Organizaciones campesinas de América Central denunciaron que en la región se está produciendo una concentración de la tierra y una reversión de los procesos de reforma agraria con los cuales los gobiernos intentaron conjurar el estallido social.
En El Salvador, las deudas están ahogando a los productores y obligándolos a vender sus tierras, dijo Ana Guadalupe Castillo. Una situación similar ocurre en Nicaragua, según Jorge Martínez.
Consuelo Cabrera, de la Coordinadora Nacional de Pequeños y Medianos Productores (Conampro) de Guatemala, asegura que el 98 por ciento de la población campesina de ese país no tiene tierra o la que posee no es cultivable, en tanto que el dos por ciento concentra grandes cantidades.
Para analizar estos problemas, representantes de 130 organizaciones campesinas del América Central iniciaron este lunes una reunión en San José que concluye el jueves.
Martínez, directivo de una cooperativa agraria y diputado a la Asamblea Nacional por el opositor Frente Sandinista de Nicaragua, dijo que de 1980 a 1990 ese partido, entonces en el poder, entregó 2,3 millones de hectáreas a 120.000 familias campesinas.
Para hacer la reforma, el gobierno sandinista despojó a cientos de grandes propietarios, lo que generó un conflicto por la posesión que aún se trata de resolver.
En el período de gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997) otras 400.000 hectáreas fueron entregadas a desmovilizados del Ejército y de los rebeldes llamados "contras".
Pero ahora, dijo el diputado sandinista, se está dando en Nicaragua un proceso de recompra de tierras por parte de los antiguos dueños, debido a que los nuevos propietarios enfrentan grandes deudas. De esta forma, el campesinado ha perdido en los últimos años 650.000 hectáreas.
Durante el gobierno de Chamorro fueron devueltas más de 200.000 hectáreas a sus antiguos propietarios, al igual que 200 empresas industriales.
Martínez dice que su partido avala una propuesta hecha por el Centro Carter y el Banco Interamericano de Desarrollo en el sentido de que se indemnice justamente a los ex propietarios y se establezca la imposibilidad de devolver esas tierras.
Aseguró que la reforma sandinista dejó en manos del campesinado el 40 por ciento de la propiedad, pero ahora esa cifra puede oscilar en el 32 por ciento del total de tierras agrícolas, para pequeños productores.
La queja de las organizaciones campesinas centroamericanas consiste en que la apertura política no ha sido acompañada de una apertura económica a favor de este sector de la población, que sigue sin acceso al crédito, la tecnología y los mercados.
Ana Guadalupe Castillo, de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios de El Salvador, considera que los campesinos están excluidos de la reforma económica regional.
"Muchos de los que tienen tierra no la pueden trabajar, porque no pueden tener crédito, ni tecnología, y deben pagar insumos muy caros, con lo cual la producción es carísima y no resulta competitiva", indicó.
A esa situación de encarecimiento, así como la paralización de los pequeños productores por la falta de herramientas básicas, atribuyen los dirigentes el hecho de que la región haya quintuplicado sus importaciones agrícolas en sólo seis años.
Según datos de la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas, en 1990 la región importó 90.000 toneladas de productos básicos, pero en 1996 las compras llegaron a 600.000 toneladas.
Castillo señaló que 450.000 familias campesinas salvadoreñas no poseen tierra, 57 por ciento de la población rural.
El problema no es menos grave en Guatemala. Según Cabrera, 98 por ciento de la población campesina no tiene tierra o no es cultivable. Ese país, que en 1996 terminó una guerra interna de más de tres décadas, tiene un índice de pobreza de 70 por ciento.
Frente a esta situación, las organizaciones campesinas llevan adelante una política de invasión de fincas, para obligar al gobierno a comprarlas y repartirlas entre pequeños parceleros. Cabrera estimó que hay unas 300 fincas tomadas en todo el país, todas ellas de más de mil hectáreas cada una.
Esta estrategia, sin embargo, ha tenido escaso éxito, porque en 1996 sólo fueron compradas unas seis fincas, relató.
Además de la tierra para vivir, la población campesina guatemalteca, la mayoría de orígen indígena, busca los medios para incidir en el poder y en la construcción del nuevo Estado multilingüe y pluricultural establecido en los acuerdos de paz de diciembre pasado.
"De punta a punta, Centroamérica está tensada por un problema de siglos, el derecho a la tierra", señala una publicación de la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas.
En Honduras, 300.000 familias demandan una parcela. En Panamá los problemas tienen que ver con escasa infraestructura de apoyo a la producción, altos costos de insumos y de comercialización.
En Costa Rica, según dirigentes de la Mesa Campesina, el problema mayor no radica en la tenencia de la tierra sino en ponerla a producir, por los mismos problemas de costos y de comercialización que se enfrenta en toda la región. (FIN/IPS/mso/ag/ip-pr/97
