El mexicano Ricardo Aldape estuvo cerca de 15 años condenado a muerte. Ese fue el costo que pagó por su viaje ilegal a Estados Unidos cuando tenía 20 años. Hoy salió libre tras un largo juicio por homicidio.
El caso movilizó al gobierno de México, organizaciones de defensa de los derechos humanos y cientos de personas.
Aldape, quien en dos ocasiones estuvo a punto de morir por una inyección letal en el brazo, logró al fin que se le borre de la lista de 30 mexicanos, en su mayoría indocumentados, condenados a la pena capital por la justicia de Estados Unidos.
A sus 35 años, el ahora ex convicto regresa al México que dejó en 1982 con la idea de buscar fortuna, gracias a un grupo de abogados que lograron la reapertura de su caso y la invalidación de las pruebas que la fiscalía del estado de Texas manejó para condenarlo por el asesinato de un policía.
Seguros de su inocencia, gobernadores, grupos humanitarios, familiares e incluso el ex presidente Carlos Salinas (1988-1994) pidieron los últimos años a la justicia estadounidense, a través de cartas y movilizaciones, la liberación de Aldape.
Los primeros pasos para conseguir su libertad se dieron en 1993, cuando varios testigos que declararon en su contra cambiaron su versión y revelaron haber sido obligados a mentir intimidados por policías y fiscales.
El caso de Aldape despierta las esperanzas de otros mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, que en más de ocasión pidieron apoyo al gobierno de su país de origen para que se conmuten sus penas, señalaron portavoces de grupos de derechos humanos nacionales.
Hoy viven en Estados Unidos unos 3.000 condenados a muerte. La mitad son negros, hispanos o asiáticos.
La pena capital fue ejecutada contra 315 personas desde la restauración del castigo en julio de 1976 por parte de la Suprema Corte de Justicia.
La inyección letal fue aplicada en 179 casos, 122 personas murieron en la silla eléctrica, nueve en la cámara de gas, tres en la horca y dos por fusilamiento.
Gianni Fanzolato, director de la Casa del Migrante, organización humanitaria con sede en Tijuana, México, afirmó que la mayoría de los indocumentados en Estados Unidos sufren persecución judicial y discriminación policial, al tiempo que se les niega asesoramiento legal adecuado.
Según Fanzolato, uno de cada tres "mojados" (indocumentados) que recibe apoyo de la Casa del Migrante ha estado alguna vez preso en Estados Unidos.
Familiares de Aldape, el primer mexicano condenado a muerte que es liberado y regresa a su tierra, consideran una posible demanda contra la justicia de Estados Unidos por "robar 15 años de vida", a un inocente.
"En el último minuto, cuando me estén poniendo la inyección, les voy a gritar que soy inocente", declaró Aldape el 9 de mayo de 1992, tres días antes de una de las frustradas ejecuciones programadas.
Tras la entrada en vigor a inicios de mes de uno de los capítulos más controvertidos de una nueva ley de migración de Estados Unidos, políticos y grupos humanitarios pronostican que aumentarán los abusos contra los mexicanos indocumentados y que habrá, incluso, deportaciones masivas.
Mientras tanto, 70 por ciento de los crímenes cometidos en los últimos seis años por policías y civiles estadounidenses contra mexicanos permanecen impunes, informó de la Cancillería de México en septiembre de 1995.
Benjamín Clarión, gobernador del estado mexicano de Nuevo León, de donde es originario Aldape, se declaró feliz por la liberación de su paisano "gracias al apoyo del gobierno federal y estatal", y anunció que ya le busca empleo.
En Nuevo León, así como en las comunidades hispanas de Texas, se celebró el fin de la "pesadilla" de Aldape, cuyo caso convocó movilizaciones y múltiples pedidos de clemencia.
"Se ha hecho finalmente justicia. Agradezco a Dios y a todos quienes siempre se preocuparon por nosotros", declaró Francisca, madre de Aldape.
En los últimos 50 años, solo se ejecutó en Estados Unidos la pena de muerte de un mexicano, Ramón Montoya. Otros 30 siguen hoy esperando su turno. (FIN/IPS/dc/mj/hd/97
