Turquía fue el país con más periodistas encarcelados en 1996, mientras Argelia fue el más mortal para el ejercicio de la profesión, según una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvo en su último informe, "Ataques a la prensa en 1996", que Turquía encarceló más periodistas que los cinco países que le siguen en la lista sumados.
Turquía fue, por tercer año consecutivo, el país con más periodistas presos, según el informe.
En un año que concluyó con 27 periodistas asesinados y una cifra sin precedentes de 185 presos por el ejercicio de la profesión, Turquía mantuvo en la cárcel a 78, 27 más de los encarcelados 1995.
"El gobierno de Turquía es, una vez más, el más atroz ejemplo de cómo un gobierno convierte en delito el ejercicio del periodismo independiente", dijo William A. Orme Jr., director ejecutivo del CPJ.
Las acusaciones contra casi todos los periodistas arrestados en Turquía se refirió a la cobertura del conflicto con la minoría kurda, sostuvo el CPJ.
Los siguientes cinco países en la lista de periodistas encarcelados por ejercer su profesión son Etiopía (18 presos), China (17), Kuwait (15), Nigeria (ocho) y Birmania (también ocho).
Argelia, que no integra esa lista, fue, sin embargo, "el lugar más peligroso del mundo para los periodistas" en el cuarto año de brutal guerra civil, según el informe.
Desde que el ejército dejó sin efecto las elecciones de enero de 1992, alrededor de 60.000 personas murieron a causa de la violencia política. Desde marzo de 1993, 53 periodistas fueron asesinados, según el CJP. En 1996, lo fueron siete, a los que se sumaron varios otros trabajadores de medios de comunicación.
El Grupo Islámico Armado (GIA), que reivindica la mitad de esos asesinatos, alega complicidad entre los medios de comunicación y el gobierno de Argelia, recordó el CPJ.
El gobierno ciñó su control mediante la instalación de "comités de lectura" que impiden la publicación de noticias que transgredan el punto de vista oficial.
La censura también incluye la prohibición de informes sobre las bajas de las fuerzas del gobierno, abusos contra los derechos humanos y las posturas de los movimientos musulmanes.
Seis periodistas que cubrían la guerra secesionista en Chechenia fueron asesinados en Rusia, y también hubo muertes en Angola, Bangladesh, Colombia, Chipre, Filipinas, India, Indonesia, Irlanda, Tajikistán, Turquía y Ucrania.
En total, hubo 26 asesinatos de periodistas en 1996 a causa del ejercicio de la profesión, mientras en 1995 hubo 57.
El colombiano Norvey Díaz, periodista de Radio Colina, fue hallado muerto con un balazo en el cuello el 18 de octubre, en el centro turístico de Girardot.
Díaz había sido amenazado por sus informes sobre la presunta complicidad de policías con asesinatos de gente que vive en la calle y sobre inversiones de narcotraficantes en la industria turística.
Metin Goktepe, columnista del diario turco Evrensel, fue abatido a balazos por policías el 8 de enero, tras su informe sobre la muerte de dos presos izquierdistas en Estambul durante una asonada carcelaria.
El CPJ pidió audiencia con funcionarios del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, para que manifiesten su contrariedad ante los asesinatos y encarcelamientos de periodistas y las violaciones contra la libertad de prensa en otros países.
"Reclamamos a los diplomáticos estadounidenses que sean más enérgicos en sus condenas a los encarcelamientos de periodistas en Turquía, Etiopía, Nigeria y Vietnam, países donde el CPJ cree que la presión de Washington contribuiría en su liberación", dijo Orme.
El gobierno militar de Nigeria acusó de traición al dramaturgo exiliado Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura, y otras 14 personas, debido a una serie de atentados con explosivos en varias ciudades del país africano en los últimos meses.
El año pasado se produjo una serie de arrestos de periodistas independientes en Nigeria, todos ellos sin acusación formal, vinculados con artículos críticos hacia el régimen militar, agregó el CPJ.
El presidente de Nigeria, general Sani Abacha, impulsó una arremetida contra la prensa independiente que arrastró "a los periodistas fuera de la profesión o al exilio", según el informe.
Los profesionales, además, son presionados para que revelen sus fuentes de información pero eligen, en cambio, sufrir penas de prisión por tiempo indefinido.
El año 1996 concluyó con varios arrestos de editores y corresponsales y con el anuncio de la creación de una corte judicial separada para canalizar las acusaciones contra periodistas.
Etiopía arrestó a más periodistas que el resto de los países de Africa subsahariana por cuarto año consecutivo. En ese país, los periodistas son acusados, censurados, arrestados y detenidos ilegalmente durante semanas o meses sin acusaciones ni juicios.
Cuatro editores del diario Amharic y el semanario Tobia sufrieron arrestos sin acusación. En marzo, representantes del CPJ viajaron a Etiopía para investigar el problema y entrevistarse con funcionarios del gobierno.
El grupo reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas arrestados en ejercicio de su derecho legal a informar, así como la eliminación de las fianzas abusivas "que tienen la finalidad de llevar a las publicaciones privadas a la insolvencia".
Los funcionarios del gobierno deberían ser instruidos acerca de los derechos de los periodistas, el papel de la prensa en una sociedad democrática y en materia de derechos humanos, según el CPJ. Además, debería introducirse un sistema que admita la propiedad privada de los medios electrónicos.
El CPJ observó que las luchas civiles y las guerras separatistas dieron las excusas necesarias para atacar a la libertad de prensa en el sur de Asia, mientras los regímenes del este del continente impidieron el acceso a la información a través de Internet y el periodismo disidente.
China bloqueó el acceso a los sitios de Internet impulsados por organizaciones noticiosas de Hong Kong y Estados Unidos, así como la página Web del diario en idioma chino Ming Pao.
Singapur, por su parte, creó una inspección de Internet y reclamó a las tres empresas que suministran servicios de acceso a la red que bloqueen el ingreso a determinados sitios.
Mientras tanto, China e Indonesia continuaron reprimiendo a los periodistas opositores, informó el CPJ.
Una corte en Beijing sentenció al disidente Wang Dan a 11 años de cárcel, tras acusarlo de atacar al gobierno en sus artículos difundidos en la prensa extranjera. Los periodistas de Hong Kong están inquietos a medida que se acerca la entrega de la colonia británica a China el 1 de julio de 1997.
Mientras tanto, el Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado (CRLOE) que gobierna Birmania mantiene el control sobre el flujo de información, según el CPJ.
El 7 de junio, el CRLOE definió como delito la instigación, la protesta o la distribución oral o escrita de ningún material que pueda "deteriorar la estabilidad del estado, la paz y la tranquilidad comunales y la prevalencia de la ley y el orden".
Los violadores de esa ley se arriesgan a penas de prisión de hasta 20 años.
El régimen también convirtió en delito, castigable con hasta 15 años de prisión, la posesión, uso e importación de aparatos de fax o módem.
Además, el CRLOE prohibió en septiembre el acceso a la residencia de Daw Aung San Suu Kyi, líder de la opositora Liga Nacional para la Democracia y premio Nobel de la Paz, y arrestó en masa a simpatizantes de ese sector político. (FIN/IPS/tra- en/yjc/mj/hd cr/97
