Una ola de secuestros e incidentes entre irregulares colombianos y militares venezolanos han calentado la frontera de Venezuela y avivado la imagen de zona incontrolable, en jaque por el bandolerismo, el narcotrafico y la guerrilla.
Un ingeniero estadounidense fue uno de los 11 secuestros en 12 días, junto con dos aeronaves, en los estados fronterizos de Barinas y Apure, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a exigir su liberación y al colombiano a emprender un operativo para lograr su rescate este miércoles.
Aún se desconoce si Jerel Shaffer, secuestrado el día 14 mientras pescaba en un exclusivo y aislado campamento turístico en la ribera del Orinoco, a 50 kilómetros de la frontera, está en manos de elementos del narcotráfico o de la guerrilla colombiana.
En caso de que haya sido capturado por el narcotráfico, Shaffer podría aparecer en breve, ya que el verdadero objetivo sería la avioneta con la que se trasladó hasta el estado de Apure a pescar la afamada especie conocida como "pavón", tal como sucedió a otro grupo en enero.
Pero si fue una acción del Ejercito de Liberación Nacional, como aseguran algunos, habrá comenzado para el ejecutivo de una empresa que produce en el país compresores para la industria petrolera, una larga retención hasta la obtención de rescate.
La ola de secuestros fronterizos alcanza a unas 18 víctimas y cuatro aeronaves si la contabilidad comienza con el año y a ella se suman dos incidentes entre militares venezolanos y presuntos guerrilleros colombianos que han tensado los nexos bilaterales.
En el primero de ellos, un niño resultó muerto de un disparo cuando militares venezolanos repelían un ataque guerrillero entre dos poblaciones separadas sólo por la frontera natural del río Arauca, en un episodio en que la cancillería colombiana asegura que no se produjo al mismo tiempo.
Después, las autoridades colombianas denunciaron que una patrulla penetró en dos caseríos fronterizos colombianos y resultó muerto un educador, mientras que Venezuela aseguró que no hubo tal penetración y que se respondió a otra agresión.
Las declaraciones inflamadas y el intercambio de notas de protesta han sido el saldo de los dos incidentes de dos vecinos con un intercambio comercial que rompe records anuales y unas relaciones diplomáticas enturbiadas en forma crónica por un irresuelto diferendo por la delimitación del Golfo de Venezuela.
En tanto, los secuestros amenazan con romper pronto la barrera de unos 25 casos reportados en 1996 y forman parte de los múltiples delitos que atenazan a los habiantes de la frontera y casi siempre se presentan como hechos de irregulares o del narcontrafico, aunque también tengan autoría común.
La semana anterior dos ingenieros de la estatal empresa petrolera Corpoven, uno de ellos mujer, fueron también secuestrados en Apure, mientras que en Barinas se confirmó este miércoles que un matrimonio de ganaderos, desaparecido hace dos días, fue llevado presumiblemente a Colombia.
Este martes la esposa y el pequeño hijo de un acaudalado industrial logró ser rescatada, también en una población de Barinas, horas después de ser secuestrada, por cuatro hombres.
El gobierno central venezolano y autoridades de los estados fronterizos insisten en señalar que están sólos frente a las acciones delictivas y guerrilleras importadas del país vecino, pero que han vuelto la frontera una especie de "lejano oeste".
El secretario general de la gobernación de Apure, el general Régulo Andrade, criticó este miércoles a las autoridades nacionales porque "tampoco hay una presencia activa de Venezuela en la zona fronteriza", de 2.209 kilometros.
Andrade añadió que el empeño de Caracas de negar que la guerrilla colombiana esté instalada en Venezuela "es pretender tapar el sol con un dedo".
Para el funcionario, la falta de labor de inteligencia ayuda a los secuestros, al igual que la entrada con el año en la estación seca, que facilita la movilización por los llanos, anegados durante la época de lluvias, que comienza en mayo.
David Pérez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, dijo que la industria del secuestro en la frontera es conducida por "una combinación de narcoguerrilla colombiana con hampa común venezolana".
En Apure, Barinas y Tachira es común el pago de "vacuna" (extorsión con tarifa fija) a presuntos irregulares colombianos, mientras prospera también el abigeato y otras acciones delictivas que, como los secuestros, ya no afectan sólo al área rural y a los más ricos, sino a ciudades y empresarios de clase media.
Como resultado, se está produciendo un abandono de la zona fronteriza por crecientes familias, mientras que el gobierno ha establecido una virtual militarización de la zona, que según Andrade es inoperante por falta de equipos y estrategia.
El ministro de Defensa, el general Pedro Valencia, reiteró la crítica de la falta de presencia militar colombiana en la frontera, pero también insistió que con la batalla verbal entre Colombia y Venezuela por cada incidente "sólo sale ganando el narcotráfico y la guerrilla".
El canciller Miguel Angel Burelli dijo este miércoles desde Tokio, donde se encuentra como parte de una gira por Asia, que mientras "Colombia no controle el bandolerismo, el narcotráfico y la guerrilla" las relaciones bilaterales van a estar sacudidas por momentos de tensíon.
El presidente Rafael Caldera ha tenido dificultades para controlar a los ministros vinculados a la frontera en sus alusiones hacia el país vecino y el ya dimisionario ministro del Ambiente, Roberto Pérez Lecuna, afirmó que "las mejores relaciones con Colombia son no tener ninguna". (FIN/IPS/eg/ag/if/97
