La deportación de Sri Lanka de un ciudadano suizo acusado de abuso sexual contra niños marcó un cambio de tendencia en la lucha contra pedófilos extranjeros que buscan sus víctimas entre la población pobre de la costa occidental de esta nación del Océano Indico.
Viktor Baumann, un empresario de 53 años originario de Zurich y residente en este país, fue deportado el día 11 para ser procesado en Suiza por cargos de abuso sexual.
Baumann fue arrestado en octubre pasado en su mansión del balneario de Negombo, 38 kilómetros al norte de Colombo, cuando se encontraba con varios niños del pueblo, y acusado formalmente el 26 de febrero.
La lucha de Sri Lanka contra la pedofilia se vio reforzada la semana pasada con una orden del presidente, Chandrika Kumaratunga, de acabar con el abuso sexual contra los niños.
Kumaratunga creó una Autoridad de Protección Infantil especial y solicitó a una comisión presidencial la elaboración de un plan para enfrentar estos delitos, incluyendo programas de rehabilitación para las víctimas, sus padres y familias.
Kumaratunga dijo que el abuso sexual contra menores debe ser un delito que no admita la libertad bajo fianza, y que las estaciones de policía deben contar con mujeres policías especialmente entrenadas para tratar estos casos.
Activistas en defensa de los derechos de los niños sostienen que la deportación de Baumann fue el resultado de arduas negociaciones entre la policía local y las autoridades suizas, que viajaron a Sri Lanka a principios de este mes para ubicar a víctimas de un ciudadano de ese país sospechoso de pedofilia.
Las organizaciones humanitarias sostienen que sería mejor procesar y castigar a los culpables de abuso sexual en el país.
Según el superintendente policial Noel Francis, la razón para no hacerlo es en parte es económica. "?Por qué habríamos de gastar dinero en esa gente cuando sus propios países están dispuestos a hacer lo necesario para procesarlos y encarcelarlos?", se preguntó.
Un equipo de investigadores holandeses también llegó a Sri Lanka en enero, buscando a ocho jóvenes que habrían sufrido abusos sexuales, víctimas de un ciudadano holandés con inversiones en la isla.
Según informó Francis, las víctimas dijeron que el sospechoso, de 50 años, los filmaba y fotografiaba mientras realizaban actos sexuales en hoteles costeros.
La información obtenida en Sri Lanka será utilizada en el juicio contra los acusados en sus países de origen. "La cooperación internacional demuestra que los países están dispuestos a atrapar a los pedófilos", agregó.
Las autoridades de este país analizan también la deportación de Heinrich Pfaffhauser, un ciudadano suizo de 58 años, sentenciado a dos años de prisión por haber cometido un "delito contra la naturaleza" en perjuicio de dos niños de Sri Lanka.
Pfaffhauser es el primer extranjero procesado en Sri Lanka por abuso sexual contra niños. Sostiene que es inocente y apelará la sentencia.
Aunque los activistas en derechos humanos se oponen a que los pedófilos sean deportados antes de cumplir su sentencia, están conformes con que por lo menos uno haya sido condenado, en un país donde el tema ha pasado inadvertido durante mucho tiempo.
Kalyananada Tiranagama, de la organización no gubernamental (ONG) Abogados pro Derechos Humanos, estima que el veredicto "servirá para disuadir a otros en el futuro". Agregó que la sentencia de Pfaffhauser habría sido más severa si se lo hubiera procesado y condenado bajo la nueva ley aprobada en 1995.
La nueva ley fija entre 10 y 20 años de prisión para los proxenetas y sus clientes. La edad de consentimiento sexual ha sido aumentada a 18 años para los varones y 16 años para las mujeres, por lo que las relaciones sexuales con personas menores de esa edad serán ilegales.
La justicia de Sri Lanka tiene casos pendientes contra un ciudadano alemán y uno belga. Otro ciudadano suizo, que violó su fianza, será juzgado en ausencia.
Tiranagama consideró sin embargo insuficiente la acción policial.
"La policía obra bien al atrapar y procesar a los acusados. Pero queremos que persiga a los proxenetas e investigue las conexiones locales con los pedófilos, que investigue los hoteles que les prestan servicios. Sólo entonces podremos erradicar esta amenaza del país", exclamó.
Los activistas objetan que la ley no toma en cuenta que, en su mayoría, las víctimas son niños en edad escolar, y que si deben declarar frente a un tribunal sufrirán gran presión y vergüenza
La ley debe ser más considerada con los niños, y las autoridades deben estar capacitadas para tratar con niños traumatizados e ignorantes, dijo Tiranagama. (END/IPS/tra-en/ms/an/aq-jc/pr/97
