Más de 1.000 personas que integraron las mesas receptoras de votos en los comicios de octubre serán llevadas en Nicaragua ante la justicia, acusadas de violar la ley electoral, anunció un alto funcionario.
Todos serán procesados por faltar al artículo 182 de la ley electoral, que tipifica como delito la ausencia injustificada de los miembros de las mesas de votación, aseguró a IPS un representante de la Procuraduría General de la República.
"Será sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años el integrante de una Junta Receptora de Votos que dolosamente no concurriera al lugar y hora señalado para ejercer su función", establece el artículo 102.
Los procesos se cumplirán las próximas semanas en los tribunales municipales. "A esas personas, el Estado les proporcionó capacitación, salarios, y viáticos, pero no se presentaron a ejercer sus funciones. Eso constituye un delito", dijo el procurador electoral Marcos Baldizón.
"Por su irresponsabilidad, el día de la votación se puso a cualquiera en las mesas electorales, y eso generó el desorden del 20 de octubre", señaló Baldizón.
Del total de acusados, 317 eran presidentes de mesa, 343 primeros miembros y 400 segundos miembros. Todos fueron propuestos por los partidos, alianzas, y organizaciones de suscripción popular que participaron en las elecciones generales del 20 de octubre.
Setenta y cuatro de los 536 infractores identificados hasta el momento pertenecen a la Alianza Liberal, la coalición triunfante en las elecciones, y 41 al opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional.
"Esta información debió llegarnos (a la Procuraduría General de la República) en los primeros días de noviembre", pero "sólo está en nuestro poder desde hace pocos días", observó Baldizón.
No obstante, "la acción penal aún no ha prescrito, y por lo tanto, procederemos en las próximas semanas para que se haga justicia", agregó.
"La Procuraduría presentará la denuncia, va a aportar el listado y los va a citar para que declaren ante el juez. A ellos (los acusados), les corresponderá demostrar su inocencia", insistió el funcionario.
"Nosotros consideramos que es necesario llegar al fondo, sentar un precedente, para que en lo sucesivo se asuma ese papel (electoral) con responsabilidad", explicó.
Los próximos comicios están previstos para febrero de 1998, cuando los votantes de la costa atlántica elegirán a sus autoridades locales autónomas.
Las últimas elecciones regionales en esa área, la más extensa y menos poblada del país, se realizaron en febrero de 1994, para elegir a los 90 integrantes de los Consejos Regionales Autónomos. La abstención fue entonces de 26 por ciento entre los grupos indígenas creole, miskito y sumo.
Para garantizar la participación masiva de los votantes, es "necesario" castigar a los presuntos culpables de delitos electorales. Sólo el parlamento podría evitar las sanciones anunciadas, mediante una amnistía, "o reformando la ley electoral", destacó Baldizón.
Las autoridades electorales han designado una comisión técnica, integrada por funcionarios gubernamentales y juristas, para preparar un proyecto de reformas a la ley electoral, de cara a los comicios en la costa atlántica.
El proyecto será presentado luego al parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría, aunque de momento no ha considerado la posibilidad de evitar las sanciones a los miembros de mesas electorales acusados por la Procuraduría. (FIN/IPS/rf/ff/ip/97
