Los tribunales de justicia serán la próxima semana el epicentro de una gran tormenta política que agita a España. En ella se lanzan acusaciones mutuas el gobierno, la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.
A partir del lunes próximo, el Tribunal Supremo de Justicia tendrá sobre la mesa los famosos papeles secretos de la "guerra sucia" (1983-87) contra los independentistas vascos, realizada desde el Ministerio del Interior bajo las siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).
Además, la justicia iniciará la investigación que afectará a multimillonarios negocios de fútbol y televisión digital, continuará ordenando el ingreso en prisión de dirigentes separatistas vascos y abrirá el sumario por un gran fraude a la hacienda pública.
El Consejo de Ministros presidido por el centroderechista José María Aznar aprobó este viernes aceptar un pedido del Tribunal Supremo de Justicia para que le remita 18 documentos, lo que hará efectivo el miércoles próximo.
Esos documentos fueron clasificados como secretos por el gobierno anterior, presidido por el socialista Felipe González, y se refieren a diversos episodios de la represión ilegal contra la organización separatista vasca ETA.
Si el Tribunal Supremo decidiera ese día que los documentos no afectan a la seguridad del Estado y dispusiera su desclasificación, serían entregados a varios jueces que están instruyendo sumarios por la "guerra sucia" o el "caso GAL".
En dichos sumarios, junto con altos mandos policiales, están acusados ex ministros, ex secretarios de Estado y ex directores de seguridad del gobierno socialista.
Si los documentos, elaborados por el Centro Superior de Información para la Defensa (CESID, máximo organismo de inteligencia del Estado) fuesen aceptados como pruebas, la situación de los acusados se agravaría, y no se descarta que afecten al mismo González.
El fiscal del Supremo que pidió esa desclasificación, Rogelio Gómez Guillamón, argumentó en su solicitud que la justicia debe actuar sobre el caso GAL porque "son actos criminales de la mayor gravedad que afectan de lleno al propio Estado de Derecho".
Los atentados, reivindicados bajo la firma GAL, y que según consta en los sumarios fueron ejecutados desde el Ministerio del Interior, suman más de 40, la mayor parte de ellos en el País Vasco francés, y ocasionaron 27 muertes, en la mayoría de los casos de personas ajenas a ETA.
Pero la justicia deberá continuar otras tareas, también ligadas a la política, en la próxima semana.
La Audiencia Nacional, tribunal que entiende en casos de terrorismo, narcotráfico y trata de blancas, seguirá disponiendo la prisión de dirigentes de la coalición Herri Batasuna (HB, próxima a ETA) por negarse a comparecer voluntariamente a declarar en un sumario por apología del terrorismo.
El nuevo Código Penal considera apología la exposición ante un grupo de personas o a través de un medio de comunicación de ideas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. HB difundió por televisión un vídeo en el que tres encapuchados armados, con el símbolo de ETA detrás, defendían las tesis de esa organización.
Mientras tanto, el popular juez Baltasar Garzón tendrá que iniciar las actuaciones que corresponden en un juicio que llegó a su juzgado por sorteo y en el que deberá investigar una amnistía fiscal encubierta a 600 grandes empresas, por más de 150 millones de dólares.
Según fuentes gubernamentales, dicha amnistía, realizada bajo el gobierno de González, benefició a "un grupo de amiguetes" suyos, entre los que se citan grandes bancos.
Otro juez, que será nominado en los próximos días, iniciará acciones a instancias del Fiscal General del Estado, para investigar a varias compañías pertenecientes o vinculadas a Antonio Asensio, un empresario que controla Antena 3 TV.
Asensio y Jesús Polanco, principal accionista del Grupo Prisa, que entre otros medios posee el diario El País y el Canal Plus de TV, están enfrentados al gobierno por lo que se conoce como "la guerra de la television digital". La investigación solicitada por el Fiscal General está inscripta en esa guerra.
Por otro lado, los jueces y fiscales que trabajan en el País Vasco están siendo víctimas del acoso de ETA, HB y otras organizaciones a ellos vinculadas.
Tras varias amenazas a jueces y fiscales, un grupo de jóvenes encapuchados arrojaron este jueves una bomba incendiaria en el juzgado de paz de Rentería, en la provincia vasca de Guipuzcoa. El fuego originado provocó grandes destrozos materiales y quemaduras de segundo grado a la secretaria del juzgado.
ETA y sus simpatizantes acusan a los órganos de justicia de ser cómplices de la represión del Estado contra el movimiento independestista vasco. Todas las asociaciones de jueces y fiscales rechazaron la acusación y las amenazas, y aseguraron que continuarán cumpliendo sus tareas. (FIN/IPS/td/ag/ip/97
