En el Caribe anglófono, las fuerzas de policía se basan más en confesiones extraídas por la fuerza que en evidencias de la investigación, las cortes están atascadas por falta de jueces y personal, las prisiones fueron construidas en el siglo XVIII, están sobrepobladas y son antihigiénicas.
Este panorama desalentador no pasó inadvertido en el Informe de Derechos Humanos de 1996 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la sección sobre las islas del este de la región.
El informe, de reciente publicación, cita a la Asociación de Derechos Humanos de San Vicente y Granadinas, según la cual casi 90 por ciento de las sentencias en casos criminales se basan en confesiones.
El argumento es que esto refleja una tendencia de la policía a utilizar la fuerza y otros medios no legales para tratar con los sospechosos. El informe menciona una tendencia similar en Santa Lucía, pero no presenta cifras.
Otra tendencia preocupante subrayada por el Departamento de Estado es el hábito de funcionarios de policía de Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y Granadinas, de detener a personas los viernes y mantenerlas encarceladas durante el fin de semana.
Las cortes no trabajan sábado ni domingo, por lo cual la policía evade el requisito de llevar ante ellas a los sospechosos en un plazo de 48 horas a partir de su detención.
Pero el informe también señala que la policía en la región a menudo se pronuncia contra el uso excesivo de la fuerza, y en San Vicente y Granadinas se registraron renuncias forzadas, amonestaciones y despidos, y un policía fue enjuiciado por homicidio sin premeditación.
El informe destaca la independencia del sistema judicial de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), pero lamenta la demora en el tratamiento de los casos.
Abogados defensores en Granada afirman que el inicio de un juicio puede demorar hasta seis meses, y en Santa Lucía las autoridades han mantenido a acusados detenidos durante años en "prisión preventiva".
Con la excepción de la prisión Richmond Hill, en Granada, que mantiene niveles internacionales mínimos, las instituciones penales en los países del este del Caribe son primitivas, tienen una población excesiva, y en el caso de Dominica, carecen de higiene.
La prisión de Antigua y Barbuda aún está en reparación, casi un año y medio después de los daños causados por el huracán Luis, y el sistema de seguridad es inadecuado en la de San Cristóbal y Nevis.
La prisión de Santa Lucía, que al igual que las otras fue construida en el siglo XVIII, alberga a 400 reclusos, pero fue pensada para 100.
La alimentación es pobre e inadecuada en todas, aunque la dieta de los prisioneros es suplementada por familiares de los presos.
No obstante, las autoridades de la región pueden consolarse en el hecho de que el informe subraya que las ejecuciones extrajudiciales no son comunes.
La prohibición contra la tortura y otras formas de castigo cruel y degradante es generalmente respetada, al igual que las estructuras legales y constitucionales contra la detención arbitraria.
En el área de los derechos políticos, el informe también pinta una imagen positiva. Las seis islas, señala, son democracias multipartidarias en que los ciudadanos tienen el derecho de cambiar de gobierno en elecciones períodicas libres y limpias.
Hay referencias a acusaciones de corrupción contra el gobierno de Antigua y Barbuda, y de persecución política contra el de San Cristóbal y Nevis. No obstante, destaca que los partidos opositores en estos y los otros cuatro países de la OECS operan libremente.
No ha habido casos de gobiernos que utilicen el exilio como arma contra disidentes, se respeta el derecho a la privacidad, y existe la liberdad de reunión, la cual ayudó a sostener el movimiento sindical. Este, a su vez, pretege los derechos de los trabajadores.
Aunque algunos empleadores resisten la sindicalización en sus plantas y una ley de servicios esenciales prohibe las huelgas en áreas como la policía y los bomberos, los derechos a integrarse a un sindicato, participar en negociaciones colectivas y en huelgas son en general respetados.
El informe señala una ausencia de organizaciones de derechos humanos en cinco de las seis islas, con la excepción de San Vicente y Granadinas, pero observa que no hay estructura legal contra la formación de esos grupos.
También destaca que no hay instancias de organismos internacionales de derechos humanos a los que se haya solicitado la investigación de la situación en ninguno de esos países durante 1996. (FIN/IPS/tra-en/ps/cb/lp/ip-hd/97
