La Iglesia Católica de México apoya una propuesta para revisar los expedientes de más de 5.000 indígenas presos y dictar una ley de amnistía.
El presidente de la Comisión Episcopal Indígena, el obispo Felipe Arizmendi, dijo que es justo el pedido hecho en febrero por un grupo de nativos presos en el sureño estado de Chiapas para que se analice sus casos y se apruebe una amnistía.
Arizmendi indicó que la Iglesia Católica demandó al gobierno en 1992 que atendiera la situación de los indígenas presos, tras comprobar violaciones de los derechos humanos.
Los 5.740 indígenas detenidos en diversas cárceles del país sufren violaciones de sus derechos humanos y tienen pocas posibilidades de ser juzgados con objetividad, reconocen estudios oficiales.
Documentos de la Procuraduría General y del Instituto Nacional Indigenista señalan que estos presos "van al encuentro de un mundo distinto y hostil, donde se utiliza otra lengua, y se les aplica una ley que ignoran".
Los organismos oficiales reconocen que "muy pocos de los indígenas sentenciados o en proceso contaron con un traductor, la mayoría es asistido por un defensor de oficio ineficaz e ineficiente".
La Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que las disposiciones constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y sus normas secundarias en materia penal, como la posibilidad de ser procesados en su lengua nativa, constituyen "letra muerta".
La emigración, las dificultades para adaptarse a un medio ajeno, la falta de empleo y el desconocimiento de la ley llevan a los nativos a delinquir, muchas veces sin que lo sepan, según la Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría.
En México hay unos 12 millones de indígenas, la mayoría de los cuales viven en condiciones de pobreza y marginalidad. (FIN/IPS/dc/ag/hd-pr/97
