En un repentino giro respecto de un polémico programa de liberalización de la economía, el gobierno de Panamá retomó parcialmente la política de control de precios para varios artículos de primera necesidad con el fin de detener la especulación.
La medida incluye la congelación por seis meses de la tarifa del gas doméstico y los precios de la leche, el azúcar, algunas medicinas y los textos escolares, actualmente objeto de especulación por parte de los distribuidores.
La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac) recientemente creada denunció esta semana que al menos 20 libros incluidos en los programas de enseñanza primaria por el Ministerio de Educación habían sufrido una alteración sustancial de precios al inicio del año escolar.
Las editoriales y distribuidoras sometieron el precio de venta de dichos textos a una comisión evaluadora del Clicac, pero al ponerlo a la venta al público incrementaron su precio hasta 75 por ciento del máximo autorizado.
En los últimos meses también sufrieron un aumento de precios la leche pasteurizada y sus derivados, así como la harina, el pan, las medicinas y los textos y útiles escolares.
El decreto oficial señaló que estos productos, beneficiados con recientes rebajas de aranceles de importación, "son manejados por duopolios y oligopolios que impiden que la rebaja arancelaria se transfiera al consumidor".
La congelación de precios se produce en momentos en que el Instituto de Estudios Nacionales (IEN) de la estatal Universidad de Panamá denuncio que la canasta básica familiar se incrementó en 14 por ciento durante 1996.
El director del IEN, Juan Jované, indicó que la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, que incluye unos 40 productos pasó de 197,10 a 225 dólares entre 1995 y 1996, pese a que el índice de precios al consumidor aumentó sólo 1,3 por ciento el año pasado, según la Contraloría de la República.
El experto afirmó que ello es consecuencia directa de la política de desregulación de precios y otras medidas económicas adoptadas por el presidente Ernesto Pérez Balladares como parte del plan de modernización de la economía.
El programa, que incluyó la privatización de las empresas públicas, la eliminación y rebaja de aranceles de importación, cambios en las leyes impositivas y reformas a la ley laboral procura insertar al país en el proceso de globalización y reducir los altos índices de pobreza y desempleo existentes en Panamá.
Sin embargo, Jované advirtió que quienes diseñaron el plan "se olvidaron de la palabra equidad" y de "buscar un modelo que logre traducir los efectos del progreso económico en mejores niveles de vida para la población".
Panamá ocupa el penúltimo lugar en América Latina en cuanto a distribución de la riqueza, junto con Chile y superado sólo por Brasil.
Más del 46 por ciento de los 2.5 millones panameños vive en condiciones de pobreza absoluta, en tanto que el desempleo abierto afecta a 14 por ciento de la población económicamente activa, compuesta por alrededor de 1.050.000 personas. (FIN/IPS/sh/ag/if/97
