El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, avivó el escándalo que involucra a Endesa, la mayor compañía de energía eléctrica de Chile, y al brazo de préstamos al sector privado de la institución financiera por la construcción de cinco represas en el río Biobío.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) exigió que Endesa cumpla los términos del acuerdo para la construcción de un complejo de cinco represas en el río Biobío, uno de los más caudalosos de Chile.
En una carta enviada al ministro chileno de Finanzas, Eduardo Aninat, Wolfensohn, quien también preside la CFI, amenazó con adjudicar a la empresa el estatuto de incumplidor por supuestas violaciones de condiciones ambientales y sociales del préstamo.
La medida sin precedentes sigue a un año de tortuosas y fallidas negociaciones y numerosos intentos de autoridades de la CFI por barrer el tema bajo de la alfombra, indican analistas.
Endesa "parece haber tomado un enfoque poco menos que constructivo en relación a sus obligaciones ambientales y sociales (…) bajo los acuerdos financieros de la CFI", dijo Wolfensohn en su carta del 6 febrero.
"Si Endesa continúa con el curso que parece llevar, nos encaminamos hacia un conflicto y no tendremos más opción que declarar a Endesa en incumplimiento", añadió.
Endesa aseguró la semana pasada que había cumplido todas las obligaciones.
La CFI prestó unos 70 millones de dólares para la primera de las cinco represas, la represa Pangue, cuya inauguración está prevista para el próximo mes.
La agencia entregó 142 millones de dólares adicionales de las agencias sueca de la cooperación BITS y noruega NORAD, y 10 bancos europeos, según la Red Ríos Internacionales, con sede en California.
Bajo presión de grupos ambientalistas y activistas de los derechos humanos, la IFC incluyó condiciones en su préstamo para evaluar y minimizar los daños ambientales, y para crear una fundación de ayuda a los indios pehuenche cuyos hogares y tierras ancestrales quedarían inundados.
Dos revisiones independientes revelaron que Endesa y la subsidiaria Pangue S.A. violaron esas condiciones. Pero también son "altamente críticas del manejo que la CFI dio a la supervisión ambiental del proyecto de Pangue", admitió Wolfensohn, y anunció tener la intención de hacer públicos los informes.
El tiempo dirá qué partes de los informes se conocerán, ya que si la CFI puede utilizar la amenaza de divulgación para poner a Endesa en su lugar, pospondrá la presentación pública de los informes, dijo una fuente de la agencia.
Un portavoz de la CFI dijo que la agencia mantuvo "discusiones positivas" con Endesa la semana pasada.
Pero las propias autoridades de la CFI se opusieron a hacer públicos los informes, indicaron fuentes. En particular, están preocupados por el informe de Jay Hair, ex presidente de la Unión Conservacionista Mundial (IUCN), el cual expone más a la agencia que las acusaciones investigadas por el autor.
Las acusaciones están contenidas en una queja presentada en 1995 por el grupo no gubernamental de Acción por el Biobío (GABB) ante el panel de investigaciones del Banco Mundial.
La directiva de la CFI intentó minimizar la queja, alegando que el panel carece de jurisdicción sobre la agencia. No obstante, acordaron lanzar su propia investigación bajo presión de activistas y algunos colegas críticos.
Hair deberá presentar su informe final el mes próximo, después de revisar los comentarios de la agencia sobre el borrador.
GABB arguyó que la CFI no realizó revisiones ambientales apropiadas al planificar el proyecto de la represa, e ignoró información sobre las posibles consecuencias sobre las comunidades, granjas e industrias a lo largo del río.
Además, el grupo acusó a la CFI de no tener en cuenta supuestas violaciones de Endesa de los términos de los préstamos, y continuar entregando fondos adicionales de otras fuentes oficiales y privadas, acusaciones que Wolfensohn parece confirmar implícitamente.
Partes de otro informe, escrito por el antropólogo de la Universidad de Arizona Theodore Downing, se filtraron en noviembre a la prensa chilena en su versión en borrador, indicando que los esfuerzos de Endesa por ayudar y reasentar a los indios pehuenche alrededor de Pengue fueron "negligentes".
El accidentado territorio en la parte alta del Biobío es hogar de unos 10.000 pehuenches, sobrevivientes de la conquiesta armada y la legislación asimilacionista criticada por intentar borrar su identidad y con ella, sus derechos a la tierra.
Los pehuenche enfrentan con el embalse del río la pérdida de su tierra. La represa de Pangue, la primera de cinco planificadas en el río, amenaza a unos 2.400 indígenas.
Muchos se volcaron a la fundación creada bajo el acuerdo de la CFI para salvaguardar sus intereses, sólo para ser traicionados, según las denuncias de GABB. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/lp/en-dv/97
