Los planes de la Unión Europea (UE) para declarar 1997 "Año contra el racismo" enfrentan las objeciones de Gran Bretaña, que se opuso al establecimiento de un centro de vigilancia en el bloque.
El veto propuesto a la UE por el gobierno del Partido Conservador, el último en una larga serie durante los últimos años, es criticado por activistas antirracistas y partidos políticos de oposición como una evidencia más de su aislamiento de Europa.
No obstante, muchos alegan que el furor por el centro tiene mucho que ver con la propia confusión de la UE y su falta de compromiso con el antirracismo en Europa.
El centro planificado es prioritario en los planes de la UE para celebrar el "Año contra el Racismo". Pero Gran Bretaña se niega a sumarse a la idea, afirmando que en su lugar los temas sobre relaciones étnicas deben discutirse y legislarse a nivel de gobiernos nacionales, y no de la Unión Europea.
Desafortunadamente para Gran Bretaña, sus 14 socios en la UE ya decidieron instalar el centro de vigilancia bajo el Artículo 235 del Tratado de la Comunidad Europea, el Tratado de Roma.
El artículo permite la participación de la ejecutiva Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Corte Europea de Justicia.
El papel de la corte es lo que molesta particularmente al gobierno conservador. El órgano legisló varias veces contra sus políticas de línea dura en varias áreas, incluyendo pensiones y derechos a un sistema judicial independiente.
Graham Watson, parlamentario del Partido Liberal Demócrata, dijo a IPS que "el pueblo británico ha tenido que confiar en la Corte Europea en veredictos sobre pensiones iguales para hombres y mujeres. Creo que la Corte Europea se asegurará, del mismo modo, que tengamos un tratamiento igualitario y limpio en temas raciales".
Según el parlamentario, el gobierno británico "está intentando convertir a sus ciudadanos en ciudadanos de segunda clase en Europa".
La posición oficial británica es que mantener el centro de vigilancia bajo control del gobierno nacional lo hará más eficiente, promoviendo mejores relaciones raciales.
Grupos de apoyo a la libertad interétnica y los inmigrantes que intentan aclarar la situación entre Londres y Bruselas creen que el punto principal del debate son los poderes bajo los cuales operaría el centro de supervisión.
Gran Bretaña afirma que el artículo 235 es un mal punto de partida, pero el Tratado de Roma también le da el derecho de vetar el plan, que requiere unanimidad. Fue citando el artículo 235 que la UE prohibió la discriminación sexual en 1980.
Londres también se opone a que el centro tenga potestades para supervisar la discriminación racial en el empleo, dijo un funcionario que pidió reserva de identidad.
Los antecedentes de Gran Bretaña en relación a la igualdad en el empleo entre sus comunidades étnicas no son ejemplares.
Según las últimas cifras de la Comisión para la Igualdad Racial (CRE), principal organismo de relaciones raciales del país, el índice de desempleo para las personas de minorías étnicas en 1995- 96 fue más del doble del índice para las personas blancas, con 18 y ocho por ciento respectivamente.
Los hombres y mujeres negros tienen más posiblidades de estar desocupados (19 y 23 por ciento respectivamente) por uno o dos años, en comparación con 15 y 13 por ciento entre los caucásicos.
Los jóvenes negros presentan el mayor índice de desempleo (39 por ciento), seguidos de hombres negros y mujeres paquistaníes y bengalíes.
Una investigación formal de la CRE a 168 grandes empresas en Gran Bretaña que emplean a más de cuatro millones de personas en el período 1993-94 descubrieron que 147 tenían políticas raciales, pero menos de la mitad contaban con programas para ponerlas en práctica.
"El veto deja caer la máscara del gobierno", dijo Claude Moraes, del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes.
El Partido Laborista dijo que la posición del gobierno británico "burla la afirmación del primer ministro John Major según la cual es el campeón de las minorías étnicas". (FIN/IPS/tra-en/dds/rj/lp/ip-pr-hd/97)
