Las minas de carbón son el motivo de una disputa por las tierras en los desiertos de Arizona, donde se pretende desalojar a familias indígenas de Estados Unidos de sus hogares ancestrales.
Para muchos, se trata de un conflicto territorial entre los pueblos navajo y hopi que se remonta a 1882, cuando el presidente Grover Cleveland creó un área de 6.070 kilómetros cuadrados para la radicación de reservas conjuntas. Pero la verdad es otra.
"¿Por qué pretenden reubicarnos? Por el carbón", explicó Rose Hellinger, del pueblo navajo.
En 1863, cuando eran acosados casi hasta el exterminio por el ejército de Estados Unidos, los hopi invitaron a refugiados navajos a Big Mountain, donde los dos pueblos vivieron como amigos hasta fines de la década de 1960.
"Esto no es una disputa por tierras entre hopis y navajos. Nosotros éramos pueblos interdependientes, no enemigos. Empresas multinacionales empujan a los pueblos nativos fuera de sus tierras para sacar provecho", explicó Hellinger.
El carbón en cuestión se encuentra en los 160 kilómetros cuadrados de la veta de Black Mesa, el depósito más rico de América del Norte, donde el gobierno de Estados Unidos descubrió a fines del siglo pasado carbón y petróleo.
Pero las pretensiones de las compañías mineras y petroleras tropezaron con la negativa inicial de los navajos a concederles el uso de la tierra, así como con la cultura hopi, que no reconoce la autoridad del gobierno en Washington.
En la década del 60, un grupo de líderes hopi aceptaron una propuesta de John Boyden, un abogado de Salt Lake City que había trabajado para empresas carboneras, quien ofreció sus servicios por una pequeña suma de dinero.
Así, a instancias de Boyden se instaló un Consejo Tribal Hopi integrado por los líderes de apenas tres de las 12 tribus de ese pueblo, que reclamaron al gobierno federal iguales derechos que los navajos a los depósitos de carbón de Black Mesa.
La demanda fue exitosa. En 1966, Boyden llevó a los hopis a firmar concesiones a la Compañía de Carbón Peabody. El Consejo Tribal Navajo no quiso quedar afuera y se apresuró a firmar acuerdos similares.
Poco después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Asentamientos Navajo-Hopis, que dividió 7.280 kilómetros cuadrados entre los dos pueblos. Cualquier miembro de las dos tribus que fuera encontrado del lado equivocado era obligado a cruzar la "frontera".
Había un centenar de hopis en lo que pasó a ser tierra navaja, y más de 12.000 navajos en territorio hopi, donde se encuentra la mayor parte de las reservas de carbón conocidas.
La ley también obligó a una reducción inmediata de 90 por ciento del ganado que pastaba en tierras hopi y atribuyó al cuerpo indígena de policía de ese pueblo el derecho a confiscar ganado navajo que se encontrara en áreas no reservadas a ese fin.
El gobierno ofreció a las familias navajo 5.000 dólares para abandonar sus hogares tradicionales y mudarse a las viviendas que se construirían en la periferia de la reserva. Miles aceparon el trato.
Pero muchos de los navajos reubicados desconocían cómo desempeñarse en una economía urbana. En la mayoría de los casos, los 5.000 dólares se gastaron pronto. Muchos perdieron sus nuevas casas. Ahora, sufren mucho más desempleo, alcoholismo y suicidios que los navajos que no aceptaron la oferta.
"Esta situación es peor que el apartheid (segregación racial institucionalizada que rigió en Sudáfrica hasta 1994). Esto es limpieza étnica por disposición gubernamental", dijo Bruce Ellison, abogado de los navajos.
A mediados de los años setenta se aceleró la explotación de carbón en la tierra de hopis y navajos. Mientras, 200 familias navajo seguían aferrados a sus hogares ancestrales.
El 5 de agosto de 1993, el mediador federal en la disputa territorial, juez Harold McCue, propuso a esas familias la reubicación en la reserva o la firma de un contrato por 75 años que no les habría dado más que unos pocos derechos sobre la tierra en la que vivieron durante muchas generaciones.
Pero la oferta fue rechazada.
El Consejo Tribal Hopi pidió a la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) que presionara más a las familias navajo. Con el invierno en los talones, los policías hopi comenzaron a confiscarles leña, con la excusa de que había sido cortada sin permiso de los hopi y la BIA, así como hachas y sierras.
Los agentes también demolieron las nuevas construcciones de los navajo y, en noviembre de 1993, la BIA ordenó incursiones diarias para arrear su ganado, al tiempo que multiplicó por diez la multa para recuperar los animales, de 100 a 1.000 dólares por cada uno.
Peabody es propiedad del conglomerado británico Hanson Plc., y opera dos minas en territorio de la reserva, la Kayenta, de donde se extaen siete millones de toneladas de carbón cada año, y la Black Mesa, que produce cinco millones de toneladas.
El carbón de Kayenta se lleva a través de trenes eléctricos a una planta de generación de energía en Page, Arizona, mientras desde Black Mesa se transporta 600 kilómetros de distancia a través de un ducto, mezclado con casi cinco millones de litros de agua originaria de las menguantes napas subterráneas.
Medio centenar de manantiales se secaron. Además, en los últimos 15 años se registraron muertes de ganado navajo que bebió agua surgente cerca de las minas. Los exámenes demuestran que el agua está contaminada con plomo, arsénico y cobre.
"Los restos de nuestros ancestros son desenterrados y llevados al lugar donde queman el carbón", dijo Louise Benally, de la nación navaja Dineh. Por lo menos cuatro cementerios navajo fueron excavados en 1993.
Pero un juez determinó que Peabody violaba leyes nacionales de minería y las leyes ambientales tanto en la mina como en el ducto, del cual es copropietario junto con la compañía petrolera Enron.
"Nuestro idioma no tiene una palabra para la reubicación. Irte de tu casa para no volver jamás es, para nosotros, algo parecido a la muerte", dijo Roberta Blackgoat, líder de la resistencia navaja. (FIN/IPS/tra-en/jstc/yjc/mj/pr en/97
