La popularidad del presidente de Perú, Alberto Fujimori, cayó a 38 por ciento, el nivel más bajo en sus siete años de gobierno, deterioro que se agudiza acompañado de aparentes conflictos internos en sus dos principales bases de poder: el Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional.
El mandatario está atrapado por la guerra de denuncias sobre casos de corrupción y crímenes que han aflorado en las últimas semanas contra los altos mandos militares y el aparato de seguridad, y parece haber perdido capacidad de decision en esos ámbitos institucionales, según la mayoría de analistas.
"Estamos entrando en lo que parece un trompo de inestabilidad que podría desembocar en un golpe militar… No sé si en un 'autogolpe' para peremnizar a Fujimori como en 1992 o para poner otro gobernante", comentó el general retirado Sinesio Jarama.
El militar indicó que la reacción internacional ante el golpe de Fujimori y la reciente destitución de Abdala Bucaram en Ecuador "demuestran que hay espacio y tolerancia para golpes maquillados como democráticos: con parlamento y Poder Judicial aparentemente autónomos"
Aunque la popularidad de Fujimori estaba ya por debajo de 50 por ciento a principios de abril, aún superaba al porcentaje de desaprobación, pero ésta creció en ocho puntos este mes y es ahora de 52 por ciento, según el instituto independiente Apoyo.
Fujimori, quien el año pasado intentaba postularse a una segunda reelección consecutiva, alentado por un respaldo de 62 por ciento, parece no sólo afectado por una creciente impopularidad sino también por la pérdida de control de los aparatos militar y de seguridad.
Al desgaste de Fujimori, atribuido a su programa económico y que se expresa en el creciente malestar social por el alto desempleo, se suma el no haber encontrado una solución al problema de los 72 rehenes cautivos desde el 17 de diciembre en la embajada de Japón en Lima.
La veloz caída del índice de aprobacion registrada en las últimas semanas se debe a la ola de denuncias sobre corrupción y crímenes atribuidos a jefes militares y a los servicios de inteligencia.
No se conoce con precisión las fuentes de estas cada vez más frecuentes denuncias, que incluyen cobro de comisiones ilegales, torturas y asesinatos, pero la prensa recibe información procedente de los servicios de inteligencia.
Las revelaciones, que incluyen la aparición en televisión de encapuchados que se identifican como agentes de inteligencia, apuntan sobre todo contra el Servicio de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional.
Esto fue precedido por atentados contra un ex ministro del gobierno de Alan García y un parlamentario izquierdista, así como el secuestro de la jefa de redacción del más enconado diario opositor, acciones que Fujimori calificó como provocaciones destinadas a deteriorar la imagen de los servicios de seguridad.
El presidente dijo que ponía las manos en el fuego por la inocencia del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, pero dos días después la televisión reveló que, según su propia declaración de impuestos, el funcionario ganó el año pasado más de 75.000 dólares en su bufete de abogado.
El 82 por ciento de los encuestados considera necesario que el jefe de inteligencia explique el origen de sus ingresos y despeje la sospecha de que los ha obtenido gracias a su influencia en el gobierno, en tanto el 70 por ciento considera que Fujimori debería pedirle la renuncia.
Hasta ahora, la prensa opositora no se interesa por establecer el origen y los propósitos de la campaña contra el entorno y el respaldo básico de Fujimori, aunque algunos analistas creen que podría estar en gestación un nuevo golpe militar que interrumpa la legalidad actual y la sustituya por un nuevo régimen.
Se trataría de un golpe parecido al que se frustró en diciembre de 1992, que se proponía impedir la realización de las elecciones constituyentes y fue impedido por la lealtad a Fujimori de los mandos de las regiones militares y la rápida reacción de los servicios de inteligencia.
Sin partido político y con una mayoría parlamentaria que se guia por sus instrucciones personales, desde el golpe de 1992 la estructura del poder de Fujimori se basó en el respaldo del Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional, al frente de los cuales colocó al general Nicolás Hermoza y a Montesinos.
Hermoza fue mantenido como jefe del Ejército, interrumpiendo su pase a retiro mediante una decisión de Fujimori que frustró las expectativas de los jefes que tenían derecho a sucederlo, y que ahora probablemente recibirían con satisfacción que lo apartaran del camino.
Hermoza y Montesinos se fueron convirtiendo progresivamente en socios de Fujimori, conformando un triunvirato en el que sus miembros se respaldaban recíprocamente.
Ahora, los analistas no coinciden en cuanto a si Hermoza y Montesinos enfrentan juntos una conspiración contra ellos para sacarlos y debilitar a Fujimori o si, por el contrario, ambos están disputando el poder frente a un mandatario que se ha convertido en un testigo indefenso.
Pero sí concuerdan en que Fujimori parece haber perdido el control del poder, pues al día siguiente de afirmar que no reemplazaría a ninguno de los miembros de su gabinete, aceptó la renuncia del ministro del Interior, el general Juan Briones, lo que se atribuyó a presuentos conflictos en el ámbito militar.
Aún no está claro si el nuevo ministro del Interior, el general César Saucedo, quien para reemplazar a Briones debió dejar la importante y decisiva jefatura de la región militar de Lima, es "hombre" del general Hermoza o del "super espia" Montesinos. (FIN/IPS/al/ag/ip/97
