El presidente de Perú, Alberto Fujimori, se jugó su futuro político cuando autorizó el asalto a la embajada de Japón en Lima, tomada por guerrilleros. Sus adversarios se lanzaron ahora a una ofensiva para intentar impedir que el mandatario obtenga beneficios de su iniciativa.
Según el congresista izquierdista Gustavo Mohme, "Fujimori prepara un nuevo autogolpe aprovechando el impacto en las encuestas producido por el éxito militar del rescate de rehenes en la embajada de Japón".
Si esa afirmación es certera, los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que retuvieron a 72 rehenes entre el 17 de diciembre y el 22 de abril acabaron haciendo un favor a Fujimori.
La popularidad del presidente se encontraba en diciembre en su punto más bajo de sus siete años de gobierno (38 por ciento), y subió a 67 por ciento al día siguiente del rescate de los rehenes.
De acuerdo a la oposición, Fujimori quiere ahora aprovechar se repunte para disolver el Tribunal Constitucional peruano mediante una acusación parlamentaria y reformar el Poder Judicial, acciones ambas planeadas supuestamente para abrir paso a su ilegal reelección.
La actual Constitución, promovida por Fujimori tras disolver el Parlamento en 1992 mediante un autogolpe militar, sólo admite una reelección consecutiva.
Pero la mayoría oficialista aprobó en 1996 una "ley interpretativa" según la cual Fujimori no tendría obstáculo para postularse nuevamente en el año 2000, pues su primera elección se efectuó en 1990, cuando regía la anterior Constitución.
La oposición pidió al Tribunal Constitucional (TC) que declarara anticonstitucional ese texto.
La composición del TC fue resultado de una transacción entre la oposición y la mayoría oficialista en el parlamento y los partidos opositores lograron imponer a cuatro de sus seis miembros.
Pero tuvieron que admitir que para declarar anticonstitucional una ley se requiera de no menos de cinco votos.
Al no poder reunirlos, los cuatro miembros del tribunal designados por la oposición aprobaron la "inaplicabilidad" de la ley interpretativa, una decisión que según la mayoría parlamentaria puede originar su destitución.
Fujimori admitió días después del ataque a la embajada que el repunte de popularidad que logró podría abrirle "una ventanita" para postular a una segunda reelección consecutiva.
"Esa palabra, ventanita, se le escapó en la euforia del triunfo, y revela que trata de introducir su reelección por la ventana, porque es anticonstitucional", comentó el congresista opositor Fernando Olivera.
"Fujimori tiene una personaliidad hermética y calculadora, que sólo baja la guardia y habla demasiado en la euforia del éxito", añadió.
Otro legislador opositor, Javier Alva Orlandini, afirmó que la supresión de un capítulo del Código Electoral sobre el control del uso de los recursos del Estado y el nombramiento de tenientes gobernadores en todos los distritos revelan que Fujimori está comenzando a poner en marcha su maquinaria electoral.
"Posiblemente, tal como lo hizo entre 1994 y 1995, Fujimori pondrá en marcha en 1998 un plan de obras de impacto social que mejorarán su imagen y la opinión popular respecto de su programa económico, acción que podría considerarse com un uso populista de los recursos estatales", estimó el economista Oscar Ugarteche. (FIN/IPS/al/dg/if-ip/97
