Una huelga de camioneros que paraliza a media España y produjo ya la suspensión de su empleo a 60.000 personas, determinó hoy a los sindicatos a cuestionar la fórmula productiva conocida como "just in time" (justo a tiempo).
El sistema organizativo empresarial "just in time" consiste en mantener las menores reservas ("stocks") posibles, para lo cual las fábricas compran las materias primas o las partes en la cantidad estrictamente necesaria para períodos breves y producen de acuerdo con los pedidos que reciben.
Tal es el rigor de ese sistema que varias fábricas transnacionales instaladas en España comenzaron a sentir los efectos de la huelga de transportistas apenas a 48 horas de iniciada, hace ya 13 días.
Hasta este martes ya son más de 60.000 los trabajadores cesados temporalmente, de acuerdo con los expedientes de regulación presentados por las empresas al Ministerio de Trabajo, mientras los camioneros negocian con el gobierno y mantienen la huelga.
Las compañías más afectadas por no recibir materias primas o partes son las automovilísticas, siderúrgicas y mineras.
Cinco transnacionales del sector automotor acaparan la mayoría de los expedientes de regulación del empleo: las alemanas Volkswagen y Opel, con 17.650 y 9.300, respectivamente, las francesas Renault y Citröen, 14.700 y 7.700, y la estadounidense Ford, 8.160.
Los camioneros, que el lunes comenzaron a negociar con las autoridades, lograron el mayor éxito de su huelga en la mitad norte del país. Así, en materia de regulación de empleo, Cantabria, el País Vasco y Navarra son las regiones más afectadas.
Los numerosos expedientes de regulación en curso implican un costo para el Instituto Nacional de Empleo por el pago de subsidios de desempleo, de aproximadamente un millón y medio de dólares por día.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos mayores centrales sindicales de España, no acepta que la suspensión verificada de empleos se deba a razones de "fuerza mayor" y encuentra la causa en la debilidad organizativa de las empresas que optan por el "just in time".
Si el Ministerio entendiese que se trata de "fuerza mayor", la suspensión o despido se consideraría justificado y los trabajadores suspendidos pasarían a cobrar un subsidio oficial de desempleo, menor al salario real. En caso contrario, y al ser tenido por injustificado, la empresa debería seguir pagando el sueldo íntegro a su costa.
CCOO considera que el sistema "just in time" introduce elementos de precariedad y dificultad en los suministros cuando las industrias deben atender situaciones como la provocada por la huelga de camioneros.
Además, también influye negativamente el elevado volumen de importación de partes (productos intermedios) que se producen fuera de España, señala esa central en un comunicado.
La aceptación de las suspensiones de empleo "impuestas por las transnacionales" como "regulaciones" por fuerza mayor, tiene indudable efecto sobre los grupos sociales más desfavorecidos, los desocupados, según CCOO.
Eso sería así porque el gobierno estaría obligado a un nuevo recorte de los fondos destinados a las prestaciones por desempleo, para atender las nuevas regulaciones.
Quienes no parecen afectados de la misma manera son los distribuidores del tabaco de contrabando, cuya principal puerta de entrada a España se encuentra en las rías de la noroccidental Galicia.
El matutino El País informó este martes que en las rías se registró un aumento espectacular del precio del "rubio de batea", como se conoce allí al tabaco de contrabando, del que se produce un desembarco grande cada 15 días.
Ante la imposibilidad de distribuir el tabaco en todo el país por la huelga de los transportistas, los vendedores compensaron la pérdida con la subida del precio en 50 por ciento. Una "solución" lejos del alcance de los fabricantes de automóviles. (FIN/IPS/td/ff/lb/97
