El Banco Mundial decidió investigar la polémica represa hidroeléctrica argentino-paraguaya de Yacyretá, luego de tres semanas en las que la decisión estuvo bloqueada por diferencias políticas.
Argentina se oponía a la investigación, apoyada por varios países del Sur en desarrollo. Miles de paraguayos sostienen sin embargo que la obra arruinó sus vidas y sus medios de sustento y esperan una indemnización.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidirá si habrá de iniciar una investigación por su cuenta del crédito concedido para la construcción de la represa.
Yacyretá está situada sobre el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay. El lago de la represa inundará las viviendas y lugares de trabajo de 50.000 personas, la mayoría en Paraguay.
Ambos países tienen partes iguales de la obra, pero Argentina obtuvo el crédito para construirla.
Buenos Aires se oponía terminantemente a la auditoría y recibió el apoyo de otros países en desarrollo que piensan que los inspectores del Banco representan una amenaza para su soberanía nacional.
Pero los directores del Banco están presionados por los parlamentos y organizaciones no gubernamentales (ONG). Varios cuestionamientos relacionados con esta investigación fueron formulados en el Congreso de Estados Unidos y los parlamentos de Gran Bretaña e Italia.
El viernes, los directores llegaron a un acuerdo para omitir la palabra "investigación" en la resolución. En su lugar, el panel de inspectores del Banco habrá de realizar una "revisión y evaluación" de la represa.
El panel tiene cuatro meses para investigar las acusaciones de que el organismo no cumplió con sus propias políticas ambientales, sociales y financieras al prestar dinero para la obra.
También investigará acusaciones de que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la comisión argentino-paraguaya que opera la represa, violó los términos de sus acuerdos de crédito.
El BID, que esperaba la decisión del Banco Mundial, siente la presión de tomar la misma medida o "quedar mal", según un funcionario.
Fuentes oficiales y no gubernamentales estiman que es probable que el BID autorice su propia investigación después de la sesión anual del organismo, que se realizará del 17 al 19 de marzo en Barcelona, España.
Los dos bancos concedieron 1.600 millones de dólares en préstamos para Yacyretá desde 1979. Los organismos iniciaron el análisis por separado de la protesta formal realizada por Sobrevivencia, la rama paraguaya de la ONG ambientalista Amigos de la Tierra.
La ONG afirma que los organismos no evaluaron el daño ambiental y social que causaría la represa, no consultaron con los residentes locales sobre la reubicación de las comunidades inundadas y no retuvieron el dinero cuando se supo que los términos del préstamo habían sido violados.
Las investigaciones preliminares de los bancos hallaron evidencia suficiente para recomendar las auditorías.
En su respuesta a la protesta, el Banco Mundial expresó que "no comparte la opinión de que los problemas que ocurrieron y sus posibles consecuencias para la población local se deben a la mala administración o la violación de las políticas y procedimientos del Banco".
Afirma que tenía derecho a continuar la financiación de la represa aún después que surgieron los problemas, porque "el ejercicio de las medidas legales disponibles no es un requisito sino un instrumento discrecional".
Las autoridades del BID afirman que las normas de inspección del organismo impiden la investigación de préstamos que fueron concedidos. El único préstamo que aún no fue concedido está destinado a mitigar parte del daño ambiental y social.
En su decisión, el Banco Mundial, "invita al panel de inspección a revisar los problemas existentes en el proyecto de Yacyretá en las áreas de ambiente y relocalización y brindar una evaluación del Plan de Acción acordado entre el Banco y los dos países".
Las autoridades del Banco Mundial sostienen que la "revisión y evaluación" será tan completa como cualquier investigación.
Es la segunda vez que el Banco resuelve una investigación total desde que el panel de inspección fue creado en 1993. La credibilidad del proceso de inspección está en juego.
Se afirma que el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, apoyó la investigación y presionó para que la votación se realizara el viernes, al final de lo que había sido una sesión informal.
La responsabilidad es una de las prioridades de la gestión de Wolfensohn ya que está en juego la reputación del Banco entre las ONG y los parlamentarios de los países miembros.
El informe preliminar del panel sostiene que el proyecto de Yacyretá perjudicó a la población y el ambiente. La tarea de los inspectores es descubrir si las "acusaciones de serias violaciones a la política tienen fundamento". (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/aq-jc/en/97)
