BRASIL: Escándalo de títulos públicos desacredita instituciones

Un nuevo escándalo de corrupción en Brasil, por fraudes con títulos de la deuda pública, desacredita a muchas instituciones, incluyendo el Banco Central, el Senado, gobiernos estaduales y municipales y el sistema financiero.

La población, decepcionada por la impunidad de que gozan los responsables de esos escándalos desde el derrocamiento del presidente Fernando Collor en 1992, se moviliza escasamente en reclamo de castigo a los involucrados.

Este viernes fracasó un primer intento de inhabilitar a personas culpables de irregularidades de la emisión de títulos por más de 300 millones de dólares.

La mayoría de los 18 miembros de la Asamblea Legislativa del estado de Alagoas rechazó la propuesta de siete opositores por la inhabilitación del gobernador Divaldo Suruagy y su vice, Manoel Gomes de Barros, pese a fraudes que incluyen la falsificación de documentos, comprobados tras una investigación parlamentaria.

"Faltó presión popular", lamentó un opositor. Sólo unas 300 personas llevaron apoyo a la oposición. Se esperaba una movlización de los funcionarios públicos del estado, unos 50.000 en total, que en su mayor parte no reciben sus sueldos desde hace varios meses.

En Alagoas, un pequeño y pobre estado azucarero del Noreste de Brasil, el ex presidente Collor inició su meteórica carrera. Allí la violencia política es una tradición local. La mayoría de los diputados estaba armada en la sesión del viernes, según los periodistas locales.

Ahora el principal blanco de una comisión del Senado, creada hace cuatro meses para investigar el caso de los títulos emitidos por gobiernos estaduales y municipales en los últimos años, es el alcalde de Sao Paulo, Celso Pitta.

Las evidencias indican su complicidad con el Banco Vetor, una institución que estuvo en el centro de los fraudes que ocasionaron, según cálculos de los senadores, una pérdida de cerca de 600 millones de dólares para por lo menos tres estados y dos municipios.

Las investigaciones descubrieron cartas firmadas en 1995 por Pitta, entonces secretario de Finanzas de Sao Paulo, favoreciendo al Vetor en las operaciones con los títulos de la alcaldía. Además se comprobó que ese banco pagó el alquiler del automóvil utilizado por su mujer.

Los gobernadores estaduales Paulo Afonso Vieira, de Santa Catarina, en el Sur, y Miguel Arraes, de Pernambuco, en el noreste, aparecen también involucrados en escándalos.

Arraes es socialista y viejo símbolo de la izquierda proscrita por el régimen militar de 1964 a 1985.

Las pérdidas del sector público derivan del hecho de que sus títulos fueron vendidos a las instituciones financieras a precios muy inferiores al valor nominal, a veces con reducción de 15 por ciento.

Los bancos y operadores ganaron mucho dinero en pocos días negociándolos en cadena hasta venderlos por precios muy superiores a fondos de pensión vinculados a empresas estatales.

El ministro de Comunicaciones, Sergio Motta, despidió el viernes a toda la dirección del fondo de pensión de la Empresa Brasileña de Telecomunicaciones, Telos, sospechosa de complicidad en el fraude, con la compra de esos títulos por 45 millones de dólares.

La nueva Constitución brasileña de 1988 autorizó la emisión de títulos para que gobiernos estaduales y municipales pagaran deudas antiguas, cobradas por vía judicial. Gran parte de los gobernantes usó el dinero para pagar otras cuentas, ilegalmente.

Todos los acusados se defienden argumentando que las operaciones fueron autorizadas por el Banco Central y el Senado, agravando el descrédito que afecta a esas instituciones, que además intercambiaron acusaciones.

Bajo sospecha directa se encuentran diez senadores que, como relatores, aprobaron los pedidos de emisión de títulos, a veces contrariando el parecer del Banco Central. Algunos de ellos se defendieron acusando al Banco Central de imprecisión y de enviarles evaluaciones técnicas contradictorias.

El Banco Central fracasó en su misión de fiscalizar el sistema financiero, señalaron los senadores, especialmente Eduardo Suplicy, del opositor Partido de los Trabajadores, que desde mediados de 1996 intentaba obtener datos del banco para confirmar indicios de fraudes cometidos por el actual alcalde de Sao Paulo.

Las investigaciones del Senado revelaron una red de lavado del dinero de la corrupción que se extiende a Paraguay, Estados Unidos y paraísos fiscales del Caribe.

La quiebra del secreto bancario permitió descubrir que 1.800 millones de dólares fueron llevados a Paraguay a través del Banco de Rondonia, levantando sospechas de que las ganancias ilegales en este caso superen en mucho los 600 millones de dólares estimados inicialmente. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip/97

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