El gobierno de Guatemala intenta convencer a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) de que descarte el envío de un asesor independiente, al considerar que en el país se ha avanzado mucho en el respeto a los derechos individuales.
"Se hacen contactos con autoridades de los países que estarán representados en la Asamblea, para mostrarles los avances y las recomendaciones que se han cumplido, así como la trascendencia que tuvo la firma de la paz, para que ésto sea considerado al emitir su voto", dijo el vicecanciller Gabriel Aguilera.
Guatemala se encuentra actualmente en el renglón 21 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que corresponde a las naciones que necesitan la presencia de un asesor en derechos humanos.
Esa situación será analizada nuevamente en la próxima reunión de la Comisión, el 10 de marzo, en Ginebra.
Aguilera señaló que la decisión de la Asamblea dependerá, en gran parte, del informe que presentará la actual experta independiente para Guatemala, la argentina Mónica Pinto.
Pinto reconoció que existían avances en la materia pero también señaló que persistían algunas violaciones.
El último informe de la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (Minugua), presentado este miércoles, reconoce progresos, destacando un mayor respeto de parte de los agentes del Estado al derecho a la vida.
"No obstante los progresos logrados, el goce de los derechos humanos por la población aún es precario y los esfuerzos gubernamentales contra el crimen y la impunidad han alcanzado resultados parciales y no se ha logrado vislumbrar una solución al grave problema de la inseguridad ciudadana", observa.
Minugua está en el país desde 1994, como verificadora del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado por el gobierno y la guerrilla en ese año.
Tras la firma de la paz el 29 de diciembre, se amplió su mandato y la Misión se encargará de la verificación de todos los acuerdos pactados.
Uno de los argumentos del gobierno para pedir que se retire al experto independiente es que Minugua se encuentra en el país, pero las organizaciones humanitarias aducen que la función de esa misión y la del experto son diferentes.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Ronalth Ochaeta, dijo a IPS que su organización, la Alianza Contra la Impunidad y la Fundación Myrna Mack sostienen que Guatemala debe permanecer por lo menos un año más bajo la observación de un experto de Naciones Unidas.
Según Ochaeta la decisión va a ser muy reñida, porque el gobierno tras la firma de la paz, tiene muy buenas cartas de presentación.
En Guatemala aún existen "fuerzas que pueden alentar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado" y por lo tanto la asesoría debe continuar, consideró.
En procesos de transición como el que vive Guatemala es indispensable el control de la comunidad internacional, sostiene.
La Alianza Contra la Impunidad se opone rotundamente a que se retire la asesoría de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ya que si bien ha habido mejorías, aún continúan las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones, señaló a IPS sus dirigente Karen Fischer.
"Hay quienes consideran que porque se firmó la paz ya todo está solucionado, pero la paz no es la firma de un papel, a la paz hay que construirla y en Guatemala todavía tiene muchos enemigos", afirmó.
Nineth Montenegro, diputada del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, dijo a su vez que si bien el país ya no será señalado como violador de los derechos humanos es necesario que continúe, un año más como mínimo, la asesoría de Mónica Pinto, lo que permitirá consolidar el proceso de paz.
Para el diputado Pablo Duarte, del derechista Frente Republicano Guatemalteco, si bien los derechos humanos se siguen violando por parte del Estado, por omisión o por acción, los avances han sido reales y tras la firma de la paz el gobierno debe gozar del beneficio de la duda. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/97
