La presencia de la población trabajadora que perdió empleos en los últimos años o está bajo amenaza de despido es el denominador común de la ola de protestas con cortes de carretera que se multiplica cada día en Argentina y mantiene en vilo al norte, centro y sur del país.
El presidente Carlos Menem suele advertir que ninguna protesta lo hará cambiar la orientación económica, que adoptó una línea neoliberal desde el inicio de su gestión. Pero con el asalto de pobladores a las rutas, las reformas comienzan a tropezar con barreras humanas.
El ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, admitió el martes 27 de mayo que "la desocupación origina problemas sociales en el interior del país" y reconoció además la responsabilidad del gobierno por el estado de crisis social general.
La norteña provincia argentina de Jujuy, en el límite con Bolivia, se transformó ese mismo día en escenario principal, pero no exclusivo, de un malestar social creciente que se viene registrando en los últimos dos meses en diversos puntos del interior a raíz del cierre de empresas y el alto desempleo.
La desocupación plena afecta a 17,4 por ciento de la población económicamente activa de Argentina. Discriminado por sexo, se trata de 19,9 por ciento de las mujeres y 16,8 por ciento de los hombres. Además, hay un 14 por ciento de subocupados.
Sin embargo, en algunas localidades de provincia la desocupación puede llegar hasta 70 por ciento luego del cierre o la reducción de una compañia que se había convertido en el eje económico del pueblo. En esos lugares, la oferta de empleo se concentra en uno o dos lugares.
En Jujuy, tras el rechazo de una oferta de creación de 2.000 puestos de trabajo temporario de los 5.000 reclamados, se realizó el martes 27 de junio una huelga con movilización callejera.
Los manifestantes pidieron la renuncia del gobernador, que se había puesto al frente de la negociación con el gobierno nacional.
El obispo de Jujuy, Marcelo Valentini, advirtió que en su provincia "hay peligro de estallido social" y coincidió con los llamados de atención de la jerarquía católica acerca de la agudización de la crisis y la necesidad de que el gobierno evite que el descontento derive en hechos violentos.
Osvaldo Musto, responsable del área laboral de la Iglesia Católica, dijo que el desempleo y la pobreza son innegables, y destacó que hasta el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, advirtió que el modelo económico local requiere una mejor distribución y más atención a los problemas sociales.
Los manifestantes jujeños expresan su descontento mediante el corte de rutas, pero a diferencia de otros distritos donde la protesta se concentr en un solo camino, en Jujuy son siete las rutas interrumpidas y este martes se realizó además un paro con movilización.
La ruta 66 está cortada en la localidad de Palpal, donde trabajadores del acero se sumaron a la protesta que comenzó la semana pasada para reclamar puestos compensatorios tras la privatización de la acería estatal Altos Hornos Zapla.
La ruta 34 sigue cortada a la altura de San Pedro, donde había un ingenio azucarero que hoy amenaza con el cierre. Cada día se suman nuevos poblados a los cortes.
El conflicto en Jujuy comenzó con el corte de la carretera nacional 34, que une a Argentina con Bolivia, bajo el control de trabajadores azucareros en protesta por la reducción de una planta de Ingenios Ledesma, hasta entonces uno de los mayores centros azucareros de América Latina.
Ingenios Ledesma era el nombre con que quedó bautizada de hecho la localidad de Libertador General San Martín, en Jujuy, donde viven unos 60.000 pobladores.
Allí trabajaban 15.000 personas hasta fines de los años 80 e incluso miles de bolivianos migraban a Jujuy para la zafra, pero el último año el ingenio se modernizó y hoy sólo emplea a unos 3.000 zafreros argentinos.
El intendente Marcelo Llanos observa que 48 por ciento de la población de San Martín está hoy por debajo de la línea de pobreza y el resto, apenas un poco mejor. La comuna alimenta cada día a 3.500 niños y niñas y el Centro de Desocupados, creado en 1994, reclama nuevas fuentes de empleo.
Ante este panorama, los manifestantes decidieron copiar la modalidad del corte de rutas que llevaron adelante trabajadores de otros puntos del país, en similares condiciones. Este martes hubo interrupción de carreteras en Tucumán, en el norte del país, en Córdoba, en el centro, y en Chubut, en el sur.
Los antecedentes de cortes de rutas se registran en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, en la sureña provincia de Neuquén, pero también hubo cortes en Rosario, la segunda ciudad más poblada del país, en la provincia de Santa Fé, y en Salta, la provincia lindante con Jujuy.
En Neuquén y en Salta el principal problema fue el cierre de plantas de la petrolera YPF, que dejó desempleados a miles de pobladores. Pero en el caso de Rosario, son diversos los rubros de las fábricas que cerraron sus puertas por efecto de la apertura comercial y la competencia externa.
En Argentina, el producto interno bruto (PIB) creció 18,3 por ciento entre 1991 y 1995 como consecuencia de la política de apertura comercial, privatización de empresas públicas, reducción de la administración pública y ajuste fiscal.
Pero en algunas provincias el índice retrocedió y los beneficios del desarrollo están rezagados. Por ejemplo en Jujuy, el PIB cayó 7,7 por ciento en ese período y en Tierra del Fuego, la provincia más austral del país, cayó 32,4 por ciento. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/97
