La detención de dos sacerdotes y dos dirigentes indígenas en el sureño estado de Chiapas reactivó viejos roces entre autoridades de México y un sector de la Iglesia Católica, y sumó nuevos obstáculos al suspendido proceso de paz.
Javier Elorriaga, portavoz del Frente Zapatista de Liberación Nacional, uno de los brazos civiles de la guerrilla de Chiapas, dijo a IPS que las detenciones son una provocación del gobierno, que lo que se hace es "echar más leña al fuego".
El gobierno y la Procuraduría de Chiapas consideraron correctas las detenciones registradas el fin de semana, pues los sacerdotes y campesinos, acusados de homicidio, mientras para las autoridades federales se trata de un hecho ajeno a los intentos para retomar el diálogo con la guerrilla zapatista.
Sin embargo para la diócesis de San Cristobal, cuyo obispo Samuel Ruiz es uno de los mediadores del diálogo entre la guerrilla y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, las "injustas y falsas" acusaciones enturbian los intentos de pacificación.
Este lunes fueron consignados penalmente en Chiapas, los sacerdotes jesuitas Gonzalo Rosas y Jerónimo Hernández, tras estar incomunicados durante más de 20 horas,
También fueron presentados ante los jueces los dirigentes campesinos Ramón Parcero y Francisco González, quienes como los sacerdotes son acusados de organizar una emboscada contra la policía para evitar un desalojo de campesinos de tierras supuestamente invadidas. En la acción murieron dos policías.
Los abogados de los detenidos y la diócesis de San Cristobal afirman que los cargos fueron inventados, pues ninguno de los cuatro acusados estuvo presente cuando se registraron los enfrentamientos.
El obispo coadjutor de San Cristobal, Raul Vera, dijo que no se descarta que las detenciones "sean de venganza porque estuvieron denunciando la impunidad y lo que que acontece al norte del estado", zona donde operan grupos paramilitares y hay graves problemas agrarios entre nativos y caciques.
Según el sacerdote Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación, presidida por Ruiz, el encarcelamiento es parte de una "campaña permanente contra las instancias que buscan la paz" en Chiapas.
Los mediadores del Congreso retiraron una propuesta de reformas legales que dividió a las partes y retomó sus esfuerzos para que se reanude el diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), suspendido en septiembre.
Mientras el gobierno afirma que está listo para continuar el diálogo, el EZLN denuncia que continúa el acoso militar en sus zonas de influencia y que las autoridades planean un ataque armado.
Vera, quien hace dos semanas acusó al gobierno de incumplir los acuerdos sobre derechos indígenas firmados con el EZLN en 1996, declaró que la injusticia e impunidad en Chiapas no se resolverá "inventando culpables", como los sacerdotes.
Los roces entre autoridades y miembros de la Iglesia Católica de Chiapas se remontan a la época de la llamada conquista española miembros de la Iglesia Católica, al denunciar la injusticia reinante y la explotación de los indígenas.
En los últimos siete años siete sacerdotes extranjeros fueron expulsados de ese estado, donde hizo su aparición la guerrilla zapatista a principios de 1994, y otros 15 han sido conminados a abandonar el país.
Además, se han registrado varios encarcelamientos de sacerdotes, como el del jesuita Joel Padrón, a quien incluso se acusaba de ser el subcomandante Marcos, máximo líder del EZLN.
La orden de los jesuitas y la diócesis de San Cristobal advirtieron que continuarán su trabajo al lado de los indígenas de Chiapas, uno de los estados más pobres de México, pese a las "acciones de provocación" contra sus miembros.
Varios historiadores afirman que los orígenes del EZLN están estrechamente ligados al trabajo de evangelización y denuncia de un sector de la Iglesia Católica identificado con la llamada Teología de la Liberación. (FIN/IPS/dc/ag/ip/97
