El gobierno de Colombia ordenó hoy el acuertelamiento de las Fuerzas Armadas y aplazó el comienzo de las clases en los colegios y universidades, como medidas para enfrentar el paro decretado por los trabajadores estatales para este martes.
El lanzamiento de la huelga, de carácter indefinido y probablemente la más importante de las últimas dos decadas, fue interpretado por algunos analistas como la oficialización del rompimiento de relaciones entre el gobierno y un importante sector sindical.
En la crisis desatada por la denunciada infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña electoral, el presidente Ernesto Samper recibió el apoyo de un sector de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al que pertenecía el actual ministro del Trabajo Orlando Obregón.
Pero la CUT, así como las otras dos centrales obreras del país y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), ratificaron el paro este domingo tras el rompimiento oficial del diálogo que venían sosteniendo con el Ejecutivo.
Pese a que Obregón afirmó que el gobierno mantiene su disposición de continuar las negociaciones, el portavoz de la presidencia Carlos del Castillo indicó que mantener el nivel de las conversaciones es difícil "porque son evidentes las profundas diferencias entre las partes".
El ministro de Educación, Jaime Niño, señaló que el aplazamiento del inicio de las clases hasta el lunes 17 fue decidido "para prevenir cualquier riesgo que puedan correr los escolares y los docentes en los establecimientos edutativos".
El gobierno dio a conocer "informes de inteligencia" según los cuales existe un plan de la guerrilla para infiltrar la protesta y que comprendería ataques al transporte público, el impulso de marchas campesinas en el sur y el bloqueo de las vías de acceso a Bogotá y a policía para proteger más de 20.000 establecimientos comerciales de posibles ataques.
No obstante, Luis Garzón, presidente de la CUT, afirmó que se espera que la protesta se cumpla dentro de la mayor normalidad.
EFuerzas Armadas adoptaron un Plan Tricolor para prevenir situaciones de alteración del orden público y controlar puntos críticos que son frecuentes blancos de los insurgentes, como la infraestructura de energía eléctrica y de transporte de hidrocarburos.
Así mismo, se anunció la entrada en vigencia de un seguro especial para los transportadores urbanos e intermunicipales con el fin de garantizar la prestación del servicio y refuerzos de la policía para proteger más de 20.000 establecimientos comerciales de posibles ataques.
No obstante, Luis Garzón, presidente de la CUT, afirmó que se espera que la protesta se cumpla dentro de la mayor normalidad.
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