Reciben reservas de hotel por teléfono en Nuevo México, cosen pantalones en Oregon y fabrican pelotas de golf en Hawaii. Son presidiarios y pueden cambiar la cara del mercado de trabajo de Estados Unidos.
El trabajo de los presos, tanto en cárceles estatales o en las cada vez más frecuentes administradas por empresas privados, se convirtió en un gran negocio a pesar de que la convención 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no ratificada por Washington, lo prohibe.
Hace años, sus tareas se limitaban a fabricar las placas de patente de los automóviles y algunas pocas artesanías. Hoy, producen bienes por 1.810 millones de dólares al año en 30 de los 50 estados del país.
La fuerza de trabajo carcelaria de Estados Unidos creció 358 por ciento entre 1980 y 1994, mientras la población de las prisiones aumentó 221 por ciento en el mismo período hasta llegar a 1,6 millones de personas, la mitad de ellos negros, según un estudio de la Asociación de Industrias Correccionales.
Muchos puestos de trabajo de bajo salario se trasladan hacia las cárceles porque los que están afuera no desean aceptarlos, y los presos no tienen alternativa, según expertos.
"Son, en todos los sentidos, una fuerza de trabajo cautiva", dijo Jenni Gainsborough, directora de políticas públicas del Proyecto de Prisiones Nacionales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Muchos de los presos ni siquiera reciben como paga el salario mínimo legal (4,25 dólares por hora), mientras otros apenas reciben esa suma, advirtió Gainsborough. Pero, aunque se les pague poco, los programas de trabajo son populares entre los reclusos.
"Muchos prisioneros los siguen porque el día pasa más rápido, ganan dinero y reciben adiestramiento laboral", dijo Robert Gangi, director de la Asociación Correccional de Nueva York, grupo dedicado al control de las prisiones de ese estado.
Gangi y Gainsborough coincidieron en señalar los bajos salarios y las malas condiciones sanitarias como los mayores problemas del trabajo carcelario, si bien manifestaron que se trata de una herramienta útil para los presos con miras a su salida en libertad.
De todos modos, "algunos presos consideran que esto es una estafa", dijo Gangi.
En las cárceles se efectúan menos inspecciones sanitarias y de seguridad que en las empresas, según el experto. Y, además, las reglamentaciones al respecto corren riesgo de rebajarse con las iniciativas en tal sentido a consideración del Congreso de mayoría republicana, alertó Gainsborough.
Incluso si todo sigue funcionando como hasta ahora, los presos reciben apenas una pequeña parte del dinero que ganan tanto en las cárceles públicas como en las administradas por empresas como Corrections Corporation of America (CCA) y Wackenhut.
Las cárceles de muchos estados retienen la mayor parte del salario (que en algunas, como las de Colorado, se reducen a dos dólares por hora) tanto para reducir los costos de "casa y comida" y pagar indemnizaciones a las víctimas de los crímenes.
El periodista Reese Erlich informó en la revista Covert Action que estos costos ascienden a 80 por ciento de los magros salarios de los reclusos. En contraste, su trabajo es considerablemente más barato que en el mundo exterior.
La compañía Texas' Lockhart Technologies despidió a unos 150 empleados que manufacturaban circuitos integrados en su planta de Austin, Texas, en 1995, porque podía contratar ese mismo trabajo en cárceles administradas por Wackenhut por el salario mínimo.
"Los presos compiten con los trabajadores en el exterior y no pueden organizarse ni negociar colectivamente. Están en desventaja para obtener cualquier concesión de sus empleadores, que son, además, sus carceleros", dijo Pharis Harvey, director ejecutivo del Fondo Internacional por Derechos Laborales.
En consecuencia, el trabajo en las cárceles amenaza rebajar el poder de negociación (y, por lo tanto, empeorar los salarios y las condiciones de trabajo) de los trabajadores estadounidenses en general.
"Debemos prohibir el uso de prisioneros que participan en la producción de bienes que compiten con el trabajo libre" o el país correrá el riesgo de una caída general de los salarios, manifestó Harvey.
En caso que la producción en las cárceles deje de ser competitiva con el mercado de trabajo fuera de ellas, será necesario "mayor control de los salarios y retenciones de esos prisioneros", agregó.
¿Qué sucedería si empresas privadas como CCA y Wackenhut decidieran mantener a los presos en las cárceles para conservar sus altas ganancias?, se preguntó Gainsborough.
"A través de la manipulación del 'negocio' de los arrestos, tendrán un incentivo financiero para arrestar a más gente" y se registrarán más detenciones que antes, pronosticó la experta.
Para que una cárcel privatizada dé réditos, 90 por ciento de sus instalaciones deben estar ocupadas.
El Departamento Estatal de Correccionales de Nuevo México detectó que las cárceles administradas por CCA imponían "sanciones más duras, entre ellas pérdida de tiempo libre", que las estatales, reveló la revista CounterPunch.
"Siempre hay espacio para la malicia. Todos los programas de trabajo carcelario son voluntarios, pero no debe descartarse la posibilidad de coerción", dijo Harvey.
La calidad de vida es generalmente mejor en las prisiones administradas por empresas privadas que en las estatales. La mayoría son de mínima seguridad, donde los presos están cerca del fin de sus condenas y se inclinan más a cooperar.
"Las empresas se están esforzando por hacer las cosas bien, realmente. Creo que pretenden mostrarlas como vidrieras" para promover su futura expansión, desconfió Gainsborough.
La población carcelaria que reside en centros administrados por compañías privadas constituyen "un pequeño pero creciente porcentaje", cinco por ciento del total, unos, 62.000 presos.
Pero sus reputaciones y sus acciones están en alza. La revista especializada Forbes ubicó a Wackenhut dentro de las 200 mejores pequeñas empresas de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra- en/fah/yjc/mj/hd/97
