BRASIL: Salvar cuentas públicas destruyendo instituciones

El gobierno y los parlamentarios de Brasil ingresaron en un arriesgado juego, al buscar el equilibrio en las cuentas públicas por medio de transacciones que minan aún más a las instituciones políticas.

El oficialismo logró el miércoles la aprobación de una enmienda constitucional de reforma administrativa del Estado, pero en base a un acuerdo que asegura privilegios excepcionalesa quienes ocupan cargos "transitorios" en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La enmienda fija en 10.800 reales (unos 10.200 dólares) la remuneración máxima que puede ganar un funcionario público, sumando salarios y otros tipos de pagos.

Pero abre la posibilidad de duplicar ese límite para quienes ocupan cargos "transitorios", como el presidente de la república, ministros, gobernadores electos y parlamentarios, que podrían recibir hasta 21.600 reales (20.400 dólares) sumando salarios a otras remuneraciones permanentes, como jubilación.

Para asegurarse la mayoría necesaria a la aprobación de enmiendas constitucionales, 60 por ciento del Congreso, el gobierno negoció un acuerdo incorporando esa excepción, que provocó una ola de rechazo en la opinión pública y entre los propios políticos.

El proyecto fue aprobado por 309 legisladores, apenas uno más der los necesarios para obtener mayoría.

Los puntos polémicos, como el "extratope" para cargos políticos, serán votados por separado en la próxima semana.

La ola de protestas nacionales contra esa legislación llevó a algunos líderes partidarios a revisar el acuerdo entre el gobierno y las bancadas mayoritarias.

Hay que ver "si vale la pena soportar el desgaste" que representa el acuerdo para el Congreso, dijo Inocencio de Oliveira, líder del Partido del Frente Liberal (PFL), que posee la segunda mayor representación parlamentaria y aporta firme respaldo al gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso.

La duda de los líderes políticos responde más a la eficacia del pacto que a un problema ético.

Parlamentarios del propio Partido Socialdemócrata del presidente Cardoso se rebelaron contra la "inmoralidad" del texto, incluyendo el influyente senador José Serra, ex ministro de Planificación.

El gobierno intenta también obtener el apoyo de la oposición, que rechaza la reforma administrativa globalmente, para sumar votos contra el "tope doble" en la segunda votación.

En Brasil, para ser adoptada una enmienda constitucional necesita de dos votaciones en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. La reforma administrativa ya lleva dos años en discusión en la Cámara.

El proyecto en cuestión suprime la estabilidad absoluta de los funcionarios públicos, permitiendo a los gobiernos central, estaduales y municipales despedir a sus empleados si los gastos salariales superan 60 por ciento de los ingresos presupuestales y en casos de ineficiencia comprobada.

El ministro de Administración, Luiz Bresser Pereira, estimó en 6.000 millones de reales (5.600 millones de dólares) la reducción de los gastos públicos en el primer año de vigencia de la ley, ahorro que podría multiplicarse por dos en cinco años.

Ello representa 0,75 por ciento del producto interno bruto, exactamente el superávit fiscal primario, que excluye el pago de intereses de la deuda pública, que el gobierno tiene como meta este año, para empezar a superar la mayor amenaza a la estabilidad económica, según el consenso entre economistas.

Dirigentes empresariales, de la Iglesia, los medios de comunicación y otros sectores condenaron la permanencia de privilegios en el exto, obligando a los líderes oficialistas a reanudar negociaciones para buscar una alternativa.

La prensa resucitó la denominación de "marajá" para identificar a quienes ganan salarios muy elevados en el sector público, utilizada para referirse la administración del presidente Fernando Coolor, destituido en 1992 tras tres años de gestión. (FIN/IPS/mo/dg/ip/97

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