El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, suspendió un viaje que debía efectuar el jueves 29 de mayo al estado andino de Táchira, suroeste fronterizo con Colombia, luego que la legislatura regional convocó a un paro cívico en la misma fecha.
El paro de actividades laborales, administrativas y comerciales fue convocado por la legislatura, por 16 votos contra tres, "para exigirle al presidente solución inmediata a los problemas de salud, vialidad e inseguridad" en la región.
Los problemas de salud se tornan recurrentes en Venezuela, que en las últimas semanas de 1996 y primeras de 1997 vivió una huelga de 28.000 médicos que paralizaron incluso salas de partos, emergencias y terapia intensiva en demanda de mejoras salariales y dotación de insumos y equipos a los hospitales.
También la vialidad es un dolor de cabeza al cabo de tres lustros de crisis económica que ha desplomado la construcción y mantenimiento de infraestructura.
Pero el problema que más angustia a los actores económicos en el Táchira (provincia agrícola y comercial de 11.000 kilómetros cuadrados y un millón de habitantes) es la ola de secuestros y cobros de "vacuna" que emparentan su cotidianidad a la que se vive al otro lado de la línea fronteriza.
En los últimos años han aumentado los secuestros de ganaderos (muchos residen en Táchira aunque sus haciendas se encuentren en provincias vecinas) y la acción de grupos irregulares, bandoleros o de la guerrilla colombiana, que cobran una "vacuna" o impuesto para financiar sus actividades.
Por su ubicación, Táchira fue siempre vía de paso para el contrabando, pero en las dos últimas décadas creció el tráfico de narcóticos y de precursores químicos para la elaboración de drogas, a través de su frontera con Colombia.
En ese clima, diputados opositores en la legislatura acordaron hace dos días preparar un pliego de demandas al gobierno central y promover un paro cívico para cuando este jueves el presidente, un socialcristiano independiente de 81 años, arribase a Táchira.
Caldera debía acudir a un foro sobre "El municipio y la gestión social", organizado por el Ministerio de la Familia con 73 alcaldes de los cinco estados del suroeste andino y llanero.
Pero en vista de la convocatoria al paro cívico "el presidente suspendió su asistencia", explicó el ministro de la Familia, Carlos Altimari, mientras legisladores radicales de la región proponían llevar a Caldera el pliego de pedidos y, si éste lo rechaza, declararlo "persona non grata". (FIN/IPS/jm/jc/ip/97
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