ESPAÑA: La Justicia podrá investigar la guerra sucia a fondo

La Justicia española podrá investigar a fondo la "guerra sucia" realizada contra los separatistas vascos entre 1983 y 1986, al ordenar hoy el Tribunal Supremo que se entreguen a los jueces documentos secretos de los servicios de inteligencia.

Los 33 jueces de la sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia revocaron la decisión de los gobiernos del socialista Felipe González (1982-96) y de su sucesor, el centroderechista José María Aznar, de mantener secretos documentos requeridos por tres jueces que instruyen sumarios del "caso GAL".

Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), organizados desde el Ministerio del Interior, cometieron más de 40 atentados y mataron a 27 personas entre 1983 y 1986, la mayoría ajenas a la organización separatista ilegal Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad).

Apenas conocida la decisión del Supremo, José Luis Reguero, María Tardón y Eduardo Rodríguez, portavoces de tres organizaciones de jueces y magistrados de tendencias diversas, expresaron su satisfacción porque, coincidieron, "se ha dicho no a la impunidad".

Los socialistas dijeron que no la medida no les afecta, el gobierno se comprometió a respetar la decisión del Supremo, mientras los nacionalistas vascos moderados y la coalición Izquierda Unida (IU) aplaudieron la sentencia.

Hasta ahora los tres jueces que iniciaron las investigaciones, Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, y el juez del supremo Eduardo Móner, no pudieron utilizar como pruebas esos documentos, a pesar de ser conocidos, por estar clasificados como secretos.

El gobierno anterior y el actual justificaron su negativa a desclasificarlos como pedían los jueces bajo el argumento de que se afectaría a la seguridad nacional, por el desprestigio que significaría para el Centro Superior de Información para la Defensa (CESID), el organismo de inteligencia del Estado.

Los jueces del Supremo han resuelto por unanimidad que 13 de los 16 documentos solicitados no afectan a esa seguridad y que deben ser entregados.

En general los textos que se desclasifican se refieren a la actuación de miembros del Cesid y de otros cuerpos policiales en la guerra sucia, así como su relación con los más altos mandos del Ministerio del Interior, incluido su entonces titular, José Barrionuevo, actualmente procesado en el caso GAL.

Uno de esos documentos requerirá peritajes y testimonios adicionales, para decidir o no acerca de la implicación directa de Felipe González en la trama de los GAL.

Allí el entonces director de operaciones del Cesid, Juan Alberto Perote, informó al director de ese organismo, general Emilio Alonso Manglano, de la "inminencia del comienzo de las acciones contra ETA".

Manglano escribió a mano: "Me lo quedo, Pte. para el viernes".

Perote declaró al juez que esa anotación indica que Manglano trataría el asunto con el presidente del gobierno, Felipe González, en su habitual reunión de los viernes. Manglano dijo al mismo juez que las tres letras querían decir "pendiente" y no "presidente".

Ahora los jueces podrán pedir testimonios y pruebas para determinar si González y Manglano se reunían los viernes y también comprobar si en otros casos se utilizó esa abreviatura. Fuentes judiciales no excluyen que el propio González sea llamado a declarar.

Pero con independencia de esas actuaciones, la incorporación formal de los documentos desclasificados a los procesos permitirá a los jueces acumular más pruebas contra Barrionuevo y una veintena de altos mandos de interior procesados en varios juicios que componen el caso Gal.

Otro documento desclasificado es conocido como "Acta fundacional de los GAL", de enero de 1983, en el que se propone el montaje de operaciones delictivas encaminadas a la eliminación física de miembros de ETA.

Otros documentos son los comunicados anónimos enviados en nombre del GAL a los medios de comunicación, para reivindicar los atentados.

La mayoría de los procesados, como ex gobernadores civiles (máxima autoridad de las fuerzas de seguridad en cada provincia), ex directores de la lucha antiterrorista, jefes y comisarios de policía y el ex secretario general socialista vasco dicen haber actuado por órdenes del gobierno de González, lo que éste niega.

En estos días se recuerdan unas declaraciones realizadas en septiembre de 1983 por José Barrionuevo, entonces ministro, a la periodista Pilar Urbano, que en 1996 ganó reconocimiento internacional por su biografía autorizada de la Reina Sofía.

Al decirle Barrionuevo que en ese momento asumía directamente la lucha antiterrorista "a todo o nada", Urbano le preguntó si era la suya una decisión solitaria o una respuesta a urgencias transmitidas por el jefe del gobierno.

Barrionuevo replicó: "De vez en cuando, Felipe González me comenta cómo su gran amigo Carlos Andrés Pérez, cuando era ministro del Interior, antes de ser presidente, abatió el terrorismo en Venezuela. Y esa experiencia ajena me anima. ¿Por qué no nosotros?". (FIN/IPS/td/dg/ip/97)

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