La anunciada privatización parcial o total de al menos 16 de las 60 empresas estatales de Guatemala generó el rechazo tanto de la oposición de derecha como de izquierda, así como de los sindicatos y de la jerarquía católica.
El izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala y el derechista Frente Republicano Guatemalteco coincidieron en que las medidas de ajuste estructural en las que se inscribe el plan de privatización del gobierno aumentan los índices de pobreza y desempleo.
El secretario general de la Confederación de Iglesias Evangélicas de Guatemala, Vitalino Similox, comentó que el gobierno no ha tomado en cuenta los efectos que decisiones de este tipo pueden tener sobre la población.
"Estamos preocupados con este programa de privatización, ya que puede alentar estallidos sociales, aunque no estamos en contra de hacer eficientes a las empresas del Estado, siempre y cuando se tome en cuenta el aspecto humano de las acciones", señaló.
De la misma opinión fue el secretario general adjunto de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Rigoberto Dueñas.
El gobierno ha implementado un programa "que sólo beneficiará a los sectores económicamente dominantes del país", expresó.
Las firmas estatales de los sectores de telecomunicaciones (Guatel), ferrocarriles, eléctrico, turismo, y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola son algunas de las instituciones a enajenar.
También pasarían a manos privadas la Dirección General de Correos, el Banco de los Trabajadores, los puertos y aeropuertos.
Gustavo Saravia, comisionado presidencial para la Modernización y Fortalecimiento del Organismo Ejecutivo, anunció esa medidas pero no estableció un cronograma ni la cantidad de dinero que el Estado espera obtener con la venta de activos.
"Serán entidades internacionales, con experiencia en el tema, las que tasen los activos", se limitó a indicar.
"Guatemala no puede quedar marginada de las revoluciones económicas que rodean al mundo", destacó.
El presupuesto estatal para 1997 aprobado por el parlamento prevé un ingreso de 250 millones de dólares al Tesoro por concepto de venta de activos de empresas públicas.
Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales advirtió que los recursos que se obtengan con la venta de activos del Estado deben ser utilizados "correctamente", esencialmente para el pago de la deuda interna y en inversiones sociales.
Emplearlos para gastos de funcionamiento del Estado "sería un grave error", estimó.
En la perspectiva de la privatización de 95 por ciento del capital de Guatel, el costo de las llamadas telefónicas locales aumentó 3.000 por ciento este sábado.
Los guatemaltectos deben pagar actualmente cuatro centavos de dólar por minuto de comunicación, una de las tarifas más caras de América Latina.
Según el gerente de Guatel, Alfredo Guzmán, el aumento de las tarifas locales era necesario, porque hará más atractiva la empresa a los ojos de los inversionistas.
El precio de las comunicaciones internacionales, en cambio, disminuyó 50 por ciento, para, de acuerdo a Guzmán, beneficiar a las empresas. (FIN/IPS/cz/dg/if/97
