El gobierno de Colombia cree que no obtendrá este año la certificación de Estados Unidos a su esfuerzo contra el narcotráfico, pese a la "mejor comprensión" que Washington le habría manifestado.
Las autoridades y el sector privado lanzaron una ofensiva diplomática para evitar la aplicación a Colombia de las sanciones comerciales que pueden acompañar la negativa del Congreso estadounidense a certificar la lucha antidrogas.
El Congreso dará a conocer el día 27 el resultado de su evaluación del esfuerzo contra el narcotráfico de 30 países entre los que se cuenta Colombia. Los legisladores toman de base para su estudio los informes del presidente Bill Clinton.
"Yo creo que no va a haber certificación", pero también "creo que no serán afectados los intereses privados ni los intereses económicos de nuestro país", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, María Ema Mejía, al regresar este jueves de Washington.
Mejía se reunió el jueves en Washington con el general Barry McCaffrey, jefe del área antidrogas de Estados Unidos, y con el subsecretario de Estado para América Latina Robert Gelbard.
La canciller pasó revista con los dos funcionarios estadounidenses el combate de Colombia contra el narcotráfico en 1996, como último esfuerzo por obtener una evaluación positiva.
Los países cuyo desempeño contra las drogas es avalado por el Congreso obtienen la certificación oficial, que los habilita a recibir la cooperación de Estados Unidos.
Hay también una certificación por razones de "interés nacional", reservada a naciones que deben comprometerse a lograr mejores resultados.
En cuanto a los "descertificados", pierden el aval de Washington para gestionar créditos ante los organismos multilaterales y sufren el recorte de la ayuda estadounidense. También quedan expuestos a sanciones comerciales, que son resueltas por la administración.
Colombia fue "descertificada" en marzo en 1995, el año en que las fuerzas de seguridad capturaron a los jefes del narcotraficante cártel de Cali.
Los analistas interpretaron entonces la pérdida de la certificación como un claro mensaje de desaprobación de Washington al presidente Ernesto Samper, acusado de recibir ayuda financiera del narcotráfico para su campaña electoral.
El gobierno colombiano presentó a Washington un documento de 43 páginas para dar cuenta de sus logros en la lucha antidrogas y de la estrategia que seguirá hasta 1998.
Según el informe, Colombia gastó el último año 1.300 millones de dólares en el combate contra las drogas. Las fuerzas de seguridad destruyeron 20.000 hectáreas de cultivos y confiscaron 614.716 kilogramos de hoja de coca y 56.625 de cocaína pura y de pasta básica de cocaína.
En el documento se destaca también la posición defendida por Samper ante la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente colombiano afirmó ante ese foro que el narcotráfico tiene carácter mundial y que las medidas para combatirlo deben englobar a la comunidad internacional.
No obstante, las bajas condenas a los traficantes, los escasos progresos legislativos para restablecer la extradición de colombianos reclamados por tribunales del exterior y el aumento de los cultivos ilícitos excluirían otra vez a Colombia de la lista de países certificados.
Según el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, "Colombia ha hecho cosas muy importantes, pero dejó de hacer otras" y Estados Unidos produce su evaluación con base "en hechos, y no en promesas".
Frechette puntualizó que Colombia ha faltado a sus responsabilidades como firmante de la Convención de Viena contra las drogas ilícitas.
Se trata de la falta de reformas legislativas para perseguir el lavado del dinero de la droga y para autorizar la extradición de colombianos reclamados del exterior por narcotráfico.
Otra "promesa incumplida" surge de la demora del Poder Legislativo colombiano en endurecer las penas por delitos de tráfico de drogas. El proyecto será debatida en el periodo extraordinario de sesiones del cuerpo.
Los parlamentarios fueron convocados en enero, tras el escándalo que se produjo cuando un juez condenó a menos de 10 años de prisión a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cártel de Cali.
El cártel de Cali controlaba 80 por ciento del mercado mundial de cocaína, aseguran las autoridades estadounidenses .
Bernard Aronson, subsecretario de Estado de la administración de George Bush, predecesor de Clinton, indicó que si Colombia recibe este año la certificación de Estados Unidos será "por los buenos oficios del sector privado".
Aronson fue invitado a una conferencia este jueves sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, organizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, los principales centros privados colombianos de investigación económica.
Para el ex funcionario, las relaciones bilaterales continuarán en deterioro, debido a los escasos resultados de la lucha antidrogas, "un tigre que se está devorando" a los dos países.
Aronson coincidió con Frechette en que Samper no ha cumplido promesas hechas a estados Unidos en relación con el combate contra el narcotráfico.
Agregó que el esfuerzo de la policía, los militares y los fiscales colombianos en ese campo "son minados por la corrupción en el gobierno y en el parlamento". (FIN/IPS/yf/ff/ip/97
