La rápida promulgación por el gobierno de Ecuador de una ley de emergencia para el archipiélago de Galápagos, este fin de semana, fue interpretada por especialistas como un intento de las autoridades de satisfacer a las Naciones Unidas (ONU).
Una misión de la ONU llegará esta semana a Quito para evaluar la implementación de medidas recomendadas en julio de 1996 para proteger a las llamadas "islas encantadas", declaradas en 1979 patrimonio natural de la humanidad.
Entre esas recomendaciones destacan el control de las actividades turísticas, de la introducción de especies ajenas al ecosistema y del flujo de migrantes.
Si esas medidas de control no son llevadas a cabo la comisión de patrimonios de la UNESCO podría declarar a las islas en peligro de extinción.
Las Galápagos se encuentran a 1.000 kilómetros del continente, en la línea equinoccial, y representan una de las mayores fuentes de ingresos al Estado ecuatoriano por las actividades turísticas, que generan unos cuatro millones de dólares cada año.
Según Linda Cayot, de la Estación Científica Charles Darwin, el turismo también se ha convertido en el causante de la rápida colonización del archipiélago, cuyo crecimiento poblacional está por encima del de las otras 20 provincias del país.
Muchas familias han decidido radicarse en las islas en busca de mejores condiciones de vida.
Las organizaciones de colonos reclaman mayores servicios básicos, como redes de agua potable, electrificación y alcantarillado, y se han opuesto a que se establezca un régimen especial para la preservación de la zona, según Cayot.
"No existe pretexto alguno, se tuvo un año para reaccionar y a sólo unos días de recibir a la misión de Naciones Unidas el gobierno resuelve tomar cartas en el asunto de forma desesperada", dijo a IPS el biólogo Fernando Ortiz, ex director del Instituto Nacional Galápagos.
Para Ortiz, La responsabilidad "no puede recaer en este gobierno, que comenzó hace dos meses. El problema real es que en Ecuador no existe una política destinada a la protección del medio ambiente y acciones como la que se tomó ahora se deben más a un compromiso internacional y a la presión de la ONU".
Según la ley de emergencia ningún ciudadano ecuatoriano o extranjero podrá permanecer en las islas sin el carné de residencia, a excepción de los turistas, cuya estancia no será mayor de 90 días.
La entrega de nuevos carnés de residencia fue suspendida hasta que se apruebe una ley de control migratorio, que el parlamento está tratando.
El texto prevé la formación de un Consejo conformado por distintas entidades del Estado para controlar la actividad turística y disposiciones para vigilar a los pesqueros que operan en el área.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fue designado a su vex para elaborar un censo poblacional y ocupacional de las islas, que deberá estar listo a finales de junio. (FIN/IPS/mg/dg/en/97