuvo que el objetivo último es obtener una ley de unión civil, que contemple los casos de convivencia para todo lo relacionado con la herencia o el reparto de bienes cuando hay una separación.
"Tenemos una pareja homosexual que convivió por 21 años, se construyeron su casa, y cuando uno de ellos murió su familia reclamó la herencia y dejó en la calle al conviviente porque no había testamento", relató Reinoso. Para estos casos, se pide el mismo derecho de herencia de un matrimonio.
Respecto de la adopción de niños, un asunto que fue planteado por el Parlamento Europeo como un derecho que debería ser reconocido, los homosexuales de Argentina prefieren no plantearlo por ahora. La ley argentina otorga niños en adopción a parejas o a personas solas, si el juez lo admite.
De manera en apariencia casual, el secretario de seguridad social de Argentina, Carlos Torres, admitió que no existe ningún impedimento legal para que una pareja que pueda demostrar una convivencia de al menos cinco años, reclame la pensión por viudez, independientemente de su opción sexual.
Torres respondió así a un reclamo presentado por un hombre, viudo de una pareja homosexual, que reclamó la pensión por el fallecimiento de su conviviente ante una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
La ley de jubilaciones y pensiones en Argentina sólo contemplaba a los matrimonios legales hasta que se incluyó el derecho de beneficio a quienes pudieran acreditar una convivencia mayor a cinco años.
Como no se los excluyó de modo explícito, homosexuales y lesbianas intentaron acceder al beneficio. Para ello, presentaron un caso ante la justicia al tiempo que la asociación Gays y Lesbianas por los derechos civiles pidió al Estado que se pronuncie sobre el caso específico.
El caso preanuncia una ola de reclamos de pensiones de otros viudos o viudas, y suma un nuevo logro al que el movimiento de homosexuales y lesbianas había conquistado hace apenas unos días, cuando una prestadora de servicios de salud aceptó extender el beneficio a una pareja gay.
Se trata de Rafael Freda, profesor de literatura y dirigente de la asociación Gays y Lesbianas por los derechos Civiles, quien reclamó que el sistema médico del sindicato de docentes incorpore a su conviviente y le brinde sus servicios, como si se tratara de una pareja heterosexual.
El sindicato aceptó la incorporación creando jurisprudencia para otros casos. El gremio de aeronavegantes, que admitió tener una numerosa población homosexual, adelantó que muchas solicitudes que estaban en suspenso podrían seguir su curso ahora.
Los afiliados a las llamadas obras sociales, los sistemas de salud creados por los sindicatos, pagan un monto mensual que se descuenta del salario mensual para solventar ese seguro médico. Si tienen familiares a cargo los pueden inclur, pero nunca se incorporaba a una pareja homosexual.
El reconocimiento de estos derechos civiles de minorías se suma al caso de la transexual Mariela Muñoz, a quien la semana pasada la justicia argentina concedió el derecho a portar documentación de mujer pese a haber nacido varón.
Muñoz se había operado los órganos genitales en rechazo a su sexo, pero seguía siendo "Héctor" en los documentos. Según la psicoanalista Eva Giberti, el caso prosperó porque Muñoz evitó privilegiar su derecho a la sexualidad y en cambio se presentó como una mujer que quería ser madre.
Muñoz había criado a varios niños, que le fueron entregados por mujeres solas, pero la justicia le negó el derecho a darles su apellido y la procesó por apropiación de menores. Ahora, con el reconocimiento de su identidad, anticipó que seguirá peleando el derecho de adopción. (FIN/IPS/mv/dg/pr-hd/97