medidas que en conjunto significan un salto hacia el pleno liberalismo económico.
El Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar, aprobó 15 proyectos orientados a introducir la competencia en sectores intervenidos, protegidos o controlados por el Estado. Los más afectados son el inmobiliario, las telecomunicaciones, el transporte, la energía eléctrica y el gas.
La decisión gubernamental apunta por un lado a dinamizar la economía, favorecer la inversión y crear puestos de trabajo y por otro, a cumplir con las directivas de la Unión Europea (UE) en favor de la competencia, de manera de ingresar en 1998 en la Unión Monetaria anunciada por el bloque continental.
Una de las medidas que tendrá mayor impacto es la liberalización de suelos para la construcción de viviendas. En la actualidad, sólo se puede edificar viviendas en solares declarados para ese fin por las autoridades municipales.
Ese requisito explica que alrededor de las grandes ciudades, e incluso dentro de éstas, existan grandes espacios sin edificar. A partir de la aprobación de las nuevas medidas, que serán negociadas con los ayuntamientos y los gobiernos regionales, se podrá edificar en cualquier terreno, excepto los protegidos por razones históricas o ambientales.
En el estudio que precedió a esa decisión se señala que una consecuencia inmediata será la baja del precio de los solares y por lo tanto, de las viviendas, ya que el alto costo del suelo influye de manera considerable en el de los edificios.
La otra consecuencia será un aumento de la inversión en la construcción de edificios, una actividad que directa e indirectamente genera empleo y dinamiza la economía en su conjunto.
En el sector de las telecomunicaciones, la liberalización será completa a partir de 1998. La compañía Telefónica, todavía controlada por el Estado, será privatizada totalmente, y perderá el monopolio que aún mantiene en parte de los servicios que presta.
Las telecomunicaciones por satélite y cable recibirán similar tratamiento y, además, se autorizará un tercer canal de televisión privado.
La liberalización se extenderá asimismo al sector eléctrico. La generación de energía será libre y las distribuidoras podrán comprar a quien les ofrezca mejores condiciones.
También, a los transportes, los puertos y aeropuertos, la desalación de aguas y los servicios funerarios, y se prevé la construcción de autopistas con financiación privada.
Cualquier compañía que cumpla requisitos mínimos podrá prestar servicios fúnebres, algo que estaba reservado en régimen de monopolio a las empresas municipales.
Por último, se liberarán los honorarios de los profesionales, por lo que éstos no estarán obligados a cobrar las que fijen sus colegios corporativos respectivos, y se elaborará un estatuto del usuario de servicios públicos.
El estatuto, entre otras cláusulas, establecerá el derecho de los usuarios a reclamar y obtener satisfacción cuando un servicio público no cumpla con lo comprometido ante los ciudadanos. (FIN/IPS/td/ff/ip/97
